Personas que brindaron declaración testimonial denuncian amenazas, indiferencia de la Jueza y tergiversación de sus dichos

20/11 – 17:15 – Al menos tres de las personas que fueron convocadas a realizar su declaración testimonial en el caso del incendio de la oficina de Planeamiento, denunciaron aprietes, persecución y amenazas por distintos medios, de parte de personas vinculadas al incidente y quema del edificio público. También acusan a la jueza Valeria López Lestón de no mediar en la emergencia y además, de que en su juzgado se han alterado los dichos de los declarantes ante el Secretario de la magistrada.

OPI mantuvo una larga entrevista con tres de las personas que fueron llamadas a dar testimonio sobre lo visto y ocurrido el día 18 de agosto en Río Gallegos, cuando en medio de una paritaria, trabajadores de ATE propiciaron el incendio y destrucción de las oficinas de Planeamiento, en calles Mariano Moreno y Fagnano. Estas tres personas son las mencionadas en nuestra nota del día 18 de noviembre, cuando hicimos público el testimonio de cada una de ellas, incluidas en la causa que sigue el Juzgado Nº 2 de la Dra Valeria López Lestón.

Rubén Antonio Duarte, Yenny Millapel Cárdenas y Ana María Espinosa, cuyas declaraciones incluimos en esa nota, nos señalaron la pesada carga que deben sufrir desde que se decidieron a dar testimonio de lo ocurrido.

Nosotros hemos formado parte de la lucha salarial llevada a cabo por parte de los trabajadores de la administración pública y prestamos declaración ante la justicia por los hechos suscitados en la paritaria que culminó con el incendio del Edificio de Planeamiento, señalaron los declarantes en la justicia.

“A partir de ello, de testimoniar parte de lo acontecido aquel día y luego de que nuestras declaraciones fueron expuestas como “un diario” en el gremio ATE – prosiguieron – hemos sido amenazados por llamados telefónicos de numero privado, en los que se nos indica que “retiremos nuestras declaraciones o nos van hacer mierda”, “por nuestra culpa están detenidos los chicos” y demás insultos, palabras agraviantes y amenazas de muerte que no superan los 40 segundos de las llamadas”, le precisaron a OPI.

“Asimismo – señaló Espìnosa – hemos sido difamados y amedrentados en distinto grado por medio de la red social Facebook, en mensajes personalizados y específicos para cada uno de nosotros indicando algunas palabras y frases textuales como: “…no sabe que tenemos familiares en la policía…”,“traicioneros, buchones, malparidos”, “… porque es muy feo estar guardado por cuatro HDRP”, o “…ella mando preso a los compañeros y ahora se hace la madre teresa de calcuta la muy reventada…” y una serie de improperios e insultos de todo calibre que nos transmitieron estas personas que fueron a declarar ante la jueza.

“Por estos hechos que nos atemorizan – prosiguieron – concurrimos a solicitar asesoramiento y “seguridad” ante la Jueza y su secretario que llevan la causa y ante los cuales prestamos declaración, obteniendo como respuesta que ante esta situación poco se puede hacer, ofreciéndonos una consigna policial en la puerta de nuestra vivienda como también derivándonos como opción a realizar la denuncia en el juzgado de turno y a conversar con el fiscal. Hechos que fueron efectuados en el Juzgado correspondiente, en donde se adjuntaron pruebas”, le indicaron a OPI

Las personas que dicen ser perseguidas y amenazas hicieron responsables de su seguridad, tanto al ex Secretario General de ATE, Raúl Gómez, como ala jueza, Dra Valeria López Lestón, por la seguridad propia y la de sus familias.

“Los hechos siguen ocurriendo y ante esto hacemos responsables exclusivamente a Raúl Gómez – dijeron – considerando, por textos recepcionados, que desde ATE se diagrama y se planifica este tipo de amenazas y también a la Justicia quien está en pleno conocimiento de los hechos que nos vienen ocurriendo”, advirtieron.

