20/10 – 09:40 – Los gremios aceptaron el bono de $ 2000 y exigen ahora prohibir las cesantías por 90 días
Por: Nicolás Balinotti
El promovido paro general de la CGT se desactivó antes de comenzar. El empujón que faltaba para cancelar la medida de fuerza se concretó ayer, con la intervención del Gobierno. El Estado ofició de mediador para que empresarios y sindicalistas pacten una compensación salarial para el sector privado de por lo menos $ 2000. Así, la agenda urgente, guiada por el bono, está zanjada parcialmente. La pulseada continúa por los empleados estatales y para reactivar una suerte de acta compromiso para evitar despidos y suspensiones por 90 días.
El acuerdo tripartito se encadena al anuncio de la semana pasada, que contempla para diciembre un paquete de medidas salariales para jubilados y beneficiarios de asignaciones por hijo, y la exención del impuesto a las ganancias del medio aguinaldo de los salarios brutos de hasta $ 55.000.
Juan Carlos Schmid, uno de los tres integrantes del triunvirato de mando de la central obrera, confirmó a LA NACION la cancelación del paro. La determinación no es unánime: hay gremios enrolados en la CGT que se oponen al trato por un motivo: consideran que la salida no era un bono a pagarse en negro, sino la reapertura de las paritarias. Detrás de esta postura se alinean el camionero Pablo Moyano, el bancario Sergio Palazzo y el docente Sergio Romero.
El hijo de Hugo Moyano y Palazzo mantienen abierta una negociación con las dos vertientes de la CTA, que rechazaron el trato con el Gobierno y anunciarán hoy un plan de lucha para diferenciarse. Los jefes ceteístas Pablo Micheli y Hugo Yasky fueron excluidos de la cumbre de ayer.
Pero una mayoría de sindicatos de la CGT avaló la negociación del triunvirato y celebró los logros. Los sindicalistas buscarán en la próxima reunión del denominado Diálogo para la Producción y el Trabajo, prevista para el 15 de noviembre, imponer un acta en la que los empresarios y el Estado se comprometan a mantener sus planillas de empleados y evitar despidos y suspensiones por 90 días. Así lo expusieron Schmid y Gerardo Martínez, jefe de la Uocra. Será otro intento de la CGT para contener a sectores que sufren los coletazos de la situación económica y de la apertura de las importaciones, como la industria textil, metalúrgicos y automotrices.
En la reunión de ayer, llamativamente, el pico de tensión no involucró a un sindicalista. Sucedió entre Daniel Funes de Rioja, número dos de la Unión Industrial Argentina, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. El empresario cuestionó el acta que establece un piso de $ 2000 para el bono y sugirió que se trató de “algo imperativo”. Los sindicalistas asistieron azorados a un inusual cruce retórico.
El Gobierno promovió el apretón de manos entre empresarios y sindicalistas por un motivo central: impedir la reapertura de las paritarias. Impulsar el pago del bono es también una manera indirecta de reconocer que la inflación superó las expectativas. Las paritarias promedio cerraron entre un 35 y 40%, muy lejos del pronóstico del “20 o 25%” que había aventurado el presidente Mauricio Macri en enero, desde el frío de Davos.
La cruzada del Gobierno para sugerir de manera explícita el pago de un bono al sector privado esconde una estrategia a mediano plazo: disminuir las expectativas salariales para 2017 y que las próximas paritarias estén ajustadas a la inflación proyectada por el presupuesto oficial, que se prevé entre el 15 y 17 por ciento. En el Ministerio de Trabajo se reforzaría el plan con una idea que aún está en carpeta: adelantar a marzo el Consejo del Salario para establecer una pauta salarial general antes de la ronda de negociaciones de los principales gremios. Otra sutil manera de influir.
Desactivado el paro, el Gobierno intentará ahora empujar otros proyectos. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tiene varias iniciativas en carpeta: el compromiso a modificar las escalas de Ganancias antes de fin de año; impulsar el programa Primer Empleo; la reforma de las ART; actualizar los convenios colectivos de actividades que necesitan captar inversores; una campaña para promover la registración del personal doméstico, y hasta una audaz modificación en la ley laboral en lo relativo a la licencia por paternidad, que es hoy de 48 horas y podría ampliarse a 14 días. Para todo deberá negociar con la CGT. (La Nación)