12/05 – 09:30 – A partir de la sanción de la Ley 24.065, actual Marco Regulatorio del sistema eléctrico, en diciembre de 1991, en que se produce la desintegración vertical y la transformación del sistema eléctrico nacional (privatización), las provincias desconectadas del sistema, quedan libradas a sus propios esfuerzos y capacidades. Los sistemas de generación aislada son los que llevan la peor parte. Tierra del Fuego es escenario de un desastre anunciado.
El Sr Carlos Maida empleado de la empresa de energía de TDF (DPE) es el autor del siguiente informe sobre la situación energética de la provincia de Tierra del Fuego que ronda un tema común: la desinversión en el área, las malas políticas en materia de energía y la desviación de los fondos destinados al mejoramiento de las redes. Todo se traduce en un sistema actual con deficiencias que en algunos lugares podría llegar al colapso.
Algunas provincias, con cierta habilidad e inteligencia por parte de su dirigencia, habían logrado obtener la solidaridad del resto -que integran el Sistema Interconectado Nacional- y obtuvieron el seis por mil del total de la facturación (por imperio de la Ley Nº23.681, aún vigente), destinado a realizar inversiones en los sectores eléctricos y reducir el nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios de electricidad, que sean servidos directamente por las empresas públicas. Estas provincias fueron originariamente Santa Cruz y Misiones, luego esta última fue interconectada y “desconectada” de la Ley.
Obviamente que si esto contribuye a agregar valor al producto patagónico, enviando electricidad al puerto -en vez de gas- bienvenido sea. Lo concreto es que hoy “tierra santa” recibe del resto de sus hermanas no menos de 90 millones de pesos por mes.
Con independencia de ello, hay que decir que la Nación aportó un importante cuota, al establecer el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, cuyo 60% subsidia en forma compensatoria el costo de la tarifa de los usuarios finales (Fondo subsidiario para compensación regionales de tarifas a Usuarios Finales – F.C.T.U.F.) y el 40% restante, en el Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior (F.D.E.I.), destinado a Obras Eléctricas, que permitió ir sobrellevando la crisis. El tiempo fue demostrando que esto no es suficiente.
A partir de la salida de la convertibilidad, en el año 2001, y de la estampida mundial del precio de los hidrocarburos, la empresa pública de energía (D.P.E.) y la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, sufren un profundo e irreversible proceso de desfinanciamiento, que se hace sentir en forma amortiguada en el resto del sistema eléctrico nacional, que posee mecanismos (subsidios cruzados) para su propia regulación y también para mantener la sustentabilidad del sistema.
Al decir del Ing. Julio Cesar Molina, defensor a ultranza del marco regulatorio actual, en su libro Servicio Eléctrico: “Como la regulación resulta en definitiva una limitación a la libertad del sujeto regulado, su ejercicio debe realizarse con prudencia, eficiencia, y con un claro conocimiento de la finalidad que se pretende lograr, del vicio que se quiere corregir, de la necesidad que se quiere atender, teniendo siempre presente que la misma debe ser solo la imprescindible, decreciente, subsidiaria y complementaria del mercado. La regulación promueve el mercado, lo reconstruye donde ello es posible, lo defiende, pero no lo sustituye…”.
El detalle significativo es que se olvidaron de Tierra del Fuego, que no integra el Sistema Interconectado Nacional ni recibe el seis por mil de Santa Cruz.
Este no ha sido el caso, muy por el contrario, ni se han corregido los vicios y tampoco se han atendido plenamente las necesidades del servicio, teniendo en cuenta su doble condición de aislamiento: sistema de generación aislada y geográficamente una isla, cuya conexión terrestre con el continente es pasando por el territorio de la hermana República de Chile.
En definitiva, los australes territorios de nuestra Argentina, han quedado colgados de la brocha de un país cada vez más centralista, gobernado por una burocracia que nació en el interior pero quedó “deslumbrada por las luces del centro”.
Para sostener las tarifas sociales, todo el sistema nacional está siendo fuertemente subsidiado por el Estado, a través del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), como pasa en casi todos los servicios públicos y que el Estado jamás debió abandonar. Estos subsidios, en la realidad, son cuantiosas transferencias de dinero al sector privado, que demuestra una voracidad desmedida e insaciable.
Está demostrado estadísticamente que las ciudades y pueblos de la Provincia de Tierra del Fuego son las de mayor crecimiento demográfico en la Argentina y las de mayor retraso en obras de Infraestructura. Cualquier planificación queda desbordada por la acelerada realidad.
Por otra parte, este crecimiento desmesurado y la reactivación de la industria -acertadamente impulsada por el Gobierno Nacional- sufre además las injustas penalizaciones establecidas en la Resolución Nº415/2004 de la Secretaría de Energía, en la implementación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (P.U.R.E.E.), con el cual se castiga el aumento del consumo de gas, sumando otro factor distorsionante en el proceso de generación eléctrica aislado, donde el principal combustible es el Gas. Lamentablemente esta resolución no logró captar la realidad particular de la Isla, la que debió estar explícitamente exceptuada. Desde el año 2004 a la fecha, el sistema eléctrico provincial ha sido injustamente penalizado en más de dos millones de pesos.
¡La Nación genera aumento de la demanda eléctrica y luego nos penaliza!
Siendo una provincia productora de petróleo y gas, su industria eléctrica debe pagar estos combustibles como “grandes consumidores”, sin tener en cuenta el destino de los mismos. Durante el invierno, es necesario muchas veces, por limitaciones en la infraestructura de distribución, consumir combustible líquido que aumenta los costos considerablemente, sin poder trasladarlos a las tarifas.
