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El “Efecto Pitty” y la razón de por qué la inseguridad es problema del Congreso y los jueces

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11:15 – (Por Rubén Lasagno) – Aplica para la oportunidad, ejemplificar por qué entre las decenas de causas concurrentes en el fenómeno de la inseguridad, la justicia y la anomia, son parte primaria e indivisible del problema. Por ello, los argentinos vivimos sumidos en la inseguridad con un crecimiento exponencial del delito, éstos son cada vez más graves y la gente decente debe encerrarse para que los criminales y homicidas anden libre por las calles; el punto fundamental es la impunidad y los principales responsables son: los encargados de legislar (diputados y senadores) y los jueces, quienes deben aplicar las mismas.

La inseguridad en la Argentina queda vivamente plasmada en el caso emblemático de impunidad que rodea al personaje del Rock nacional Cristian «Pity» Álvarez, un drogadicto reconocido y destacado por sus dislates y crímenes a lo largo de los años, quien no fue detenido a tiempo y hoy mató a un hombre de al menos cuatro balazos en la cabeza. 

¿Se podía prever este desenlace?: Si. ¿Se hizo algo para que esto no ocurriera?: No.

Solo basta repasar el raid delictivo de este hombre en los últimos 12 años y la pregunta retórica que surge es ¿Por qué estaba aún en la calle?. Respuesta: por culpa de la impunidad que otorgan jueces y fiscales que lo dejaron libre una y otra vez.

Si acaso los jueces, como es de rigor, se escudan tras los “agujeros negros” que tienen las leyes, los códigos y las normas en general, las cuales pueden ser vulneradas una y otra vez por su “capacidad interpretativa” sin solución de continuidad, la culpa es compartida con quienes dan forma a esas leyes: los legisladores nacionales.

El 29 de junio de 2006, Álvarez robó un auto a un remisero en Federación, Entre Ríos. Denuncia, demora y quedó libre.

El 4 de julio de 2010, un admirador le pidió sacarse una foto con él, Álvarez se negó le sacó el celular, se lo rompió, le mostró un arma y amenazó con pegarle dos tiros. Fue a juicio oral. Denuncia, demora y quedó libre.

El 18 de julio de 2010 por robarle una cámara de televisión a noteros del Canal América. Denuncia y nada pasó.

El 30 de agosto de 2010 le disparó un tiro en la pierna a su representante, Alejandro Novara, en un apart hotel de Tamborini al 2800, en el barrio porteño de Núñez. Escándalo y el juez “se creyó” que fue un accidente. Se le había escapado un tiro. Por supuesto nada dijo del arma, ni cómo la tenía sin permiso, ni por qué la portaba. Lógico, era “El Pity”…

En enero de 2014 fue detenido por la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal por tenencia de crack. Previamente había sido detenido por la misma causa y tenencia de armas. Causas graves si las hay. Siguió libre por disposición de los jueces.

En septiembre de 2014, se tiró de una escalera, se quebró un pie y el parte médico indicó altas dosis de rivotril en su torrente sanguíneo. No fue internado.

El 28 de septiembre de 2015 fue “demorado” por lanzar llamas en un recital realizado en la Plata. Se puso combustible en la boca y prendió fuego en un espacio cerrado. A pesar de la “sensibilidad” por lo de Callejeros, a él no le pasó nada.

En noviembre de 2016, dos mujeres de su producción lo denunciaron porque las golpeó y las mantuvo encerradas 6 horas en un departamento con llave. A pesar de la violencia de género (tan sensible en la sociedad actual) y el delito de privación ilegítima de la libertad, siguió libre. Los jueces entendieron que “fue una travesura” y un conflicto de pareja.

El 20 de abril de 2017 fue internado en el Hospital Santojanni tras sufrir un grave accidente con su moto mientras circulaba por la autopista 25 de mayo, bajo los efectos de la droga y el alcohol. Previamente había tenido otros accidentes por el mismo motivo. Sin consecuencias judiciales.

El 8 de abril de 2018, en Tucumán, apareció 8 horas después de la hora para su presentación en un recital. Le arrojaron botellas y otros objetos. Insultó a todos, enardeció a más 10 mil espectadores y no ocurrió una tragedia solo por casualidad. Ningún juez vio esto como anormal. Si hubiera habido un muerto, vemos…

Posee detenciones reiteradas por posesión de estupefacientes, abuso de armas, amenazas reiteradas, ataques alcoholizado y/o drogado, portación ilegal de armas y a su vez éstas de origen ilegal y un sinnúmero de acusaciones de todo tipo llegando a la violación y el maltrato de género. Lo encontraron con varios DNI truchos, cédulas verdes de autos falsificadas. Por muchísimo menos, cualquier ciudadano común purga prisión perpetua. En este caso, los jueces no vieron nada malo.

Hubo fiscales que pidieron su internación, jueces que se negaron; el fiscal general Oscar Antonio Ciruzzi, intervino en el último juicio hace un año atrás, en el que se declaró inimputable al músico. Pidió su hospitalización ante el TOF de Capital Federal y los jueces entendieron que no era para tanto. Se parecía mucho a la situación por la que había atravesado Charly García (¿?).

El TOF Nº 20 declaró inimputable al “Pity” por amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuero, portación de armas de guerra sin autorización, daño, portación de armas de uso civil condicional, encubrimiento agravado, todo en concurso real.

Los jueces del TOF dispusieron que el músico realizara “un tratamiento ajustado a su “poliadicción con el consecuente riesgo de involucrarse en conductas socialmente desajustadas” (¿?). Quedó libre.

El fiscal Ciruzzi recurrió ante la Cámara de Casación Penal, porque antes había solicitado su condena. Se la negaron; a ninguno de los jueces les importó cuidar al ciudadano.

