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El Juzgado de Caleta Olivia no tiene medios, capacidad, formación ni jurisdicción para actuar en el incidente del S-42 ARA San Juan

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(Primera parte) – (Por Javier Walter Sofía, exclusivo para OPI Santa Cruz) – Nuestro entendimiento de la realidad, más en asuntos tan delicados como el que aquí se trata que están acompañados de profundas emociones familiares, debería ser el resultado de un proceso responsable y ordenado.

Esto pareció no ocurrir con el S-42 ARA San Juan y basta ver para ello la profunda angustia de los familiares de la tripulación y la interminable reiteración de explicaciones técnicas que parecieran estar puestas exprofeso para solo ocupar espacios de prensa sin buscar precisiones.

Aún hoy después de dos largos meses se sigue redundando con la implosión, las acciones en la primer alerta y las características tecnológicas del submarino entre otros aspectos sin lograr una claridad adecuada y a medida que la distancia se hace cada vez mayor entre una notica y la siguiente.

Uno se pregunta si esto no es intencional, o si sencillamente es un efecto más de “atar todo con alambre” en una Argentina devastada por la corrupción, la indiferencia, la desconfianza y el oportunismo que bien enraizados en nuestra sociedad siguen cobrándose víctimas vidas inocentes y valiosas y marcando a sus familiares con un dolor perdurable.

No hay forma de decirlo con sutileza, estos incidentes como el del S-42 son una puñalada en la espalda que la incompetencia de funcionarios públicos e instituciones le da a la sociedad toda; ¿cómo es posible que gastos de centenares de millones y abultados sueldos de miles de agentes, ambos pagados desde los bolsillos del ciudadano, no tengan efecto en lo más elemental: cuidar la vida?, ¿tan poco valemos para que quienes cobran por ello tengan al menos la dignidad de cumplir sus misiones y funciones con decencia, dedicación y previsión?.

El incidente del S-42 pudo evitarse, pero devenido el desastre las responsabilidades se multiplican exponencialmente: es necesario saber cómo y porqué ocurrió y someter a todos los responsables por acción y omisión a la justicia, y hay que informar con seriedad y respeto.

Los medios de difusión han tenido y tienen un rol destacado, la libertad de prensa debe estar acompañada de alta calidad y no se entiende cómo el desfile de docenas de especialistas que hablaron sobre el S-42 no haya bastado para crear un perfil definitivo de este incidente.

Este no es un incidente aislado y la coincidencia de sucesos con pérdida de vidas en medios administrados o concesionados por el estado hace pensar en una gravísima falta de comunicación interinstitucional, o peor en el incumplimiento de las responsabilidades delegadas de ejecución y fiscalización.

Otros incidentes como los de los trenes de Once y Castelar, el rompehielos Irizar, el colectivo de Gendarmería Nacional, los aviones y helicópteros privados y gubernamentales estrellados, la mina de carbón de Río Turbio y el submarino S-41 ARA Santa Cruz por solo mencionar algunos, nos han dejado un amargo sabor a todos cuando no familias mutiladas y nos hacen preguntarnos ¿cuál será el próximo?.

El incidente del ARA San Juan (porque no es un accidente) puso a instituciones, funcionarios y políticos frente a un espejo en el que nadie parece reflejarse de modo claro, y en el que las pocas imágenes que la sociedad puede ver se asemejan a aquellas deformadas de los retorcidos espejos de feria.

No trataré aquí las docenas de operaciones de prensa y desinformación, algunas tan graves que comprometen la imagen y el respeto internacional del país.

Tampoco los delirios de blogueros irrespetuosos, que llegaron a mostrar al submarino siendo devorado por un gigantesco tiburón de metal o abducido por un o.s.n.i. y que hizo recordar a la tragedia del avión extraviado en el río Paraná al que algunos mediocres recomendaron buscar en ese fraude del misterio que es el llamado “ojo del delta”.

Ni trataré los centenares de comentarios maliciosos, muchos innecesariamente crueles y perversos que rayan en la apología del delito como el estampado en la pared del Cabildo “44 menos, anarquía”, que la justicia, si la hay digna, debería investigar de oficio con el auxilio del resto de los poderes del estado, si los hay comprometidos, por respeto a todos los argentinos y principalmente a las familias de los tripulantes del submarino.

