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04/11 – 15:45 – Como forma de presionar para que los efectivos que aún quedan en protesta, desmantelen totalmente la medida de fuerza, llegó esta mañana a Río Gallegos, el titular de la Fiscalía Nº 2 de San Isidro y de la Comisión de fiscales federales que creó la Procuraduría de la Nación, para investigar los alzamientos policiales. El profesional tendrá a su cargo impulsar la investigación por el pronunciamiento de la policía provincial y en ese sentido advirtió que el delito de sedición se penaliza con la cárcel. Fernando Domínguez advirtió “estoy convencido que cuando se pretende negociar con una pistola en el cinturón es sedición”, dijo el funcionario que se prepara para una ofensiva contra los efectivos sublevados.

Tanto el gobierno provincial como el nacional, intentan por todos los medios desactivar la medida de fuerza de los policías provinciales que lleva una semana de duración y podría llegar a inquietar a Fuerzas de otras provincias, en un efecto imitación que desde Nación quieren impedir.

En este sentido y tras las declaraciones del gobernador Peralta que denunció a los efectivos como desestabilizadores del gobierno y tras la denuncia efectuada por el Fiscal de Estado de la provincia, esta mañana llegó a Río Gallegos el Dr Fernando Domínguez de la Fiscalía Nº 2 de San Isidro y titular de la Comisión de fiscales federales que creó la Procuraduría de la Nación, con el propósito de ponerse al frente de la investigación de aquellos que incurrieron en la ilegalidad de no respetar los reglamentos.

El funcionario judicial que tiene experiencia en actuaciones en otras provincias por conflictos similares no dudó en calificarlo de la siguiente manera: “estoy convencido que cuando se pretende negociar con una pistola en el cinturón es sedición. Es un delito que merece pena de prisión y en ese sentido hay que avanzar”.

Luego, sobre la pena que puede caberle a quien sea considerado un “sedicioso”, señaló “como es un delito, la condena es la cárcel. Nosotros nos ocupamos de iniciar investigaciones con la idea de que la gente que comete delitos vaya presa, así que si hay personas que han cometido delitos, han incentivado a la violencia, han incumplido los deberes de funcionario público y han provocado que todo eso contribuya a una cuestión que trasciende los límites provinciales, nosotros vamos a promover el encarcelamiento”.

Pero el Fiscal fue más allá y dejó en el aire una inquietante amenaza al indicar “toda medida se va a tomar a partir de los datos con los que contamos en cuanto a hechos y personas que activan, incitan y, so pretexto de hacer un supuesto reclamo salarial, tienen otro tipo de interés”, dijo signifcativamente en el marco en que el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, salió a culpar a los medios de desestabilizar el sistema, culpándolos de ser los “incitadores” de que estos hechos sucedan.

Persiste la medida. La culpa es de los medios

Sin un vocero oficial que represente a los uniformados, la información se puede recolectar a través de confidencias personales, en tanto desde el gobierno, el Ejecutivo se encargó de largar una avanzada en contra de los policías en conflicto, asegurándoles que la única manera de reiniciar un diálogo es deponiendo la actitud. Desde el sector policial, sin embargo, no se respondió esta solicitud y por el contrario se negaron a aceptar una pausa en el conflicto, entendiendo que el gobierno pretende romper el paro, aún cuando está claro que no ha conseguido desactivar la protesta más arraigada en zona norte.

Ayer presentó su renuncia Mario Monsalvo, un asesor del denominado “Consejo del Salario”, entidad creada en el 2013 para hacer de puente entre la policía y el gobierno. Sin embargo, debido a un sector interno de los efectivos, que rechazan actitudes de Monsalvo, quien fue echado de la Fuerza por el propio Peralta y luego recibido como “asesor” del Consejo del Salario, la salida del ex policía podría contribuir a apaciguar los ánimos, pero un sector de la policía pretende forzar a las autoridades a hacerse cargo de las peticiones salariales que le plantean los cuadros policiales desde mucho antes de iniciarse el acuartelamiento y que siempre se había encontrado con la negativa del gobierno, quien alude que no hay fondos.

La pelea se ha trasladado a los medios de comunicación por cuanto el diario Tiempo Sur, publicó los audios de una conversación privada donde Monsalvo, en su casa, se despacha con amenazas hacia el tesorero de la institución y revela una vinculación estrecha con el gobernador, lo que tomó estado público y recibió de parte de FM News de Río Gallegos, un tratamiento especial y con buena cobertura periodística, lo cual le dio a Monsalvo la posibilidad de cargar contra estos dos medios (uno por difundirlo y a otros por reproducirlo) tratándolos de ser incentivadores del acuartelamiento y de alentar a los efectivos para que se plegaran al conflicto. Sin embargo, el ex policía olvida que este conflicto de inició en zona norte, más precisamente en Caleta Olivia, desde donde partió la iniciativa.

“El mantenimiento del orden público y la seguridad de todos los ciudadanos, se encuentra totalmente garantizado”, indica un comunicado de la Jefatura de Policía y agrega “En virtud de ello, el personal policial autoconvocados esta infringiendo con su accionar sus Deberes Esenciales: la sujeción al régimen policial como así también las obligaciones impuestas, configurando con ello faltas graves que dan lugar al inicio de la investigación administrativa”, describe el comunicado y agrega “Ningún personal afectado a la medida de fuerza, ha sido separado de sus destinos, siendo esta una información errónea en contra de las medidas administrativas que exigen que se reintegren a sus funciones normales y habituales”, concluye.

Afuera de la Jefatura de Policia, aún persisten las carpas de familiares y retirados y desde Caleta Olivia, se asegura que hasta tanto el gobierno no se decida sostener una audiencia con ellos, la medida de protesta se sostiene. (Agencia OPI Santa Cruz)