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Un grupo de padres presentaron acción de Amparos contra el Colegio Nº 7 de Río Gallegos

El frente de la EGB Nº 7
17/06 – 10:15 – Un hecho inédito en la educación de Santa Cruz acaba de ocurrir. Un grupo de padres interpusieron una acción de amparo contra el Colegio Nº 7 por la decisión del Rectorado de suspender por 20 días a chicos que participaron de una pelea. Acusan a la dirigencia del colegio, a preceptores y profesores de excluir a los chicos y no integrarlos, además de mentir para encubrir irregularidades en las actuaciones y deficiencias en el manejo de la cuestión psicopedagógica y administrativa.

De acuerdo a dos testimonios a los que ha tenido acceso OPI, padres de alumnos del Colegio Nº 7 de Río Gallegos, se manifestaron disconformes con las autoridades del establecimiento, luego que estos tomaron una acción punitiva desproporcionada, a su criterio, sobre un grupo de chicos que mantuvo una pelea a la salida del colegio.

En este sentido cuestionaron al Gabinete Psicopedagógico de la escuela dado que sostienen no conocer el beneficio o el servicio que deben prestar a los alumnos, dado que en esta coyuntura, alegan que los profesionales no se dieron por enterado de lo que sucedió o si lo hicieron no actuaron en consecuencia.

Sostuvieron los padres, que los alumnos involucrados en la pelea que desató el problema escolar han acudido a este gabinete para asistir a charlas de reflexión sobre la violencia y el reconocimiento explícito de las faltas en las que habían incurrido días antes, pero los padres sostienen que estas sesiones se transformaron en un ámbito de imputaciones cruzadas donde se sembró mucho más rencor y odio lo cual en vez de actuar como moderador y mecanismo de descompresión de la crisis, insufló más desconfianza y división entre los alumnos que allí asistieron.

¿Y cómo llegamos a esto?

El día 22 de mayo de este año al terminar el segundo recreo en el Colegio Nº 7 se precipitó un hecho de violencia escolar donde intervinieron alumnos de los distintos 1º años que tienen sus aulas en el 2º piso. Los bandos en pugna, en total aproximadamente 40 alumnos, intercambiaron golpes, patadas, empujones e insultos con un grado de agresividad inusual, pero que se enmarca dentro de este nuevo fenómeno de violencia que se vive en las escuelas, más precisamente en el Julio Ladvocat, un colegio que se ha caracterizado por situaciones de este tipo.

En la oportunidad los padres concurrieron al establecimiento alertados por sus propios hijos desde sus teléfonos celulares. Algunos de los alumnos permanecían en los salones, otros visiblemente golpeados esperaban curaciones y otros ya habían sido derivados al Hospital Regional para realizar las atenciones en los casos más delicados.

Debido a esta trifulca y al análisis de las medidas que estaban preparando las autoridades del colegio, se decidió que el día 23 no hubiera clase para todos los 1º años, solo asistieron 2º y 3º año de la escuela. Sin embargo los padres sostienen que muchos de ellos requirieron a la rectoría los motivos por los cuales sus hijos no tendrían clases aquel día y le dijeron que el lunes 26 habría una reunión de padres donde se les informaría los motivos.

Medida disciplinaria

El 26 no fueron convocados los padres, situación que se llevó a cabo recién el 28. En ese término los denunciantes afirman que el personal del Gabinete Psicopedagógico comenzó a entrevistar a cada unos de los chicos que ellos mismos habían determinado como partícipes, sin que tomaran en cuenta los descargos efectuado por escrito. Los padres acusan a los integrantes de ese gabinete de imputarle sobrenombres, descalificarlos permanentemente en cada afirmación que hacían los alumnos y básicamente decirles una y otra vez que mentían en todos sus argumentos.