Abordaré en los siguientes párrafos asuntos que por fácticos y poco o nada tratados, podrían aportar un humilde grano de arena y una pequeña cuota de claridad al respecto del incidente del ARA San Juan y las circunstancias del porque todavía no se ha localizado y tampoco se tienen certezas finales del incidente.

Primero: el proceso judicial

La Argentina posee alrededor de 6,6 millones de kilómetros cuadrados de aguas oceánicas, bastante más del doble de los 2,8 millones de kilómetros cuadrados de su superficie continental sudamericana.

A pesar de ello y de los enormes recursos marinos vivos, hidrocarburos, minerales, gemas, nódulos polimetálicos, factores de soberanía, jurisdicción en la navegación y una larga lista de otros asuntos vinculados al mar, no posee un solo juzgado federal especializado, con capacidad operativa y recursos tecnológicos adecuados para atender la administración de justicia costa afuera.

De hecho esto ni siquiera ocurre con las aguas interiores como lagos, ríos, deltas y lagunas y a pesar que la justicia siempre se ha servido de los recursos del poder ejecutivo para llevar a cabo su gestión en estos ámbitos como por ejemplo la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina hay tres notables casos en cuyos contextos se desnuda esta carencia.

Uno es el helicóptero que habría de participar del Operativo Sol en la costa atlántica, desaparecido desde el 2/1/2011 hasta nuestros días.

Otro es el avión extraviado el 24/7/2017 que partió del aeropuerto de San Fernando y que solo fue encontrado casi un mes después dentro de un área del delta del río Paraná que ya había sido rastrillada.

Y el tercero es el incidente con el pesquero ilegal chino Lu Yan Yuan Yu ocurrido el 14/3/2016 ocurrido dentro de la zona económica exclusiva argentina y que concluyó en el hundimiento del mismo. Este pesquero fue interceptado y trató de embestir al buque de la Armada Argentina, se publicaron videos de disparos de advertencia con armamento de bajo calibre y la prensa indicó basándose en ello que el pesquero había sido hundido por la fuerza argentina. China manifestó su “seria preocupación” y el caso pasó a una vía muerta frente a un eventual conflicto diplomático. Más tarde se sabría que los disparos jamás podrían dañar el acero naval tanto como para hundirlo y que la apertura de las válvulas de sentina y el auto hundimiento son prácticas habituales de estos pesqueros ilegales, asuntos que la justicia nunca pudo constatar y que puso a Argentina como país agresor cuando en realidad es víctima de la depredación de recursos por decenas de miles de millones de dólares anualmente por parte de estos países ladrones.

En el caso del ARA San Juan el juzgado federal interviniente es el de Caleta Olivia, su funcionario a cargo sorprendió el pasado 11/12/2017 con la frase “estoy tomando medidas ya pensando que no pudiera ser ubicado”, lo que causó más zozobra en los familiares y lo que se corresponde con una línea de opinión histórica cuando se suman dos factores: el espacio marítimo y el tiempo sin novedades, curiosamente la Armada Argentina había manifestado lo mismo tan solo una semana antes a través de su vocero.

El juzgado federal de Caleta Olivia no solo está a 1500 kilómetros de la sede del Ministerio de Defensa del cual depende la Armada Argentina, sino que además una de sus primeras exposiciones fue manifestar carencias de insumos y equipamiento básico de oficina, lo cual comparándolo con los requerimientos técnicos para la comprensión, administración de información y procesamiento de datos técnicos, por ejemplo oceanográficos o de graficado de tecnología naval, tiene una fuerte significación al respecto de la disponibilidad o no de la capacidad de evaluación y formación propia de juicios de valor sobre el caso.

Estas carencias en Santa Cruz no son una extrañeza, a nadie hay que explicar que todos quienes aquí vivimos estamos abandonados a nuestra suerte y sumergidos en el deterioro progresivo que caracteriza esta etapa desastrosa que vive la provincia, y los organismos públicos ya sea nacionales, provinciales y municipales no son una excepción

Pero se debe tener en cuenta que cualquier causa federal, sea de narcotráfico, trata de personas, contrabando o lavado de dinero entre otras, no se puede comparar con la demanda tecnológica y de especialización profesional que implica el análisis, detección y evaluación pericial de un siniestro ocurrido en el fondo oceánico.

