10:00 Lo acusan de maniobras que beneficiaron con un plan de pagos y una quita a la imprenta por la que investigan al ex vicepresidente Boudou.
La Oficina Anticorrupción presentó esta mañana un escrito al juez Federal Ariel Lijo para pedir el procesamiento de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, en la causa Ciccone.
En carácter de querellante, el organismo conducido por Laura Alonso ya se venía expresando en ese sentido y sumó como argumento los recientes dichos de Rafael Resnick Brenner, su ex jefe de asesores, en el juicio oral.
“El coimputado prestó declaración y formuló manifestaciones que han venido a confirmar los numerosos y variados antecedentes que demuestran la responsabilidad evidente de Echegaray en los hechos que se investigan”, sostiene la OA en el escrito, al que accedió Clarín.
Designado por el ex titular de la AFIP, Resnick Brenner asumió en el cargo de jefe de asesores del organismo recaudador en diciembre de 2009 y al año siguiente intervino por instrucción de Echegaray en el expediente administrativo de Ciccone en el que se requería una quita sobre el total de la deuda de la firma ($62.714.169,36) y en la aplicación de un plan de pagos.
En su declaración, Resnick Brenner aseguró que se trató de una “tramitación consensuada con el Administrador Federal” y que “no se movía un papel sin que él supiera”.
Para la OA, que depende del Gobierno, Echegaray es uno de los personajes clave que intervino en el proceso de quiebra y salvataje de Ciccone para que Amado Boudou y sus socios y testaferros pudieran desembarcar en la empresa y hacer negocios millonarios con el Estado.
La OA también hizo notar que mientras Resnick Brenner desempeñó su cargo no tramitó ningún otro expediente en el que se sustanciara la solicitud de un plan de facilidades de pago, por lo que “marca la excepcionalidad del trámite impartido al mismo y la necesidad de mantenerlo en el ámbito más próximo al control y designio del Administrador Federal”.
También que el ex funcionario manifestó que Echegaray “le indicó expresamente que debía concurrir al Ministerio de Economía a fin de mantener una reunión con el Sr. César Guido Forcieri, jefe de Gabinete de dicha cartera, vinculada con el expediente Ciccone”, y que a ese encuentro también asistió José María Núñez Carmona.
Lijo ordenó la detención de Amado Boudou por otra causa, en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.
El ex vicepresidente está procesado por supuesto “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles” en el expediente por la apropiación de la empresa responsable de la impresión de billetes por intermedio de Alejandro Vandenbroele, su presunto testaferro.
En anteriores escritos, la OA había presentado los presuntos motivos para que se considerara suficientemente acreditada la participación responsable de Echegaray durante el proceso concursal y posterior quiebra de Ciccone para facilitar la maniobra.
“Los hechos delictivos que VS y su superior tuvieron por acreditados y por los que se inició el juicio oral no pudieron haber sucedido sin la intervención intencional de Echegaray. Su aporte ha sido condición necesaria para la comisión del delito”, sostuvo el organismo.
En la primera presentación, la OA también marcó que Resnick Brenner consideró en octubre de 2010, de manera extraordinaria para ese tipo de trámites, que resultaba necesaria la opinión de Boudou, el ministro de Economía en ese momento. Luego de una nota firmada por Echegaray para que Boudou se pronunciara, Resnick Brenner dictaminó el 18 de noviembre de ese año a favor de la concesión del plan de pagos.
Desde un sector del Gobierno alimentaron la sospecha de una suerte de blindaje judicial al ex titular de la AFIP, por la demora en las causas en las que se lo investiga.
“¿Quién protege a Echegaray?”, comenzó a instalarse como pregunta retórica del mismo modo que hace unas semanas un grupo de dirigentes de Cambiemos -la principal Elisa Carrió- apuntó a un supuesto pacto para mantener a resguardo a Julio De Vido, luego desaforado y detenido en la cárcel de Marcos Paz.
La presentación de la OA buscará acelerar un pronunciamiento de Lijo. “La indefinición favorece al nombrado y a los demás procesados ya sometidos a juicio oral y afecta gravemente los derechos de las partes acusadoras”, plantea el escrito. (Clarín)
