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Río Gallegos

Las empresas piden terrenos fiscales y se olvidan de la inversión de riesgo


11/06 – 09:30 – En Río Gallegos y en Santa Cruz hay una costumbre muy arraigada en las empresas y empresarios de la provincia: solicitar tierras fiscales a precios bajísimos o bien con 20 o 30 años de gracia para empezar a pagar, lo que constituye virtualmente un regalo que le hace el gobierno de terrenos que con el tiempo suelen terminar en loteos, ventas y cambiando radicalmente los fines previstos en la solicitud inicial, pero con un valor ciento de veces superior a lo que fue adquirido

OPI tuvo acceso a un pedido que cursó la firma constructora Rodalsa S.A que en sendas notas, una fechada el 7 de julio de 2007 al Ministro de Gobierno Dr Pablo González y otra el 5 de noviembre del mismo año enviada al Secretario de Estado de la Producción Roberto Beroiz, le piden que les ceda un predio de aproximadamente 1.600 m2 “dentro del ejido urbano” para construir galpones, talleres de maquinarias y oficinas de la empresa.

Lo llamativo de esto no es que lo pida solamente, porque podría estar contemplado en la política de promoción de la industria, algún grado de facilidad para la instalación de empresas en, por ejemplo, una zona industrial determinada de la ciudad; lo sugestivo es que en la nota cursada a Beroiz, Rodalsa enumera una serie de inversiones que hará, en el hipotético caso que le ceda un terreno de las dimensiones especificadas, pero pide 25 años en comodato de la tierra, para comenzar a pagarla (obviamente que a valor fiscal).

Para argumentar este considerable plazo de gracia que le piden al gobierno, la firma sostiene que va a construir galpones para el mantenimiento y reparación de equipos y oficinas, lo que le insumirá una importante inversión. No está claro qué tiene que ver el Estado en esto, ya que se trata de la aplicación de valor agregado a la actividad de Rodalsa que la propia empresa busca maximizar a través de una estrategia de inversión.

Si bien es cierto que la empresa habla de “comprar” la tierra (no la pide sin costo), el hecho de no pagarla en un plazo prudente y que se hable de 25 años para adelante, hace prever que con esas tierras puede suceder cualquier cosa en el futuro.

Y esta premisa está avalada por hechos concretos de empresas y empresarios que han adquirido grandes extensiones de tierras a muy bajos precios hace menos de 10 años, con la promesa de un emprendimiento y terminaron loteando, sin materializar nunca el objeto de la solicitud y con un valor ciento de veces superior al abonado en su oportunidad.

Dos ejemplos claros ampliamente informados por OPI son, el Barrio San Benito donde se iba a realizar un emprendimiento productivo y terminó en un parcelamiento que está sujeto a expropiación y otro gran predio en cercanías del autódromo adquirido por Lázaro Báez durante la Intendencia de Villafañe, con la promesa de construir un complejo recreativo que nunca se realizó y hoy esas tierras valen millones de pesos.

Hay otros ejemplos en la capital y la provincia donde el Estado a cedido tierras a precios viles, especialmente a amigos y favorecedores; luego, con el pasar de los años y las distintas administraciones tanto municipales como provinciales, se termina desvaneciendo el objetivo inicial y pasa a ser un inmejorable negocio de unos pocos facilitado por Intendentes, Concejales, funcionarios y hasta gobernadores cuya responsabilidad queda diluida en el tiempo y los terrenos irremediablemente perdidos y fuera del interés público.

Si bien en el caso que exponemos hoy no nos consta que esto vaya a suceder, llama la atención la forma de “invertir” que tienen algunos empresarios de la provincia. Porque sería muy fácil para cualquier emprendedor que desee iniciarse o se haya iniciado recientemente en una actividad comercial y necesite un buen espacio, pedirle al gobierno que le ceda en comodato un predio que va a empezar a pagar dentro de 25 años cuando, incluso, nadie sabe si esa empresa va a existir como tal.

La pregunta es ¿Dónde está el capital de riesgo? ¿Dónde están las inversiones genuinas?. Porque no es convincente el argumento utilizado, en este caso por Rodalsa quien expresa tener 7 o 10 años de actividad comercial (según se lea una u otra nota las cuales fueron confeccionadas con diferencia de 4 meses) y necesita 25 años para recuperarse. Habría que preguntarse en virtud de qué el Estado debe acceder a darle esa franquicia?. Obviamente en sus argumentaciones la firma aclara que además del tiempo que hace que cumple tareas en Río Gallegos emplea a 200 personas.

Uno debe entonces ser objetivo en este punto y pensar que hay muchísimas empresas en todo el país que tienen altos costos y emplean inclusive a muchas más gente y sin embargo para capitalizarse, realizan el esfuerzo económico que corresponde y adquieren los terrenos como corresponde y no pidiendo plazos inimaginables.

La situación de Rodalsa no es aislada, sabemos que son muchas las empresas que han adquirido enormes terrenos por esta vía y hay claros ejemplos de lugares que fueron rápidamente cercados con paredón y al cabo de unos años el predio apareció loteado a valores importantes, ya que para ese entonces por esos lugares se construyó la autovía, los caminos derivadores, se abrieron calles y se asfaltaron los alrededores elevando varias veces más el precio de origen de la tierra. (Agencia OPI Santa Cruz)

Santa Cruz

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