Y hay algo más que tiene que ver con la creación de este juzgado federal que crea un espacio gris al respecto del Ara San Juan dependiendo de dónde éste sea finalmente encontrado, cuando ello ocurra.

La ley 26261 del 9/5/2007 que crea al juzgado federal de Caleta Olivia le otorga en su Artículo 3º la competencia territorial “…al Este, el Océano Atlántico (hasta las 200 millas inclusive)…”; a saber la última posición conocida del submarino fue a 232 millas náuticas (430 kilómetros) hacia el Este y la última comunicación así como la anomalía hidroacústica ocurrieron a unas 253 millas náuticas (470 kilómetros) hacia el Este, todas fuera de la zona económica exclusiva (límite de 200 millas náuticas, o marinas).

Además la ley que crea al juzgado federal de Caleta Olivia habla de “millas”, no de “millas náuticas (o marinas)”, esto podría someter la jurisdicción territorial del mismo mucho más hacia la costa y más lejos del área de búsqueda del submarino si consideramos que “1 milla” equivale a “1,60 kilómetros” pero “1 milla náutica” equivale a “1,85 kilómetros”.

El tema de la jurisdicción territorial no es un asunto menor, existe copiosa jurisprudencia nacional e internacional que ha sentado precedente a este respecto, y que en muchos casos ha invalidado procesos judiciales por el solo hecho de implementarse fuera de la jurisdicción territorial asignada.

El límite Norte del juzgado federal de Caleta Olivia es el límite con la provincia del Chubut, y la jurisdicción territorial del juzgado federal de Comodoro Rivadavia (designada por ley 21161 de fecha 30/9/1975) son “los departamentos de Escalante, Sarmiento y Río Senguer”, todos dentro del territorio del Chubut y no menciona jurisdicción marítima por lo que se podría concluir ni uno ni otro tienen jurisdicción sobre el área de búsqueda del ARA San Juan.

No sabemos qué le ocurrió al submarino a ciencia cierta, pero supongamos como hipótesis que hubiera un tercero involucrado, para ser prácticos tal vez un pesquero que lo hubiera golpeado estando el submarino haciendo snorkel y que finalmente se conociera su procedencia y nacionalidad, no habría en el espacio gris de la jurisdicción territorial de los juzgados federales forma alguna de involucrar jurídicamente a ese tercero ni siquiera para que rinda testimonio.

Con ello la causa podría caerse por un vacío legal o sufrir enormes demoras al tener que ser derivada, por ejemplo, al Tribunal Internacional de Derecho del Mar que administra justicia en relación a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar.

Esta Convención, que pareciera ausente en muchas bibliotecas locales, establece en su “Artículo 94 Deberes del estado del pabellón”, “3. Todo Estado tomará, en relación con los buques que enarbolen su pabellón, las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el mar en lo que respecta, entre otras cuestiones, a: a) La construcción, el equipo y las condiciones de navegabilidad de los buques;” recordar la larga lista de alertas técnicas y de corrupción expuestas sobre el S-42.

Solo como un detalle el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó el 28/5/2012 el “mapa de la justicia de la nación de la República Argentina”, un documento interactivo alojado todavía hoy en su web.

Este mapa es una infografía digital pero en él no se respetan los detalles geográficos de nuestro país ni de las provincias que lo componen, no se incluyen los espacios marítimos e incluso las Islas Malvinas están fuera de todas las selecciones orgánicas que están involucradas dentro de la cámara federal de apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Finalmente, todos pedimos justicia por el ARA San Juan, para los familiares y para nosotros mismos como sociedad, ¿cómo lograr esa justicia a la distancia, sin recursos y con un eventual espacio gris que amenaza con invalidar o complicar el proceso?.

Son notorios los logros de las declaraciones obtenidas los el Juzgado Federal de Caleta Olivia sobre asuntos que se omitieron, ¿intencionalmente?, en todo el proceso de búsqueda de la verdad expuestos al público por el Estado; y por ello mismo es extraño el enojo al respecto de la divulgación de información confidencial y surge la pregunta de si la elección del Juzgado Federal fue también intencional y no salió como se esperaba.

En la próxima entrega abordaré el segundo asunto: la ubicación. (Agencia OPI Santa Cruz)

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