Un informe médico determinó que el músico de Viejas Locas consumía periódicamente altas dosis de rivotril, morfina y clack.

El fiscal Ciruzzi solicitó al TOF N° 20 que el músico fuera internado con carácter de urgencia, por los riesgos que implicaba para él y para terceros. La demanda no fue escuchada.

Hoy 12 de julio de 2018, el músico discutió con otro hombre en las calles de su barrio, sacó un arma corta y le puso cuatro balas que terminaron con la vida de la víctima. Tiró la pistola en una alcantarilla y se fugó.

Ahora, todos los buscan consternados por lo ocurrido. Lo peor pasó y no fue por casualidad. Sucedió porque hubo un encadenamiento de impunidad que lo permitió en un país donde no hay justicia o la hay para el pobre tipo que robó un kilo de carne en un supermercado y no para quienes ostentan poder político, económico o fama.

Los jueces dirán que “la ley lo permitió, cambien las leyes” y nos remitirán a los legisladores para que modifiquen los códigos. Los diputados y senadores se ampararán en cuestiones garantistas y abolicionistas para no hacer su trabajo y cuidar a la sociedad de estos eventos. Ambos seguirán lavándose las manos como Pilato y el hombre común sufriendo la inseguridad a diario. A nadie le importa, solo al que la padece.

Funcionarios, ex presidentes, diputados, senadores, etc, andan con decenas de guardaespaldas a la rastra que pagamos todos los argentinos. A ellos, seguramente, nunca les ocurrirá nada.

Como corolario de esta escena surrealista, algún trasnochado saldrá a poner parches de demagogia política en la circunstancia. No faltará el que hable de las armas, de la droga, de la fama y de lo bien que está haciendo el gobierno sus deberes en gestión de recursos para combatir la criminalidad. Darán índices que nadie conoce, paseándose por los principales canales de TV y mañana ya todo estará olvidado (al menos es lo que creen).

Esto es solo un ejemplo, pero sirve para entender por qué estamos como estamos. Lo de Álvarez es una prueba básica, el fenómeno es mucho peor aún; lo podemos multiplicar por miles de estos casos en el país. A diario se detienen a delincuentes “con frondosos prontuarios” y nadie es responsable de que estos tipos estén en la calle matando gente.

Hasta que no veamos (al menos) a diputados y senadores destituidos de sus funciones por hacer mal o no hacer bien su trabajo a favor de la comunidad y a jueces presos por mala praxis, este país no tiene futuro. (Agencia OPI Santa Cruz)

7 Comentarios

  1. La ausencia de justicia es el problema mas grave que tiene el pais. TODOS estan involucrados y se defienden.
    Los jueces no pueden justificar sus patrimonios. El Consejo de la Magistratura es un antro que no funciona en absoluto. Los abogados son complices de los delincuentes y viven de lo robado.
    Es obvio que Santa Cruz no es un ejemplo en materia de justicia Sobre todo cuando estan involucrados amigos del poder.
    El articulo 52 del Codigo Penal ha sido derogado «de facto» y solo utilizan el articulo 51 para hacer absurdas «unificaciones de penas» que siempre disminuuen el monto total de las condenas.
    Si lo encuentran al Pitty Alvarez que lo encierren en la casa del ultimo juez que lo libero.

    • Estoy en un total acuerdo con Ud. En mi carácter de ser ciudadano de la Pcia de Santa Fe esto está magnificado cdo quienes tienen el control son los narcos en convivencia con los políticos.

  2. Excelente comentario, cdo a un país lo manejan los carteles de la droga es lo que ocurre
    El problema es que si no se hace algo al respecto esto sigue avanzando, tengo la experiencia por vivir en Sta Fe.

  3. Encadenamiento de causas y consecuencias:
    1) Las cárceles están desbordadas (porque hace 50 años que no se construyen nuevas, y la población del país -delincuentes incluidos- se triplicó en el mismo lapso).
    2) Lo mismo que pasa con las cárceles pasa con los hospitales y escuelas, y por las mismas razones.
    3) Como ya no hay dónde meter presos, cumplen condenas en comisarías y alcaidías que no están preparadas para eso.
    4) Buena cantidad de esos presos son perejiles o delincuentes de poca importancia, que no pueden pagar defensas como las que tienen narcos, piratas del asfalto y otros mayoristas del delito.
    5) La solución correcta sería aumentar el presupuesto asignado al sistema carcelario, para tener más cárceles, con mejor infraestructura y recursos que, además de permitir el alojamiento de todo aquel que deba cumplir condena, permita intentar la resocialización de tantos como se pueda. Pero en el país del ajuste eterno, el ciudadano común -comprensiblemente- siempre preferirá que el poco dinero disponible vaya a hospitales y escuelas, no a dar mayor confort a los delincuentes.
    6) Alguien podría decir que tal vez la solución sea más drástica, y siguiendo el supuesto ejemplo coreano, chino o norteamericano, se aplique pena de muerte para reducir la población carcelaria, eliminando a los irrecuperables. Perfecto. Siempre y cuando me aseguren que las causas e investigaciones sean realizadas por policías incorruptibles, incapaces de plantar o suprimir prueba o digitar un resultado de diligencias probatorias, y resueltas por jueces igualmente incorruptibles, idóneos e impermeables a influencias politicas, intereses económicos o desviaciones de cualquier tipo.
    7) Finalmente, y como siempre, la solución es educar desde ahora a los futuros policías, jueces y ciudadanos, que son nuestros niños, para que en un futuro que nosotros no veremos pero ellos tal vez sí, todos ellos respeten las leyes, para que el ciudadano viva en paz, el policía se dedique básicamente a dirigir el tránsito, y el juez a resolver conflictos vecinales de menor cuantía. No es fácil ni rápido, pero tampoco imposible.

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