Más adelante agregaron “También indicamos que desde realizada nuestra declaración y al no habernos percatado de algunos errores de trascripción e interpretación de quien era la abogada escribiente, venimos solicitando hacer la salvedad de las mismas, lo cual nos ha sido negado, mencionando que hasta previo al juicio seremos convocados a rectificar o ratificar nuestro testimonio”, argumentaron.

El temor de esta gente, está fundamentada en que – según ellos – no se han tomado los recaudos para resguardar sus testimonios y de alguna manera al hacerse público, ahora todos creen que ellos han señalado y mandado a detener a un grupo de personas con las que hasta hace poco compartían el mismo grupo humano “Al día de hoy nos siguen indicando como los culpables de la aprehensión de los detenidos – señalaron – obviando que además de nuestras pobres declaraciones, existen pruebas irrefutables y tres cuerpos de declaraciones, como videos y fotografías que contribuyen esencialmente a la privación de la libertad de los compañeros trabajadores, contra lo cual nada podemos hacer al respecto”, explicaron.

Luego acusaron a la justicia de no tener la suficiente atención por parte del Juzgado y sentirse “usados”, solo para lograr un testimonio inculpatorio “Nos sentimos usados en nuestra buena voluntad de declarar, por quienes hoy llevan la causa, sentimos la desazón de haber sido traicionados al escribir cosas que no dijimos y hacernos firmar eso. Constantemente nos sentimos vulnerables, atemorizados y hasta perseguidos, nuestra vida ha dejado de ser nuestra y se ha convertido sinceramente en un martirio por haber querido colaborar con la justicia, una justicia que no nos protege, una justicia que hasta da a entender que investiga lo que quiere y le conviene, una justicia que hoy nos niega la posibilidad de rectificar o ratificar nuestros dichos ya que en el momento de presentar testimonio ni siquiera nos tomamos el trabajo de leer detalladamente antes de efectuar la firma, considerando que uno tiene en frente ni mas ni menos que representantes de la justicia y que poca duda tuvimos en ese momento de lo escrito que al leerlo detalladamente luego descubrimos que han incorporado cosas no dichas y han sacado de contexto otras”, expresaron tajantemente.

Los declarantes se encargaron de dejar bien en claro “repudiamos los hechos acontecidos ya que solo se perseguía un aumento salarial acorde a las exigencias diarias de manutención, pago de impuestos, alquileres y demás gastos que demandan sobrevivir y llevar adelante un hogar con dignidad y donde no podemos dejar de preguntarnos si en todo esto no existió violencia psicológica, con anterioridad ,de parte del gobierno, que es tan nociva o mas que los hechos acontecidos, teniendo en cuenta que el trabajador viene padeciendo cimbronazos de parte de distintos frentes (llámese lucha de poderes políticos, gremiales, con diputados que se pelotean las soluciones)”, más adelante agregaron “También por el autismo demostrado, el gobierno es culpable de los hechos acontecidos, ante la quietud de nuestro reclamo, incluso soportando represión, desgaste, manoseo, al ofrecernos en tres años de olvido apenas un 38% de recomposición salarial y $180 el día del incidente. Lamentamos la detención de nuestros compañeros, pero vemos a las claras que fueron usados para otros fines y rogamos que todo se solucione pero que también se llegue al fondo de la cuestión ya que todo indicaría que los ideólogos aun están en libertad”.

Finalmente y sobre lo que esperan para el futuro, más allá de reivindicar la necesidad de seguridad y contención que vienen pidiendo, Cárdenas, Duarte y Espinoza concluyeron “le pedimos a la justicia que sean objetivos y que no busquen justificar las detenciones en declaraciones que han sido totalmente mal interpretadas, y para ello pedimos ser oídos nuevamente a los fines de aclarar los testimonios apuntando siempre a la verdad”. (Agencia OPI Santa Cruz).

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Los testimonios en la causa son irrefutables y aparece Raúl Gómez teniendo conocimiento pleno de lo ocurrido