El día 28 convocaron a los padres, pero en realidad fue para leerles la sanción que ya la Rectora había decidido aplicar a los alumnos la cual señala en su texto: “Suspensión durante 20 días hábiles a partir del 29 del corriente por su proceder violento dentro del Establecimiento para con sus pares, atento a lo establecido en el Decreto 965/61 Reglamento General. Se aclara que al finalizar el tiempo de la sanción deberá presentar de cada uno de los espacios, la carpeta completa, la totalidad de los trabajos solicitados hasta ese día y rendir las evaluaciones que hayan sido tomadas durante ese lapso de tiempo. La sanción no lo exime de su cumplimiento curricular, en cada Espacio Curricular las ausencias serán computadas como tal (Acuerdo 365/02).”

Este hecho consumado por parte de las autoridades del colegio, sin la debida información previa a los padres, llevó a algunos de éstos a presentar el amparo, sin embargo la cuestión va mucho más allá y de acuerdo a las manifestaciones de los denunciantes entre el viernes 24 y el lunes 26 la Rectoría habría convocado a docentes, preceptores, no docentes, Cuerpo Directivo y gabinete de Psicopedagogía para votar las sanciones a aplicar, en virtud de los testimonios efectuados por los preceptores de cada curso y docentes de 1º año que asintieron a la revuelta. En este punto creen los padres que el procedimiento es incorrecto e improcedente porque se coartó el derecho a la defensa ya que por un lado en ningún momento se creyó en la versión de los chicos y se evitó la participación de los padres, como si éstos no formaran parte de la comunidad educativa, sostuvieron.

Irregularidades

Otra irregularidad que apuntaron es que el sumario se inició extemporáneamente ya que el día 22 se debió realizar la toma de declaraciones de preceptores, directivos, docentes y no docentes como asimismo de los padres, porque sostienen que hacerlo posteriormente permite a los directivos armar estrategias y convencer a sus subordinados a alinear el mensaje para evitar cualquier tipo de responsabilidad no deseada

Los padres que se han manifestado en nuestra redacción consideran las medidas aplicadas por el colegio como inconstitucional, irracional y desmesurada, entendiendo que está por fuera de los cánones de formación que debe brindar la educación pública a la vez que culpan a la dirigencia de la escuela de desconocer lo fundamental de todo proyecto institucional, que es base en la creación de un establecimiento de este tipo como la integración de los alumnos y no esta virtual expulsión de los chicos que es un acto eminentemente discriminatorio reñido con la nueva pedagogía.

También cuestionaron la falta de un Código de Conviviencia y el autismo de las autoridades de Educación de la provincia que a criterio de los padres está totalmente ausente de esta problemática en los establecimientos, al punto que permite que una rectora tal vez mal asesorada adopte una decisión tan vital como la de aplicar una sanción grave como la suspensión de un chico que así lo demuestra este caso, fue fundada en el Decreto Nº 965 del año 1961, firmado hace 47 años por un Gobernador Interino y el entonces Ministro de Asuntos Sociales.

Por el motivo que reseñamos en esta nota es que hay al menos dos amparaos presentados en el Juzgado de la Familia de Río Gallegos debido a la medida punitiva sobre los alumnos llevada a cabo por las autoridades del Colegio Nº 7. Los padres cuestionan al sistema educativo de la provincia sosteniendo que “está enfermo” toda vez que excluye en vez de incluir y no cumple con sus objetivos fundamentales en los cuales se basa la educación moderna.

Remarcaron que el accionar de las autoridades en este sentido ha dejado grandes marcas que se verán reflejadas en los comportamientos de unos y otros (alumnos y docentes) en los meses por venir, dado que a su criterio estos hechos mal curados dejan profundas secuelas psicológicas y daño moral en los chicos y padres y además aluden a que se producirán inevitables persecuciones indirectas al personas que votó en contra de la aplicación de estas suspensiones, perjudicando por igual a todos los actores y resaltan que esta responsabilidad compartida es tanto de las autoridades del colegio como de las que manejan la Educación en Santa Cruz que no advierten los tiempos que corre, (Agencia OPI Santa Cruz)

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