Según publica La Nación En un plenario de comisiones en Diputados, el ministro de Economía, al igual que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, ratificaron que el país no cuenta con las divisas para afrontar los próximos vencimientos; Juntos por el Cambio reclama modificaciones.
Por: Laura Serra
El ministro de Economía, Martín Guzmán, realizó ayer una dramática advertencia frente a los diputados del oficialismo y de la oposición sobre las consecuencias negativas que acarrearía un eventual default si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional –que implica la refinanciación de la deuda por 44.500 millones de dólares contraída durante el gobierno de Mauricio Macri– no es aprobado por el Congreso.
“Hoy la Argentina enfrenta gran potencial desestabilizador, que es el problema de la deuda con el FMI y su secuencia de vencimientos. Nuestro país no cuenta con los recursos para afrontarlos, lo cual pone en clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en el cortísimo plazo, este mismo mes”, alertó el ministro. Y remató: “Si no se puede resolver el problema de balanza de pagos por los vencimientos con el FMI, nuestro país enfrentaría una situación significativamente más difícil en el frente cambiario, inflación, empleo, en la actividad y en el frente social”.
La advertencia pareció dirigida no solo a la oposición –que planteó fuertes reparos sobre la sostenibilidad del acuerdo sellado con el FMI–, sino sobre todo a los núcleos kirchneristas en ambas cámaras que todavía no anticiparon su apoyo. Hacia ellos apuntó, también, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien precedió la exposición de Guzmán.
“Una mirada crítica no es la razón para alentar el voto en contra en esta coyuntura. Nuestro objetivo es evitar, a través del dialogo y la construcción, un escenario de default generalizado en la Argentina”, aleccionó Manzur. Un dardo que pareció dirigido hacia el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, autor intelectual de los spots que su agrupación viralizó durante el pasado fin de semana para reprobar el acuerdo.
El ministro Guzmán enfatizó que el entendimiento alcanzado con el FMI constituye “la única alternativa” para hacer frente a los vencimientos que el país tiene por delante: 19.000 millones de dólares este año y otros 20.000 millones en 2023. Reiteró que el programa de refinanciación acordado es por 44.500 millones de dólares, el mismo monto del crédito suscripto en 2018 durante la administración de Mauricio Macri. “No se está agregando un solo dólar de deuda más al que se tomó en el stand by”, indicó.
La exposición del ministro Guzmán marcó el puntapié inicial del maratónico debate que arrancó esta tarde el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara de Diputados y que culminaría este viernes en el recinto, para luego dar paso al Senado. Los tiempos del oficialismo apremian: el 22 de este mes el país debe afrontar un vencimiento de 2800 millones de dólares. El FMI concederá el desembolso para su refinanciamiento una vez que el Congreso apruebe el acuerdo; solo entonces el directorio del organismo internacional daría su aval.
Pese a la resistencia del kirchnerismo, la cúpula oficialista se muestra optimista y asegura que, finalmente, reunirá los votos suficientes para aprobar el acuerdo. Ésa no es su principal preocupación, sino más bien cómo será el resultado de la votación en el recinto. La obsesión del oficialismo es dotar al acuerdo del mayor respaldo de votos positivos posible; si, por el contrario, la oposición se inclina mayormente por la abstención –postura que prima en buena parte de los bloques–, la iniciativa nacería débil a los ojos del FMI.
Consciente de ello, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, convocaron para mañana a los jefes de los bloques de la oposición con el propósito de acercar posiciones sobre la redacción final del texto. El interbloque de Juntos por el Cambio ratificó que, de no haber modificaciones en el articulado, impulsará un dictamen propio, lo que pondría en serios aprietos al oficialismo para conseguir mayoría.
Frente al ministro Guzmán, los diputados opositores insistieron con su planteo: enfatizaron que no le corresponde al Congreso votar el programa económico que conlleva el acuerdo ni las metas fiscales allí comprometidas.
“Es inaceptable que el Congreso deba aprobar o rechazar los programas económicos que elaboró otro poder, en este caso del Poder Ejecutivo. En este caso, el Congreso tiene como misión tratar normas sobre el endeudamiento público. Pero no estamos acá para refrendar lo que usted negoció con el FMI ni con las políticas económicas pactadas. No estamos de acuerdo con eso ni nos compete”, enfatizó Luciano Laspina, de Pro.
Guzmán descartó el planteo. “No existe en el menú (de los acuerdos con el FMI) solo los desembolsos y nos vemos dentro de algunos años. No funciona así –enfatizó–. El programa incluye un conjunto de compromisos cuya implementación es la base para que ocurran los desembolsos; la responsabilidad de la aplicación y ejecución de las políticas económicas efectivamente es responsabilidad del PEN. Pero lo que se busca es que la Argentina actúe como un Estado-Nación: que no ocurra más que viene un gobierno que llega a una negociación, que tiene consecuencias para generaciones futuras, y que los representantes no tengan la posibilidad de considerar lo que el gobierno acuerda con el FMI. Esto es parte de un proceso de fortalecimiento de la república”, enfatizó.
Las críticas opositoras no solo fueron de forma; también apuntaron al corazón del acuerdo, esto es, a las políticas que instrumentará el Gobierno para cumplir con las metas pactadas. Advirtieron que la deuda en pesos para financiar al Tesoro crecerá de manera exorbitante, que el revalúo fiscal de los inmuebles urbanos -que derivará en un aumento de tributo a los bienes personales- constituirá un “impuestazo”, al igual que el aumento de las tarifas energéticas para los sectores de la población mayor nivel adquisitivo.
Los opositores coinciden que el acuerdo con el FMI mantiene el actual statu quo en materia económica. “Eso no lo vamos a avalar”, advierten. (La Nación)
