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El fiscal Delgado pidió investigar a Peña por el convenio con Anses

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Marcos Peña: “No tengo ningún interés de que Cristina ni nadie vaya preso”
30/08 – 09:40 – Quiere determinar si cometió algún delito al autorizar el uso oficial de datos de particulares

Por: Paz Rodríguez Niell
El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer que se investigue si funcionarios macristas cometieron un delito cuando autorizaron el uso de información de ciudadanos que tiene la Anses para difundir actos de gobierno.

De acuerdo con la denuncia que dio origen a esta causa, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, habría violado “el Decreto Anses 230/2007, que específicamente dispone que los datos son de carácter no público y por ende sensibles”, así como “la ley de protección de los datos personales 25.326 (ley de habeas data)”.

El juez de este nuevo expediente es Sebastián Casanello, que ayer analizaba las primeras medidas de prueba que le pidió el fiscal en su requerimiento de instrucción.

La medida cuestionada -relató ayer Delgado- es un “convenio marco para el traspaso de datos de Anses a la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, dado a conocer en el Boletín Oficial el 25 de julio pasado.

La semana pasada, otro fiscal federal, Guillermo Marijuan, había analizado una denuncia por lo mismo y había pedido la desestimación con el argumento de que no había delito.

¿Qué efecto tiene aquella desestimación en esta otra causa? En principio, ninguno, respondieron a LA NACION fuentes que trabajan en el expediente impulsado por Delgado. “La desestimación no causa estado” es la explicación técnica; es decir, no funciona como un cierre definitivo.

No se descarta, no obstante, que las defensas hagan algún planteo para hacer valer el peso la decisión dictada en el primer expediente.

En su presentación de ayer, de una hoja, el fiscal explicó que “la cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la Anses constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de gobierno” o si, en cambio, ese uso “contraviene las disposiciones de la ley 25.326”, que protegen la información personal disponible en bases de datos.

La denuncia que dio origen a esta causa fue promovida el 17 de agosto pasado por la abogada Valeria Laura Carreras. En paralelo, ella inició además una acción de amparo que tramita ante el juzgado contencioso administrativo cuya titular es María José Sarmiento.Ayer, Delgado le recomendó a Casanello que pidiera ese expediente para ver qué se había resuelto sobre el amparo de Carreras.

También le solicitó que le encomendara a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que depende del Ministerio de Justicia, un análisis sobre “la legalidad del convenio de traspaso de datos de Anses”. Y que lo mismo le pidiera a la Procuración del Tesoro (el cuerpo de abogados del Estado) y a “dos expertos más” que sean “independientes del Poder Ejecutivo”.

La otra denuncia, que Marijuan pidió cerrar, la habían presentado los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, y acusaba de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violación de secretos y de la privacidad” a Peña, al director y subdirector del Anses, Emilio Basavilbaso y Federico Braun, y al secretario de comunicación Pública, Jorge Grecco. (La Nación)

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