15/02 – 09:30 – Tras una semana de críticas, trató de acotar su impacto; Peña dijo que no hay conflicto de intereses y pidió la intervención de la Auditoría; el Presidente y Aguad fueron imputados.
Por:Jaime Rosemberg
Después de seis días de duras críticas opositoras y un sugestivo silencio de aliados indispensables de la propia coalición Cambiemos, el Gobierno resolvió ayer salir a despegar al presidente Mauricio Macri del acuerdo judicial alcanzado por el Estado con la empresa Correo Argentino , objetado en duros términos por la fiscal Gabriela Boquin.
“Es un tema técnico-judicial, como los miles de juicios en los que el Estado argentino interviene. Y creemos que no hay conflicto de intereses. Pero en un año electoral, esto se va a llevar al terreno político”, afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña , en la quinta de Olivos, luego de la reunión de gabinete presidida por el Presidente.
De inmediato, dijo que Macri “no intervino” en los términos del acuerdo y pidió a la Auditoría General de la Nación que “dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva”, lo cual fue rechazado más tarde por el titular de esa entidad, el peronista Oscar Lamberto.
Mientras en el Congreso la oposición pedía que Aguad concurriera a dar explicaciones, en la Justicia el fiscal Juan Pedro Zoni (cercano a la agrupación Justicia Legítima) imputó al ministro y a Macri por presuntas irregularidades durante la concreción del acuerdo.
A pesar de su cerrada negativa a asumir que pagará un costo político luego de conocido el acuerdo judicial del Estado y otros acreedores con el Correo (propiedad de Socma, la empresa de Franco Macri, hasta su quiebra y estatización), que data de junio del año pasado, el Gobierno debatió el tema durante el fin de semana y decidió salir a contestar las acusaciones de la oposición, que se tradujeron en denuncias judiciales de dirigentes kirchneristas por presunto conflicto de intereses y perjuicios al Estado por el acuerdo, que extiende el plazo de pago de la deuda del Correo (unos $ 292 millones) hasta 2033.
“Se ha actuado según la ley. El Presidente no ha intervenido en esta discusión, sino el área jurídica del Ministerio de Comunicaciones”, dijo Peña, acompañado por el ministro del área, Oscar Aguad, que ayer fue a explicar los términos del acuerdo al bloque de Cambiemos en el Congreso.
El ex diputado cordobés afirmó primero que “el Presidente tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde un familiar esté involucrado”, aunque poco más tarde afirmó que Macri le pidió que su ministerio procurara resolver el diferendo “con la participación de los tres poderes del Estado”. Para subsanar la aparente contradicción, Peña sostuvo que “Macri no se metió en el fondo de la cuestión, sino en la manera técnica de resolverlo”, afirmó el número dos de la administración.
Cerca suyo les bajaron el tono a las explicaciones, que llegaron luego de las críticas y antes de la imputación que el fiscal Zoni hizo a Macri y a Aguad ante el juez federal Ariel Lijo. “Solemos dar conferencias de prensa luego de las reuniones de gabinete”, explicó un alto funcionario. Negaron haber conocido encuestas en las que se evidencia un malhumor social en relación con presuntos beneficios obtenidos por el padre del Presidente como consecuencia del acuerdo judicial.
Lo cierto es que en la reunión de gabinete sí se habló de este tema. El Presidente, contaron dos testigos, escuchó los argumentos que Peña y Aguad darían un rato más tarde ante la prensa. Y se quejó del tratamiento que los medios y la política le dieron al acuerdo por la deuda del Correo. “Todo esto forma parte del cambio cultural que hay que hacer. Participan todos los actores, pero el sistema igual sigue desconfiando”, dijo el Presidente durante los debates previos a la conferencia. También dijo, según un allegado: “Hagan lo que tengan que hacer y cuiden al Estado”, habría dicho el Presidente.
En la conferencia, Peña habló de una “solución integral” al entuerto, que incluya también las acciones judiciales iniciadas por el grupo Macri contra el Estado luego de la estatización del Correo, decretada por el entonces presidente Néstor Kirchner en 2003.
“Lo importante es ser transparentes y que haya vocación de resolver un problema del que muchos opositores no se ocuparon cuando ellos gobernaron”, dijo Peña. Las referencias al kirchnerismo no se agotaron allí. “Es un tema complicado, que parece que lo hubiera inventado la oposición”, se quejó un asesor presidencial, aunque de inmediato adjudicó a la agrupación kirchnerista La Cámpora “la intención de agitar el tema sin siquiera escuchar las explicaciones”.
Para allegados al Presidente, “el fiscal Zoni asumió en Santiago del Estero y al día siguiente (Alejandra) Gils Carbó lo trajo para acá, en una maniobra ilegal”, denunciaron cerca del Presidente.
En el Gobierno también tomaron nota (y valoraron) el silencio de Elisa Carrió, que no salió a hablar desde que se conocieron las objeciones de Boquin al acuerdo, del que ahora deberá opinar la Cámara Federal. Calificaron de “lógicas” las críticas de dirigentes radicales como Ricardo Alfonsín y se resignaron a que el tema siga estando en la agenda mediática por un tiempo más. (La Nación)
