11:00 La Justicia encontró otros “cuadernitos” o “libretas” de las coimas. Esta vez, los investigadores descubrieron un curioso sistema de 273 contrataciones truchas, con firmas apócrifas y pagos de coimas pergeñado durante el kirchnerismo por el Distrito N°1 de Vialidad, la oficina encargada de las obras viales nacionales dentro de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
Por: Maia Jastreblansky
El juez federal Daniel Rafecas citó a declaración indagatoria en las últimas horas a 27 personas, 15 de ellas funcionarios y exfuncionarios, que habrían integrado una asociación ilícita para llevar a cabo múltiples maniobras espurias a pequeña escala, por al menos 14 millones de pesos. Los citados a declarar están imputados por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, falsificación de documentos privados, falsedad ideológica de instrumentos públicos y asociación ilícita.
Además de los funcionarios de Vialidad sospechados, habrían formado parte de la asociación ilícita una docena de particulares que actuaron como proveedores del Estado. No son grandes empresarios. Se trata de monotributistas y dueños de sociedades comerciales creadas ad hoc para intervenir en estas licitaciones truchas. También firmas que cambiaron llamativamente su objeto social para participar de los contratos.
Tal como publicó LA NACION en enero del año pasado, las primeras sospechas sobre estas maniobras espurias se suscitaron cuando una auditoría interna de Vialidad (bajo la gestión de Javier Iguacel ) detectó 13 licitaciones orquestadas para simular una aparente competencia entre proveedores, firmas y sellos truchos y la falsificación de pagarés.
Así, por ejemplo, el dueño de un galpón de materiales de construcción de Lomas del Mirador quedó descolocado por los auditores de Vialidad Nacional que lo consultaron por una vieja licitación: su empresa jamás había participado de una contratación pública. Más tarde lo sorprendió ver documentación con su firma y el sello de su compañía. Todo era falso. La misma dinámica se repetía con otras empresas y esos hallazgos dieron origen a una denuncia penal.
Tras varios meses de pesquisa, los investigadores del juzgado de Rafecas detectaron que entre 2013 y 2015 se habrían concretado al menos 273 operaciones comerciales (locaciones de obra, de servicio y compra de bienes) donde se falsificaron las invitaciones a los proveedores, las constancias de retiro de los pliegos y, hasta en ciertos casos, las ofertas de precios.
Muchas de las empresas que integraron el “top 20” de proveedores con mayor monto adjudicado por el Distrito N°1 de Vialidad están sospechadas de ser cómplices de la maniobra. Exfuncionarios y proveedores, en muchos casos, están vinculados por lazos de parentesco. Hay cónyuges de los dos lados del mostrador, padres e hijos. Incluso una tía y una sobrina.
“Se falsificaban todos los sellos y firmas de empresas reales que nunca fueron convocadas; y en otros las empresas eran directamente inventadas, todo ello para cumplir en apariencia con los requisitos formales de las licitaciones”, explicó una fuente judicial. Entre los contratos sospechados figuran 52 licitaciones públicas con irregularidades que suman $14.367.009.
Sobreprecios y coimas
La Justicia sospecha que detrás de los contratos irregulares se escondieron sobreprecios y coimas, o retornos. Un proveedor de repuestos de autos, por caso, vendió 191 baterías en tan sólo seis meses, por modelos de vehículos y volúmenes incongruentes con la flota de rodados de Vialidad en aquel entonces.
Los investigadores allanaron más de veinte domicilios de oficinas y proveedores. En uno de esos lugares se hallaron notas manuscritas vinculadas a una operación comercial en la que se haría alusión a un reparto de coimas, con indicaciones que apuntarían a funcionarios destinatarios de los retornos ilegales y sus montos.
“Para mí: $285.507”, “Sergio, 1100”. “Carlos, 28.850”, comienza la lista que alude a una venta de baterías. La siguiente página alude a un presunto reparto para “Vialidad”: “Daniel, 170.280”; “Raúl, 16.000”; “Ricardo, 5.000”; “Cristian, 10.000”.
Entre los casos donde se fraguó la participación de oferentes en las licitaciones figura una adquisición de ropa de trabajo. El dueño de una compañía que figuraba en la licitación recibió fotos de la documentación y negó enfáticamente que la firma y el sello fueran suyos. Otro de los supuestos proveedores se llevó una sorpresa mayor: se encontró con un pagaré por $ 15.258 que -dijo- jamás había confeccionado.
En el caso de las obras de mantenimiento del puente Avellaneda, se realizó la licitación privada N° 56/2013. En aquel entonces, por ley era obligatorio llamar a licitación pública toda vez que una contratación superara los $ 800.000. Pero el llamado se hizo por $ 799.015. Cinco empresas retiraron el pliego (y firmaron una constancia), pero sólo una ofertó y se llevó el contrato. Al ser consultadas, las demás “oferentes” desconocieron la rúbrica que figuraba en la documentación.
En otras de las licitaciones privadas para la remodelación de oficinas se halló un caso burdo: uno de los que figuraba en la compulsa de precios vio que su sello, fraguado, tenía mal escrito su nombre. En lugar de “Moneto”, aclaró, su apellido llevaba doble “T” . En otro caso de compra de mobiliario, una de las empresas aclaró que estaba mal su razón social: no se llamaba “Muebles Caporaso” sino “Establecimientos Caporaso”.
Las indagatorias comenzarán el lunes 24 de septiembre. Se prevé que declare el ex titular del Distrito 1 de Vialidad, Leandro Sverdlik y otros 14 integrantes del organismo. (La Nación)
