16:10 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – De acuerdo al Código Penal el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación de un delito, es causal suficiente para que sea dictada la prisión preventiva de un imputado en la causa que se lleva adelante por parte de un juez.
En todos los casos el magistrado decide si amerita o no la aplicación de dicha acción, con el fin de preservar, tanto para que el imputado/procesado, no se profuge del alcance de la justicia o bien lo pone entre rejas para evitar que su accionar ejecute acciones que se interpongan con el cauce de la investigación de sus delitos, mueva influencias y/o modifique o cambie pistas que sigue el juez en base a las pruebas recolectadas.
Por este principio razonable de probabilidad de fugarse o intervenir en la investigación están presos Lázaro Báez, Julio de Vido y demás delincuentes de la década pasada, quienes esperan tras las rejas que cada juez decida completar el plexo probatorio de sus delitos y sea establecido el juicio oral.
Pero hay una excepción, como toda regla y es Cristóbal López. El empresario chubutense que sigue “cuerpeando” la cárcel a pesar que sobre él, pesan causas de las más variada gravedad, desde fraude al fisco, defraudación al Estado, lavado de dinero, incumplimiento de obligaciones empresariales, incumplimiento millonario de los aportes patronales (que los descontó pero no los abonó al sistema previsional) y la retención indebida del ITC, que robó a la AFIP para “reinvertir” en medios y lujos del excéntrico ex – empresario, devenido en delincuente común, como el resto de los kirchnerista que asolaron la República por 12 años.
AFIP lo denunció y lo persigue por robarse 10 mil millones de pesos, otra causa le reclama 400 millones por aportes no realizados, tiene los bienes inhibidos, ahora la AFIP ingresa otra denuncia porque Cristóbal López intenta eludir la inhibición de bienes que dictó la justicia, tratando de fraguar una venta con terceros que no tienen capacidad ni voluntad de pago, transformándose a la vista de todos, en un ardid más para hacerle un by pass a los jueces, que, como Ercolini, sabe de antemano que López está incumpliendo la orden emanada de su lapicera.
La AFIP tiene más que probado que el ex pollero y zar del juego, ha realizado maniobras desde el Grupo Indalo, junto a su socio Fabián De Souza, para evadir la acción de los embargos y simular una venta trucha, con dos fines: por un lado justificar que no tiene patrimonio para cumplir con los aproximadamente 4000 personas que dependen de sus empresas y por otro lado, para poner a salvo gran parte de sus activos, especialmente aquellos más costosos que él adquirió y/o alimentó con dinero espurio, proveniente del delito de evasión, entre otros. Pretende poner a salvo el juego, sus bienes más lujosos y las empresas que tenía antes del 2003. Mientras tanto sus empleados quedan en la calle y van a pedirle trabajo al Estado al cual López saqueó.
En este sentido, las fuentes recordaron las compañías de casinos, aviones y otros activos de López, los cuales puede disponer para afrontar el pago de salarios, ya que no están alcanzados por la inhibición de bienes dispuesta por la Justicia. Solo que él no quiere desprenderse de ellos y pretende “pagar” solo con lo que robó.
Ahora (o recién ahora) Ercolini pediría el procesamiento de López y sus socios por “defraudación al Estado”, precisamente por lo que dijimos, maniobras para evadir el pago de impuestos y utilizar esos fondos para invertir en otras empresas
Pero hay un detalle no menor: Cristóbal López y Fabián de Souza, por el poder que tienen para modificar, influir y entorpecer la causa, deberían estar presos; sin embargo, la justicia elástica que tenemos, aún parece que no tiene probado que el ex pollero es un delincuente serial, aprovechador de la década afanada y por sobre todo, que tiene intacta la capacidad de daño para interponerse en cualquier investigación. Tampoco, parece, ha encontrado el lazo directo con el cómplice principal Ricardo Etchegaray y si lo encontró, parece que le cuesta mucho creerlo.
¿O qué es la aparición de los Terranovas, una familia que evidentemente se iba a constituir en “palos blancos” de una trampa “legal” ideada por López y sus cómplices, o la de Ignacio Rosner, un ignoto con un supuesto grupo de inversión que es pura cáscara vacía y hasta se dio el lujo de invocar una supuesta “venta” y la conformación de otra supuesta empresa “Grupo Ceibo”, con la clara intención de torcer el eje del conflicto y quitar la vista del Grupo Indalo?.
Si esto, que es claramente una intención de vaciar a las empresas, no es interponerse en el camino de las investigaciones ¿Qué entiende como “entorpecimiento” el Juez Ercolini?.
Está clarísimo que en manos de los jueces está la decisión arbitraria de considerar cuándo sí y cuándo no, en materia judicial, pero es cada vez más visible el retardo que tienen algunos magistrados para sellar el destino de algunos actores del poder, como es el caso del Juez Sebastián Casanello a quien lo tienen que empujar para que llame a indagatoria a la jefa de la banda, Cristina Fernández.
Es importante que la sociedad y los medios estemos atentos y saquemos a la luz estas acciones visiblemente “flexibles” de los jueces y se pueda juzgar públicamente el accionar de aquellos que deben impartir justicia y le buscan todas las vueltas posibles para permitir que los delincuentes anden sueltos, que logren preservar parte del patrimonio robado y/o comprado con nuestros dineros y si es posible, dejarlos a salvo del brazo de una justicia para la cual todavía hay dos clases de ciudadanos: de primera y de segunda; los que van presos por robar un paquete de arroz, sin beneficio de la duda y para los que se robaron el país y siguen haciendo negocios, se postulan para senadores, diputados y ganan impunidad al amparo de los cómplices que pueblan muchos juzgados federales. (Agencia OPI Chubut)
