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Uno tira la idea, la corporación la apoya, el gobierno la avala, Diputados hace el proyecto y De Vido manda la plata


28/11 – 12:00 – Así funcionan más o menos las “grandes obras” en el país copiando el “modelo Santa Cruz”. Sin embargo detrás de los anuncios y los valores descomunales de los costos que se informan a la opinión pública por cada uno de los mega-proyectos, subyace el gran negocio: los estudios previos, los análisis de impacto ambiental y toda la prefactibilidad que precede a la obra en sí, que en muchos casos nunca se concreta. El último ejemplo de lo que se viene lo dieron ayer en la Cámara de diputados de Santa Cruz, para variar.

Mientras todo el país se rasga las vestiduras por la idea del tren bala y el gobierno alienta su construcción y pone en marcha un plan de prefactibilidad, los especialistas y políticos atacan la idea a la que consideran suntuaria y exponen múltiples prioridades que necesitan de esos más de 5 mil millones de pesos de los cuales se habla con una liviandad que asusta.

Finalmente el proyecto se “enfrió” o se cayó, pero nadie (o muy pocos) saben cuánto dinero demandó hasta el momento subirse al tren fantasma con el que soñó Menem y De la Rúa o al menos lo usaron como caballito de batalla para embolsar varios millones, crear comisiones inútiles, favorecer a estudios y consultoras de amigos y echar a rodar una bola que de antemano, todos, supieron que no tenía destino.

Otras obras como grandes tendidos de redes (acueductos, gasoductos), el interconectado o más acá las represas Cóndor Cliff y la propia Megausina de Río Turbio, no han levantado menos polvareda en la opinión pública y la opinión especializada que atacaron los proyectos, tanto por su sobrevaluación como por cuestiones técnicas y ambientales.

El gobierno es conciente que muchos de estos emprendimientos nunca llegarán a concretarse, de hecho las represas y la mega usina vienen anunciándose desde hace años. Además, de concretarse, tal vez al promediar las obras algunos de los gobiernos, sea provincial o nacional, no estén más en el poder; ¿Y dónde está lo importante, entonces?.

El negocio está en lo inmediato, que son los estudios de prefactibilidad, de impacto ambiental y de desarrollo, en los cuales se suelen invertir entre un 6 a un 10% del valor de cada obra y que son fondos que se asignan inmediatamente para determinar si es factible o no el proyecto. Pocos o nadie repara en estos montos que suelen superar los 300 millones de pesos, los cuales son de “disposición inmediata” una vez que la idea se echó a rodar, porque claro, hay que ser serios en esto de no hacer una obra que perjudique a la gente.

Si algún día la obra se concreta, lo vemos. Hoy la gran excusa para los retrasos y demoras en los proyectos es la falta de financiamiento externo, pero mientras tanto, los fondos para los estudios preliminares y el proyecto es plata fresca que sale del Ministerio de Planificación y descansa en cuentas de empresarios, universidades y cajas políticas, a buen resguardo y perfectamente disimulados en la estrategia de hacernos pensar en lo general para distraernos de lo particular; es decir, mantenernos en la discusión de los 5 o 6 mil millones a invertir en 4 años, mientras entre pocos se reparten 300 millones, ahora.

El último grito en materia de “creación” de estos proyectos, viene de la mano del diputado nacional José Manuel Córdoba que (obviamente por orden superior) intenta instalar desde hace unos días, la necesidad de construir una planta nuclear en Santa Cruz. Un consejo a los lectores: si esto prospera no miren el proyecto en sí, ni el costo de la obra; fíjense en los fondos que se asignen en las tareas previas donde intervienen consultoras, seguramente la “Fundación UNPA”, especialistas y mucha pero mucha plata proveniente de los fondos públicos.

El primer paso para la convalidación de este nuevo negocio lo dio ayer el diputado Francisco Anglesio en la Legislatura provincial cuando salió a defender la idea de Córdoba a pesar que existe una Ley provincial que prohíbe expresamente la instalación en territorio de Santa Cruz de generadores atómicos.

Anglesio dio un espaldarazo al proyecto de la usina Nuclear, al punto que justificó el desconocimiento de Córdoba de la ley provincial que prohíbe el uso de la energía nuclear en la provincia, sosteniendo que si se hace un estudio de factibilidad “y éste da negativo” (es decir contrario a la opinión de Córdoba), esto “reforzaría el concepto que expresa la ley provincial” (¿?).

[audio:http://www.opisantacruz.com.ar/home/wp-content/uploads/diputado-anglesio-sobre-central-nuclear1.mp3]

Cabe recordarle al legislador (paradójicamente) que una ley de este tipo tiene una argumentación sólida que la fundamenta al momento de promulgarse y su paso por Comisiones y análisis tanto en la Legislatura como en los debates previos, tanto públicos como políticos, han cerrado una idea que no necesita ser puesta a prueba ni convalidada por un diputado que con su proyecto la contraviene o la desconoce.

Veamos lo que dijo Anglesio, ayer en la sesión de la Legislatura apoyando el proyecto de Córdoba sobre la instalación de una central atómica en San Julián:

“Desde el punto de vista técnico creo que tenemos la oportunidad de contar con un estudio de factibilidad, que en el caso de resultar negativo no hará más que reforzar el concepto de nuestra Ley Provincial; esto es, la iniciativa del diputado Córdoba no afecta ni vulnera la ley. Por los fundamentos del diputado Córdoba debemos decir que tanto la tecnología como todos los conceptos en relación con las energías van evolucionando a lo largo del tiempo. Seguramente dentro de 50 años, cuando la reserva de combustibles fósiles disminuya, nos veremos en la posición de analizar la viabilidad de otro tipo de energía, en cuyo caso contando con un estudio de factibilidad del diputado, nos dará una herramienta más para tomar después una decisión”.

Tal vez cuando sepamos que el estudio resultó negativo, el Estado haya perdido algunos cientos de millones que muy pocos verán pasar, que rápidamente asignarán los diputados de hoy para estudios técnicos y pago a profesionales y que el Ministerio de Planificación decidirá expeditivamente abonar, en beneficio de todos los santacruceños. (Agencia OPI Santa Cruz)

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