Por: Hernán Cappiello
El juez federal Sebastián Casanello apuró a los peritos de la Corte Suprema para que le entreguen ya un peritaje contable sobre el patrimonio de Lázaro Báez, lo que le permitirá elevar el caso por lavado a juicio, al tiempo que criticó a la Oficina Anticorrupción (OA), a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera (UIF) -el organismo antilavado- por mostrarse en contra de la elevación del caso a la etapa oral.
Casanello envió ayer un oficio al decano del cuerpo de peritos contadores de la Corte, Héctor Chyrikins, para recordarle que ya venció el plazo de 30 días que le había impuesto el 17 de octubre para recibir el estudio. El juez le había encargado determinar la situación “patrimonial y financiera integral” de los denunciados y sus empresas y determinar su realidad económica.
El magistrado dispuso que los peritos de la Corte establezcan el patrimonio neto al inicio y cierre de cada año, el origen de los fondos, la clasificación de sus activos y pasivos, su disponibilidad de efectivo en pesos y en divisas, el origen de las capitalizaciones de las empresas y los aportes de los accionistas discriminados y detallados. Además, les pidió conocer el destino de los beneficios obtenidos, los movimientos de fondos y la determinación del patrimonio de los acusados, entre otras cuestiones.
Fue la Cámara Federal la que sugirió elevar el caso a la etapa de juicio. Para hacerlo, el tribunal consideró necesario contar con los avances del estudio pericial encargado a la Corte.
Casanello, en tanto, criticó en una resolución la postura adoptada por los querellantes -la OA, la AFIP y la UIF- por mostrarse contrarios a la elevación del caso a juicio oral.
El fiscal Guillermo Marijuan también se opuso a elevar el caso hasta tanto lleguen los exhortos de Suiza, donde se detectaron movimientos de cuentas de empresas radicadas en Panamá, y de Uruguay, donde los beneficiarios finales serían los hijos de Lázaro Báez.
En tanto, el abogado de Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez y, como su jefe, hoy detenido, quiere ir a juicio cuanto antes.
La OA había considerado prematuro elevar el caso a juicio y estimó que era necesario profundizar en el delito precedente y analizar integralmente la causa, hasta esperar los avances de la causa de la obra pública, en la que Cristina Kirchner fue indagada.
“Es cuando menos llamativa la postura de la Oficina Anticorrupción de sujetar la remisión a juicio de parte de la investigación a medidas que ni siquiera dependen de la actividad instructoria de ese proceso”, dijo el juez en su resolución.
Casanello recordó a la OA que se mostró interesada en la recuperación de activos, que junto con los procesamientos embargó e inmovilizó fondos de los acusados por varios cientos de millones de pesos y que “la distancia del juicio aleja la posibilidad de recuperar de modo definitivo” ese dinero. Consideraciones similares hizo el juez con respecto a la UIF y a la AFIP.
“Uno de los avances mas notorios en materia de persecución del blanqueo de capitales está dado por su tratamiento como delito autónomo”, recordó Casanello, por lo que dijo que “resulta equivocado” relacionar el avance de este caso con el delito precedente, ya que “los indicios que el tipo penal requiere fueron ampliamente comprobados”. Como el lavado es un delito autónomo, no hay razones para demorar su juzgamiento, mientras en forma paralela se analizan los hechos que generaron ese dinero negro, dijo.
Con respecto al dictamen de Marijuan, el magistrado entendió razonable, pertinente y útil esperar el resultado del amplio peritaje contable solicitado a la Corte Suprema, por lo que ayer lo apuró. (La Nación)
