Los Kirchner habrían buscado violar la intervención judicial a Los Sauces

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11:00 La abogada de Stolbizer denunció que Máximo alquiló dos inmuebles sin permiso de la justicia.

Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, procesados por lavado de dinero y asociación ilícita en la causa Los Sauces SA (inmobiliaria familiar que tuvo entre sus principales inquilinos a Lázaro Báez y Cristóbal López), suman una nueva denuncia. La abogada Silvina Martínez presentó un escrito ante el fiscal Gerardo Pollicita, planteando que hubo “obstrucción a la justicia”: el diputado nacional y su apoderado Carlos Sancho, pusieron en alquiler dos propiedades el año pasado pese a que regía una intervención judicial.

“Son maniobras para burlar una vez más, las medidas ordenadas por la justicia”, indicó a Clarín Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer. En el marco de la causa Los Sauces SA donde la ex Presidenta y sus hijos están próximos a ser elevados a juicio oral, se solicitó que se tomen nuevas medidas cautelares “para preservar los bienes que podrían ser decomisados por el Estado a raíz de la ilicitud de su origen”.

Los Sauces SA y la Sucesión Néstor Kirchner -posteriormente Condominio Máximo y Florencia Kirchner-, se encuentran intervenidos desde fines de 2016. La medida impuesta por el entonces juez de la causa, Claudio Bonadio, se extendió hasta junio de este año. Ahora la investigación está en manos del juez Julián Ercolini quien adoptó esta última medida.

La intervención judicial en el caso de la inmobiliaria, está a cargo de Francisco Branda mientras que la del Condominio que explota los inmuebles heredados por el ex Presidente, se encuentra bajo la responsabilidad de Raquel Moyano. Ellos tienen el poder total de administración.

Según la documentación aportada por la abogada Martínez, pese a la designación de un interventor administrador, “la familia Kirchner, a través de su apoderado Carlos Sancho, o bien a través del propio Máximo Kirchner, suscribieron contratos de alquiler por los inmuebles de titularidad del condominio”.

No es la primera denuncia contra la familia Kirchner por presuntas maniobras para “eludir las medidas cautelares” (embargos o inhibiciones de bienes), la primera acusación en este sentido, se realizó cuando Cristina Kirchner traspasó todos sus bienes a sus hijos, algo que se investiga por insolvencia fraudulenta.

La documentación a la que accedió Clarín, determinan que el año pasado con 21 días de diferencia, se celebraron dos contratos de locación de propiedades que explota el Condominio Máximo y Florencia Kirchner.

El primer contratos es del 3 de julio de 2017 -a más de una mes de renovada la intervención por parte del juez-. En este caso, Máximo Kirchner como representante del condominio, “suscribió un contrato con Medel M. por el inmueble de la calle Mitre 535 planta alta”, ubicado en Río Gallegos. El valor acordado fue por $ 7.500 los primeros doce meses y $ 9.750 los restantes doce meses.

Tres semanas después y con Víctor Manzanares -contador de los Kirchner-, preso por obstrucción a la justicia al pedir que los alquileres se depositen en una cuenta particular a nombre de Carlos Sancho y no delo Condominio intervenido entonces, se celebró otro contrato.

Fue el 24 de julio y lo hizo en representación del diputado nacional. En este caso, se firmó un contrato con Farías D. por la propiedad de la calle 25 de Mayo 255. Se firmó por un valor de $ 20.000 los primeros doce meses y $ 26.000 los siguientes doce meses.

“Manzanares fue detenido por maniobras similares el 17 de julio de 2017. Sin embargo, ello no impidió que pocos días después, Carlos Sancho representando a Máximo Kirchner tomara medidas similares, sin importar la prisión preventiva decretada a Manzanares por obstruir la labor de la justicia”, señala la denuncia que se presentó ante el fiscal Pollicita.

Después de suscribir dichos contratos y en el marco de la misma causa, Los Sauces SA, Bonadio procesó sin prisión preventiva a Carlos Sancho, al encontrarlo partícipe de la asociación ilícita atribuida a los Kirchner, junto con Lázaro Báez y Cristóbal López.

Según el juez, Sancho ex gobernador de Santa Cruz, fue responsables de “crear empresas a los fines de canalizar los alquileres espurios y gerenciar con una de sus empresas los hoteles, además de resultar empleado de los hoteles de la ex presidente y sus hijos”.

Para Silvina Martínez, esta denuncia podría “agravar la situación procesal” del diputado nacional Máximo Kirchner.

Báez y López aportaron el 86 % de la facturación de Los Sauces: garantizaron a los Kirchner 31.545.007 pesos entre 2009 y 2015. El principal inquilino fue Cristóbal López (66%) a través de dos empresas, Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia. Según la tasación oficial, el dueño de Indalo pagó a la ex Presidenta casi el triple del valor de mercado por el departamento: la tasación indicó que por mes su costo es de 12.500 dólares, mientras que López pagó más de 32.000 dólares por mes. (Clarín)

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