13/09 – 09:30 – Lo solicitó el fiscal Taiano por el caso de supuestos sobreprecios en el plan maternal Qunita
El fiscal federal Eduardo Taiano dictaminó ayer ante el juez Claudio Bonadio un pedido para que el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, vaya a juicio oral por haber cometido el delito de fraude por sobreprecios en la gestión del Plan Qunita. La solicitud también incluye al ex ministro de Salud, Daniel Gollán, al ex viceministro y camporista Nicolás Kreplak y a otros 15 funcionarios y proveedores del Estado.
El fiscal acusó a los ex funcionarios de “por defraudación a la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes”.
Según el escrito del fiscal, los imputados participaron en “la irregular adquisición o provisión, de acuerdo al rol desempañado, de los bienes que integraban el llamado kit Qunita (…) toda vez que se abonaron precios excesivos en detrimiento de la Administración Pública Nacional”.
Además, detalló que se “infringieron las previsiones de la Ley de Contrataciones de la Administración Pública (…) pudiéndose determinar que la misma se encontraba direccionada desde su principio para que resultara la adjudicación de las empresas” Compañía Narciso S.R.L., Grupo Diela S.R.L., Dromotech S.A., Fibromad S.A., Delta Obras y Proyectos S.A. y Fasano S.R.L.
Los 18 acusados tienen el procesamiento confirmado en la Cámara Federal porteña desde abril de este año. En la investigación se consideró probado que el armado del kit (que incluía cuna, sábanas, toallas, ropa de bebé, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, cremas y otros elementos para los recién nacidos) se otorgó a empresas sin experiencia en el rubro y con precios muy por encima de su valor de mercado.
En ese sentido, la fiscalía cree que durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner se pagó $ 3000 más por cada uno de los 150.000 kits anunciados en el programa estatal, que le habrían costado al Estado al menos $ 1100 millones.
En la causa, también estaba procesado el ex ministro de Salud y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, pero la Cámara Federal había revocado esa decisión por considerar que sólo había formado parte de la primera prate de la licitación.
De acuerdo con una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública), se llevó a cabo una estafa por más de $ 300 millones al Estado. “Bajo una buena política pública montaron un negociado con sobreprecios al doble del valor real. Yo compré un kit de calidad superior y gasté la mitad de lo que el Estado gastó en comprar 140.000 kits”, había dicho Ocaña.
El Plan Qunita, lanzado en julio de 2015, fue discontinuado tras la llegada del nuevo gobierno porque, según la administración de Mauricio Macri, los kits tenían objetos que podían poner en riesgo la salud del bebé. La subsecretaría de Salud Comunitaria, Maternidad e Infancia indicó en un informe que las cunas eran “muy riesgosas dado que el bebé puede patinar hacia adentro y cubrir su cara y cabeza con riesgos de accidentes, sofocación mecánica, estrés térmico, reinhalación de CO2”. (La Nación)
