06/03 – 11:30 – Ambos pasaron fugazmente por Tribunales. Hubo mucha seguridad y apoyo militante.
Por: Gonzalo Bañez Villar
Con diferencia de minutos, Florencia y Máximo Kirchner cumplieron de modo similar con su indagatoria en Tribunales de Comodoro Py por la causa Los Sauces, en la que figuran sospechados por presunta corrupción.
Acompañados por el mismo abogado, Carlos Beraldi, dejaron escritos, se negaron a responder preguntas y pidieron ser sobreseídos en investigación por negocios irregulares con empresarios favorecidos por la obra pública durante la gestión kirchnerista.
Florencia Kirchner fue la primera en llegar, antes de las 9 -hora en la que estaba citada-. La acompañaban el defensor, y los dirigentes Eduardo “Wado” de Pedro y Oscar Parrilli. El reloj no marcaba las 9.30 cuando ya había salido.
Minutos después arribó Máximo. En su caso, lo esperaban otros ex funcionarios K y actuales legisladores, como Sergio Berni, Nilda Garré, Martín Sabbatella, Edgardo Depetri y Carlos Kunkel. Siguió los mismo pasos que su hermana y antes de las 11 ya se estaba yendo.
El paso debutante de los hijos de los Kirchner por Comodoro Py se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad y con cientos de militantes de La Cámpora y otras agrupaciones K haciendo el aguante en los alrededores.
Mañana es el turno de Cristina Kirchner, con lo que se cierra esta tanda de indagatorias que incluyó a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, principales clientes de la inmobiliaria K. De todos modos, la ex mandataria ya avisó que no quiere manifestación en la puerta y sí que los militantes se trasladen a la marcha de la CGT contra el Gobierno, prevista para la tarde.
Tanto Florencia como Máximo dejaron escritos de 10 páginas antes Bonadio. “Solicito que se dicte mi sobreseimiento en orden a todos los hechos que se me imputan. Asimismo peticiono que se orden el levantamiento del embargo dispuesto en relación a mis ingresos laborales, anotado a disposición conjunta de este tribunal”, dice el documento que presentó Beraldi en nombre de Florencia y al que accedió Clarín.
“Bonadio la trató muy bien”, se ocuparon de destacar en la defensa. A fines de la semana pasada, el juez y el fiscal Carlos Rívolo habían tenido otro gesto más valorado aún por los Kirchner. Le concedieron la eximición de prisión. En el caso de Máximo, no había ese temor, ya que tiene fueros como diputado nacional.
En su escrito, el hijo de la ex presidenta también solicitó que “se dicte mi sobreseimiento en orden a tales cargos, con expresa mención de que la formación de estas actuaciones no afectan mi buen nombre y honor”.
El operativo de seguridad y el arribo de mililtantes comenzó bien temprano. A partir de las 7 de la mañana empezaron a verse estandartes y banderas en la zona de Retiro.
Sobre la entrada principal de los Tribunales, sobre Comodoro Py, para el operativo de seguridad se colocó para un doble vallado en la puerta, junto con la presencia de la Policía Federal y la Prefectura. Del otro lado del edificio, sobre Avenida de los Inmigrantes, fueron ubicados efectivos de Gendarmería. El estacionamiento permaneció vacío: no podían entrar vehículos de ningún tipo. Sólo se permitía ingresar caminando a todas las personas que trabajaban allí.
Los militantes K se colocaron alrededor de la entrada lateral, al lado del Correo Argentino, por donde suele ingresar Cristina cuando es citada; una escena que se repetirá mañana.
El fuerte operativo policíal también se extendió hacia dentro del edificio. Justamente, el cuarto piso donde está el despacho de Bonadio permaneció cerrado y sólo pudieron acceder los acusados junto a sus abogados. Distinto a lo que sucedió la semana pasada cuando declararon en la misma causa Lázaro Baez y Cristobal López; entonces, sí estaba abierto ese acceso.
En la causa Los Sauces, iniciada por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, la Justicia investiga si la ex familia presidencial incurrió en delito al alquilarles propiedades a empresarios a los que se les concedía obra pública o negocios con el Estado, como los mencionados Báez y López.
Los acusan de haber integrado una organización que actuó entre 2003 y 2016 para “recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego, y/o áreas de la industria petrolera e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle una apariencia de origen lícito”. (Clarín)
