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Cristina fue llamada a indagatoria en una causa por corrupción

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La Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner: discurso en El Calafate - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
13/09 – 09:20 – Lo dispuso Ercolini a pedido de los fiscales Pollicita y Mahiques; la acusan de haber direccionado contratos de obra pública para beneficiar a Lázaro Báez; el juez también ordenó la inhibición de sus bienes

Por: Hernán Cappiello
Por primera vez desde que dejó el Gobierno, en diciembre pasado, la Justicia citó a declarar a Cristina Kirchner como sospechosa de corrupción. Lo hizo el juez federal Julián Ercolini, que la convocó para el 20 de octubre próximo, tres días después de la máxima celebración peronista.

Además, el juez dispuso la inhibición general de sus bienes, al igual que los de algunos de los funcionarios que durante el kirchnerismo integraron la plana mayor del Ministerio de Planificación Federal, entre ellos el ex ministro Julio De Vido, también citado a declarar.

El juez indagará a la ex presidenta por los delitos de fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con su función. Esta maniobra sistemática de vaciamiento de las arcas del Estado fue supuestamente consumada al direccionar los contratos de obra pública para beneficiar a Lázaro Báez, a quien sacó de su puesto de empleado bancario y lo convirtió en un gran empresario.

La citación a indagatoria de Cristina Kirchner es producto del pedido que hicieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que trabajaron sobre la denuncia que en 2008 presentó Elisa Carrió y le sumaron las denuncias posteriores del desmanejo en Vialidad Nacional que hizo el macrismo. Ésta es la causa que más complica a Cristina Kirchner en la Justicia.

Ercolini citó también a prestar declaración indagatoria al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex subsecretario Abel Fatala y al primo de Néstor Kirchner Carlos Santiago Kirchner, que estaba en un área de Vialidad y de él dependían los pagos. Y también, por supuesto, a Lázaro Báez. Dejó afuera a su hijo Martín, a pesar de que lo habían pedido los fiscales, al igual que a otros 16 acusados sobre los que decidió pedir más evidencias.

La lista de 17 indagados del 20 de octubre al 23 de noviembre se completa con Nelson Periotti, ex administrador de la Dirección Nacional de Vialidad; Graciela Elena Oporto, ex subsecretaria de Obras Públicas; Raúl Víctor Rodríguez, ex subsecretario de Obras Públicas; Hugo Manuel Rodríguez, ex subsecretario de Obras Públicas; Héctor René Jesús Garro, presidente de la Agencia General de Vialidad Provincial de 2003 a 2006; Raúl Gilberto Pavesi, presidente de la AGVP de Santa Cruz; José Raúl Santibáñez, ex presidente de la AGVP de Santa Cruz; Juan Carlos Villafañe, ex jefe del distrito 23 (Santa Cruz) y ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP); Ernesto Eduardo Morilla, ex jefe del distrito 23 y jefe de la División Obras del distrito 23; Raúl Osvaldo Daruich, ex jefe del distrito 23 de la DNV, 22 de noviembre; Mauricio Collareda, ex jefe de la División Obras del distrito 23y ex jefe del distrito 23.

El juez -que ya había inmovilizados los 4,6 millones de dólares de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner en el caso Hotesur, causa que avanza en forma paralela- inhibió los bienes de los indagados porque entendió que son verosímiles la acusación y los montos millonarios que surgen de la maniobra de corrupción, los que es necesario recuperar.

Obras millonarias

La maniobra por la que se indagará a la ex presidenta y a sus funcionarios es porque, entre 2003 y 2015, en razón de su cargos, posibilitaron la adjudicación de obras viales millonarias al holding de Báez. Se les endilga haber actuado con laxitud en los controles y favorecer al empresario con un sistema preferencial de pagos.

Todo esto en consonancia con lo que se investiga en el caso Hotesur, centrada en el posible pago de retornos a la entonces familia presidencial, recursos que provenían de los fondos públicos obtenidos de manera ilegal mediante las maniobras con las obras viales.

Para el juez, en coincidencia con el pedido de indagatoria que realizaron los fiscales, la maniobra ilícita va desde el momento en que los Kirchner favorecieron a Báez para que sea empresario de la construcción, exportaron de la provincia a la Nación a sus funcionarios del área de Vialidad Nacional y dejaron la obra pública provincial en manos de otros amigos. Favorecieron luego a Santa Cruz con la obra pública nacional, cuya gestión dejaron en manos locales y direccionaron hacia Báez la mayor cantidad de los contratos.

El juez y los fiscales destacaron las relaciones comerciales que unían a Báez con los Kirchner cuando se tomaron las decisiones que lo beneficiaron económicamente. (La Nación)

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