14/11 – 09:50 – El concurso de acreedores de la petrolera Oil Combustibles estuvo 11 semanas sin juez; mientras, el empresario se sumó a una moratoria por su deuda de $ 8000 millones
Por: Hugo Alconada Mon
Es, acaso, el concurso de acreedores más grande y con más derivaciones políticas del país. Pero recién ahora, tras 11 semanas, tiene juez. De por medio está el empresario kirchnerista Cristóbal López , quien aprovechó el tiempo muerto para desplegar su estrategia. Y una deuda sólo con el Estado por $ 8000 millones, monto al que deben sumarse los reclamos de los acreedores privados, según surge de expedientes judiciales y documentos privados que obtuvo LA NACION durante las últimas semanas.
La parálisis comenzó el 23 de agosto, cuando la Corte Suprema de Justicia decidió quitarle el concurso de la petrolera Oil Combustibles al juez de Comodoro Rivadavia Gustavo Toquier, que lo instruía tras una cuestionada presentación de López.
Cuatro semanas después, la Corte completó el círculo. Determinó que, tal como reclamaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el concurso debía tramitarse en Buenos Aires, a pesar de los esfuerzos de López por retenerlo en su “pago chico”.
Desde entonces, sin embargo, el expediente no tuvo quien lo quisiera. El 26 de septiembre, la jueza en lo Comercial María del Milagro Paz Posse se declaró incompetente. Consideró que debía quedárselo su colega Héctor Vitale, quien había recibido el pedido de la AFIP para reclamar el concurso a Chubut.
“Si se tiene en cuenta que hubo un sorteo que habilitó a mi distinguido colega, titular del juzgado del fuero N°4, a expedirse sobre la competencia -planteó Paz Posse-, por ende no advierto la existencia de ningún motivo que justifique una nueva asignación por sorteo que carece de base legal.”
La jueza remitió entonces el concurso a Vitale, que no lo recibió con los brazos abiertos. Todo lo contrario. “No comparto los argumentos de la distinguida colega”, alertó dos días después, y le devolvió el expediente con una sugerencia. “De no compartir mi decisión, invito a la señora jueza remitente eleve las presentes actuaciones al superior a fin de que dirima el conflicto negativo de asignación de causas planteado.”
Así fue. Ya el 3 de octubre, el concurso llegó a la Cámara de Apelaciones. Pero allí afrontó otro minué. Primero recaló en la Sala D, que lo derivó a la fiscalía general, para volver a la sala y retornar a la fiscalía el 17, para diez días después retornar a la Sala D, que a su vez decidió derivarlo a otra sala de la cámara, la C, que lo recibió el 2 de este mes. Y esta semana definió que será, al fin, el juez Vitale quien deberá quedarse con el concurso de acreedores.
Pero mientras los jueces y los camaristas se pasaban y devolvían el concurso, López y su socio en el Grupo Indalo Fabián de Sousa sí se movieron de manera coordinada y en múltiples juzgados de los distintos fueros.
Así, en sede penal, el objetivo de López y De Sousa, buscaron sacar de los tribunales de Comodoro Py la causa donde ya los indagaron como presuntos “partícipes necesarios” de una supuesta defraudación contra la administración pública liderada por el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Es decir, un delito por el que, de ser condenados, podrían pasar cierto tiempo en la cárcel.
¿Moratoria?
Para López y De Sousa, sin embargo, el fuero penal competente es el penal económico, ¿por qué plantean eso?
Entre otros motivos, porque la moratoria que impulsó el presidente Mauricio Macri habilita la suspensión de la acción penal tributaria a aquellos que se acojan a esa opción siempre que paguen todas las cuotas por los impuestos que adeudan.
En esa línea, López ya anticipó en un escrito que presentó en septiembre en el fuero penal económico que quiere acogerse a esa moratoria, aun cuando la AFIP intentará cerrarle esa puerta a Oil mediante una resolución.
La estrategia del Grupo Indalo también incluye movimientos en el fuero contencioso administrativo federal y en el comercial. En el primero, buscarán sacarse de encima los veedores que la Justicia impuso sobre sus empresas.
En el fuero comercial, en tanto, López y De Sousa aspiran a cerrar el concurso gracias a una capitalización de un trader de combustibles suizo de origen ruso llamado Gunvor Group. Pero ese anuncio afronta otro escollo. Si la AFIP rechaza que Oil se acoja a una moratoria, López deberá afrontar su deuda por $ 8000 millones en un solo pago, no en cuotas.
¿Hay de por medio un interés del Gobierno por promover otro potencial comprador? ¿Acaso uno local?
Aun así, López y De Sousa confían en el peso del dinero. En el comunicado que difundió este martes para anunciar ese acuerdo con el Gunvor Group, destacaron que uno de sus objetivos es “cancelar su pasivo concursal, incluyendo su deuda fiscal, en el menor tiempo posible”.
En esa línea, en el Grupo Indalo se esperanzan con que si ofrecieran un adelanto en efectivo para pagar su deuda -acaso unos $ 2000 millones- podrían lograr una quita sustancial de ésta, mientras que el juez Vitale asumirá desde esta semana las riendas del tan incómodo concurso de acreedores. (La Nación)
