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Carlos Wagner nombró a once empresas que no estaban siendo investigadas

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09:10 Además, dijo que en la mesa incial donde se implementó el sistema ideado por De Vido, estaba Iecsa aún en manos de los Macri.

Por: Lucía Salinas
Carlos Wagner fue el primero en hablar de “coimas” entre los diez imputados colaboradores que ya tiene la causa de los cuadernos de las coimas. Sin eufemismos y corriéndose del planteo de los “aportes de campaña”, expuso un sistema que era vox populi pero al que en esta ocasión y por primera vez en el marco de una causa judicial, se le puso nombre y apellidos a los responsables. El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de Esuco SA dio detalles de cómo funcionaba el “Club de la obra pública” del cual él era un “facilitador” e involucró a -al menos- once constructoras más que no estaban siendo investigadas. El nombre de Lázaro Báez suena por primera vez en este expediente y vuelve a resonar el de Iecsa antes del aterrizaje de Ángelo Calcaterra a la misma.

En una reunión, sin mayores explicaciones más que el instructivo de cómo se manejaría la obra pública, sobre todo en lo que respecta a obras de ingeniería civil, desde ese momento, Wagner escuchó a Julio De Vido. Le habló del “sistema” de cartelización que permitía un retorno del 10 al 20% del monto total de obra, un porcentaje que las constructoras que estaban sentadas en esa mesa, debían pagar al Estado que las contrataba. Entonces, el empresario admitió que no eran “aportes” ni “contribuciones”, sino “coimas, sobornos”.

“No importaba quién ganara, el sistema funcionaba y si querías ser parte había que ajustarse a las reglas”, dijo el empresario arrepentido e imputado como partícipe necesario de un asociación ilícita que “comandó” Néstor y Cristina Kirchner que se dedicó a “organizar un circuito de recaudación de fondos ilegales para enriquecerse de forma ilegítima”, señala la acusación judicial.

En este contexto, el juez Claudio Bonadio inició la investigación sobre una veintena de empresas de la construcción y del sector energético. En un megaoperativo allanó las sedes comerciales, secuestró celulares, agendas, anotaciones, computadores, registros de ingresos a las sedes de las compañías. ¿Por qué? Porque para la Justicia el circuito de sobornos que recaudaba -según la causa- el gobierno kirchnerista no podría haber cumplido su objetivo sin la participación de las firmas: “aportaron en un sinnúmero de oportunidades más de 35 millones de dólares”, indica la imputación.

La cifra, aunque es “ordenadora” explican fuentes judiciales, no es el punto central de las confesiones de los empresarios que se convirtieron en imputados colaboradores. “Lo relevante es que admitieron que la maniobra existió, que el sistema de recaudación existía y que prevaleció en el tiempo”, indicó una alta fuente del expediente a Clarín. Eso sí, se sospecha que esta ruta de “fondos ilegales” superó los 200 millones de dólares.

Pero el radio de compañías investigadas se amplió después que Wagner contó cómo funcionaba todo. Se ponían de acuerdo previamente antes de presentarse a una licitación con las empresas, acordaban el monto que cada una licitaba y así, con antelación, se sabía quién ganaba. La firma adjudicatarias “después arreglaba con (José) López, (Roberto) Baratta, o De Vido cómo se pagaba”.

Así, el ex presidente de la Cámara de la Construcción mencionó más empresas: Losi, Chediak (cuyo dueño se presentó espontáneamente ante la Justicia y acordó ser imputado colaborador) Vial Agro, Fontana, Vialco, Micastro, Marcalba, Equimac, Coarco, Cartellone (investigada en una de las causas de Odebrecht), Perales Aguiar.

El listado incluye a Biancalani, la constructora chaqueña que años después pasó a integrar el Grupo Austral, propiedad nada más y nada menos que del socio comercial de Cristina Kirchner: Lázaro Báez. Este sistema del “Club de la obra pública” sentó en la mesa a esta firma que después comenzó a ganar contratos viales de la mano del empresario K.

Bajo el nombre de “Sucesión Adelmo Biancalani”, Báez la adquirió y trasladó el mismo mecanismo que venía implementando en Santa Cruz, al norte del país: contratos millonarios, con redeterminaciones de precios que modificaron, según la auditoría de Vialidad Nacional, sus costos en un 65%. El “modus operandi” tenía otro componente: las obras tampoco se concluyeron en la provincia que gobernaba Jorge Capitanich, después jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

Además, Wagner dijo que en esa mesa de empresas estaba desde un comienzo, sentada Iecsa. Entonces, por el 2004 la firma aún no estaba en manos de Ángelo Calcaterra -también convertido en “arrepentido” en la causa de los cuadernos de la corrupción-, sino que era propiedad de la familia Macri.

Con este aporte, Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli comenzaron a investigar más empresas y la AFIP por su lado, inició un expediente por presunta evasión fiscal y lavado de dinero sobre todas. (Clarín)

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