El litro de Gasoil le cuesta a las generadoras locales un poco más de un dólar, mientras que en el surtidor no llega a costar la mitad de ese valor. Para colmo de males, la Nación no se hace cargo de este desfasaje, como ocurre en el resto del país, ya que Tierra del Fuego no pertenece al MEM.
En esto, la Provincia, carga con su cuota de responsabilidad. Hay que decirlo claramente. La desidia o la impericia de algunos funcionarios provinciales –a lo largo de toda nuestra historia política y democrática- hizo que no se pudieran recuperar los subsidios destinados a cubrir los costos de generación al utilizar combustibles líquidos.
La necesidad de tener generadores duales la destacó el mismo Ministro Julio De Vido, el Lunes 10 de Marzo del cte., a instancias del lanzamiento del Plan de Energía Total, así como la necesidad de “destrabar la prohibición de exportaciones de gas desde Tierra del Fuego, en una verdadera reparación histórica hacia esta provincia, para percibir regalías y así contribuir a sanear las finanzas provinciales”. La provincia viene perdiendo el cobro de regalías por exportaciones, ya que la mayoría de gas producido va cubrir la necesidad en aumento del mercado interno.
En la actualidad, la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, está debiendo -a Marzo/2008- Diez y Seis millones de pesos en concepto del pago de este combustible a la firma Apache, mientras que la Dirección Provincial de Energía, está en deuda con el mantenimiento del parque generador –por una suma equivalente- y con un techo limitante en su capacidad de generación, debiendo incluir a la mayor brevedad un nuevo equipo.
En definitiva, estamos hablando de un déficit histórico de unos Treinta y Cinco Millones de Pesos, casi nada si se tiene en cuenta el valor total del sistema eléctrico nacional y lo que recibe mensualmente Santa Cruz, a través del aporte solidario del resto de las provincias.
Si bien la Nación aportó durante 2007 un nuevo equipo generador a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, lo que le permite generar con cierta holgura en el próximo quinquenio, hay que decir que esto fue producto de “cancelar políticamente” una vieja deuda generada a la salida de la convertibilidad en el 2001, ya que la cooperativa había logrado un fallo judicial ejemplar, que obligaba a Nación a reparar los costos de la pesificación asimétrica.
La Secretaría de Energía no ha comenzado a accionar respecto de la problemática presentada por la Provincia, a pesar que la Presidente de la Nación ha planteado -con acierto- que esto es una cuestión de Estado y que va más allá de las banderías políticas.
Efectivamente, Cristina Fernandez de Kitchner expreso, el mismo 10 de Marzo, que “no es causal la presencia de la Gobernadora de Tierra del Fuego en este acto de lanzamiento del Plan de Energía Total. Podemos tener funciones institucionales en distintos ámbitos y distintos colores políticos, pero Tierra del Fuego merece ser apoyada –como dijo De Vido- en el aspecto de los Hidrocarburos”, señalando a Fabiana Ríos, que compartía la mesa junto al Ministro y otros Gobernadores. Hasta ahora puras promesas incumplidas, ya que nada se ha revertido.
Los servicios públicos no se degradan en forma instantánea, pero cuando lo hacen es muy difícil recuperarlos a su expresión óptima. Muy por el contrario, la reconstrucción llevará años , puesto que implica un esfuerzo superlativo, que deberá pagar toda la sociedad.
De esta situación da cuenta el Decreto Provincial Nº 280/08, suscripto por la Gobernadora Ríos, declarando la emergencia energética en el ámbito de Ushuaia, como una medida correcta y extrema de preservación del sistema eléctrico y a los efectos intentar subsanar los graves problemas del parque generador.
La Nación toda le debe particular atención al Sistema Eléctrico de la Provincia de Tierra del Fuego por su ubicación estratégica y al menos una mínima reparación histórica que le permita mitigar el desfinanciamiento y construir un sistema eléctrico sostenible, con parámetros de calidad en el servicio, con protección para los usuarios y tarifas justas. Sobre todo, teniendo en cuenta que en su conjunto representa menos del 0.5% del mercado eléctrico nacional.
Tierra del Fuego está condenada a peregrinar por los despachos oficiales, cada año, en busca de limosnas o a cambio de “favores políticos”. La ilusión de ingresar “virtualmente” al MEM ha quedado sepultada en el pasado, ya que hoy ni siquiera esta iniciativa tiene el auspicio del Ing. Daniel Cameron.
Así están planteadas las cosas y no hay visos de que esto cambie o se modifique. La genuflexa clase política autóctona ha ocultado los beneficios hábilmente obtenidos por nuestros vecinos ya que “es tierra santa, la provincia de la Presidente… mejor no nos metamos con ella…”.
Una vez más resuenan con fuerza las palabras de José Rigane (Sec. Gral. Luz y Fuerza Mar del Plata) en el sentido que mientras la energía siga siendo considerada una mercancía, no puede haber planes de eficiencia serios y ciertos. “Nunca va a haber eficiencia hasta que la energía no se vuelva a definir como un bien social”.
Cada minuto que pasa en esta provincia austral, son sesenta segundos de vergüenza para la Nación, que nos ha sometido a su absoluto abandono, por lo menos en materia eléctrica.
Esta es la consecuencia más inmediata de las privatizaciones de la década menemista. Estos problemas se multiplican a lo largo y a lo ancho del país. (Agencia OPI Santa Cruz)
