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En Chubut la justicia investiga más de 800 millones en delitos de corrupción y en Santa Cruz la justicia sigue invicta

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10:15 – En la vecina provincia de Chubut un equipo de fiscales encabezados por el procurador Jorge Miquilarena, investiga a funcionarios actuales, ex funcionarios del gobierno provincial y empresarios, por asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación al Estado, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública entre los principales delitos, que tiene involucrada una cifra superior a los 800 millones de pesos, tal cual lo indicó el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

Los fiscales Omar Rodríguez, Alex Williams, Héctor Iturrioz, Marcos Nápoli, Daniel Báez, Jorge Bugueño, Alejandro Franco y Carolina Marín son la cara visible de ese equipo de la Justicia que actúa independientemente del poder político, donde también intervienen técnicos, contadores y todo un equipo multidisciplinario orientado a la búsqueda, comprobación y recolección de pruebas para llevar a juicio a la corrupción estatal-empresarial.

Actualmente existen 11 investigaciones que están en curso y hay 7 detenidos. Entre las principales causas, están las siguientes:

“El Embrujo”: Es la causa principal a cargo de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, posee a siete personas detenidas por casos de corrupción: Diego Correa, ex secretario privado de la Gobernación y ex titular de la Unidad Gobernador, catalogado como jefe de una “asociación ilícita en perjuicio de la administración pública” conformada por su mujer, Natalia Mc Leod; el ex secretario privado Diego Luters; Daniela Souza, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa y el contador Federico Gatica, quien fue imputado del delito de lavado de activos.

Viviendas oficiales : es una investigación que se desprende de la anterior, donde se puso en la mira a la Dirección de Viviendas Oficiales, en base a indicios de que habrían incurrido desde sus autoridades, en maniobras de defraudación, autorizando la reparación de las mismas sin los controles pertinentes ni ajustándose al protocolo existente para este tipo de trámites.

Servicios Públicos: causa a cargo de los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño, con la colaboración del abogado Fabián Jashal. Corresponde a contrataciones directas en cuatro obras eléctricas por un monto de 260 millones de pesos donde hay indicios y pruebas ciertas de irregularidades y corrupción en la cual hay involucrados funcionarios y empresarios.

Enriquecimiento ilícito: la causa está a cargo de los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz quienes investigan el pago de sobresueldos, en las cuales hay implicados funcionarios, ex funcionarios, parientes y amigos de los mismos, como así también a empresarios a quienes se los sindica como dadores de retornos por la obra pública. Todos están incursos en el delito de enriquecimiento ilícito, dádivas y en algunos casos administración fraudulenta.

Emergencia climática: la causa está bajo investigación de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams por peculado. Corresponde a la primera denuncia presentada por los diputados Alejandra Marcilla, Blas Meza Evans y Gabriela Dufour a raíz de un sobre con documentación que fue dejado en la Legislatura. Las contrataciones directas efectuadas en el marco de la emergencia climática que afectó a la provincia.

Cámaras de seguridad: causa abierta en base a una denuncia iniciada por el secretario de Seguridad Federico Massoni y apoyada por la Fiscalía de Estado. Se investiga la contratación directa a la empresa Global View por 34 millones de pesos de cámaras de seguridad. Según la denuncia estas cámaras nunca funcionaron porque eran obsoletas tecnológicamente.

Aviones de la provincia: Son dos causas a cargo del Fiscal Alejandro Franco y su equipo en la ciudad de Rawson. La misma se inició a partir de una investigación de la Unidad Anticorrupción, originada en dos denuncias recibidas por presunto uso indebido de los aviones oficiales y compra de insumos y repuestos para los mismos.

Enriquecimiento y lavado: es una causa instruida por los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams. En la misma se investiga al actual Director de Ceremonial y Protocolo, Oscar Alarcón, denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y maniobras de lavado de dinero que pudieron dar lugar al delito de enriquecimiento.

Negociaciones incompatibles: la causa es llevada adelante por el fiscal Alejandro Franco y el abogado Fabián Papaiani, quienes abrieron un expediente investigando al ex presidente de Seros y ex gerente del Girsu, Christian Eguillor, imputado de “negociaciones incompatibles con la función pública en la modalidad de delito continuado” por contrataciones con SEPAT y Dual Core.

Encubrimiento: causa a cargo de la fiscal de Trelew Carolina Marín, donde se investiga al empresario Fabricio Parra, de “JR Automotores”, imputado de “encubrimiento” por obstaculizar una investigación judicial y favorecer el traslado de un vehículo de Diego Correa.

Lotería: la causa está a cargo del Dr Alejandro Franco quien investiga un “autocontrato” de la empresa de sonido “SONO” propiedad del Gerente de Relaciones Intitucionales de Lotería del Chubut, José Dahhur. Habría delito por incompatibilidades y se investiga si existen otros delitos accesorios.

Cerca pero distinta

No se puede obviar la comparación obligada que necesariamente debemos hacer entre una provincia y otra, nos referimos a Santa Cruz y Chubut, ambas vecinas, lindantes, con las mismas necesidades y prácticamente la misma realidad, pero política y judicialmente distintas.

Mientras en Chubut la justicia tracciona en virtud del interés de la población, juzgando a ex funcionarios y funcionarios en actividad, a empresarios y hasta propios legisladores, les abre causas, los procesa y condena, en Santa Cruz no existe ni un solo ex funcionario, funcionario y/o empresario siquiera imputado de algún delito.

Cabría entonces preguntarse ¿Son todos tan buenos en Santa Cruz que nadie está ni siquiera sospechado de corrupción?. No, básicamente el problema está en la Justicia. No existen en esta provincia fiscales y jueces libres, que puedan trabajar de acuerdo a sus convicciones y si en algunos casos existe la excepción, se transforma en “rara avis” rápidamente aleccionado por el poder político o bien autocensurado para no perjudicar sus intereses personales.

En Santa Cruz, al contrario de lo que sucede en Chubut, no funcionan, aunque sea mínimamente, los sistemas de control y básicamente la justicia. En Santa Cruz, las denuncias públicas, periodísticas o que se puedan hacer en sede judicial, contra ex funcionarios, funcionarios actuales y/o empresarios, no tienen futuro. Y si alguna logra quebrar la barrera de la impunidad en los juzgados de primera instancia, en Alzada o en el Superior Tribunal de Justicia, muere.

La diferencia es notoria y elocuente. Invitamos al lector a que repase las causas que investiga hoy el Ministerio Público de Chubut y compare, repase o recuerde si en santa Cruz ha visto, escuchado o leído alguna acción similar de parte de la Justicia, el tribunal de Cuentas u organismos de control, sobre los cientos de casos de dineros públicos desaparecidos, coimas, cohecho, utilización indebida de los aviones y/o sobreprecios, corrupción en Lotería, en el manejo de las viviendas, la obra pública, manejo irregular en los servicios públicos, encubrimiento, desvío de fondos y malversación de los dineros públicos. (Agencia OPI Santa Cruz/ Chubut)

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