10:00 El ex funcionario es investigado por cerrar una delegación de la AFIP que investigaba la emisión de facturas truchas.
Por: Lucía Salinas
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sea enviado a juicio oral por los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público.
Ese juicio es para determinar si Echegaray ordenó cerrar la delegación Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos que investigaba al empresario Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones, por el uso de facturas truchas.
Esto fue después que el juez Sebastián Casanello procesó a Ricardo Echegaray por el supuesto encubrimiento a Austral Construcciones, empresa insignia de Báez, en el marco de la causa por lavado de dinero, en la que el empresario se encuentra detenido hace dos años.
Además se pidió que a la próxima instancia del proceso, también sea enviado el exfuncionario Rubén Toninelli por encubrir las actividades de la empresa Austral Construcciones del empresario detenido Lázaro Báez.
El expediente inició a comienzos de 2015 por la denuncia de la entonces diputada por el GEN Margarita Stolbizer. Fue quien expuso que desde octubre del 2014 se desprendía la sospecha de que Austral Construcciones “habría montado, junto con al menos tres grupos de empresas de Bahía Blanca, una maniobra defraudatoria contra el Estado, siendo el modus operandi la utilización de facturas apócrifas por varios millones de pesos”.
Esto le habría permitido a la firma de Báez “reducir considerablemente el monto de impuestos pagados en los últimos años a la AFIP”, sostuvo Casanello en su momento.
La principal acusación contra Echegaray como titular del ente fiscal es que “únicamente investigó a las empresas de facturas falsas y evitó de esa forma cualquier tipo de control sobre Austral Construcciones, lo que le permitió justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes (lo que, en paralelo, le habría servido para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que luego tendrían como destino las operaciones de lavado de dinero)”.
Por tal motivo se investigaron a funcionarios de la AFIP “por haber incumplido la normativa vigente beneficiando de ese modo al empresario Lázaro Báez”.
Al respecto, en su requerimiento de elevación, el fiscal Marijuan explicó que la prueba producida “permite tener por acreditado que tanto Echegaray y Toninelli desde los cargos que ostentaron dentro de la administración pública con el fin de brindarle protección a Lázaro Antonio Báez, no cumplieron con sus obligaciones de investigar y denunciar las irregularidades que fueron conocidas como consecuencia de las fiscalizaciones llevadas a cabo por la Dirección Regional Bahía Blanca”.
Por el contrario -según la Fiscalía- con el fin de “ocultarlas decidieron disolver esa dirección” al referirse a la Dirección Regional de Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos: “a partir de la sanción de esa disposición se obstaculizó el avance producido en las fiscalizaciones y que daban cuenta de las irregularidades de un posible fraude al fisco cometido por las personas jurídicas mencionadas”.
Desde sus comienzos, Stolbizer sostuvo que la AFIP “tenía conocimiento, por lo menos desde hacía dos años, de la estafa millonaria que Lázaro Báez le había provocado al Estado Nacional utilizando facturación apócrifa”.
Como resultado de la exposición de la maniobra, la Administración Federal de Ingresos Públicos de Bahía Blanca “se vio afectada al punto tal, que mientras los inspectores de la Dirección Regional de aquella ciudad avanzaban con la investigación, Ricardo Echegaray como máxima autoridad de la AFIP, disolvió la Regional”.
En 2013 se determinó que las maniobras de lavado de dinero que habría llevado a cabo el empresario K permitían forjar la “sospecha de la existencia de una compleja defraudación tributaria, perpetrada por Austral Construcciones, con la intervención de una serie de sociedades que fingieron contraprestaciones y generaron facturas apócrifas como un ardid para inflar costos en el marco de las obras públicas que le fueron adjudicadas por el Estado”, sostuvo el juez ap procer a Echegaray.
Por ello la Justicia planteó que las principales autoridades del fisco “habrían obstruido el avance de las fiscalizaciones iniciadas en dicho organismo, las cuales denotaban la existencia del fraude tributario en cuestión, sindicando como beneficiario del mismo, en forma directa o indirecta, dependiendo el caso, a la empresa Austral Construcciones”.
El resultado final de ese accionar, según el juez de la causa, “habría sido que las fiscalizaciones en curso, finalmente, se centraran únicamente respecto de Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta S.A. y Calvento S.A, y no trascendieran al beneficiario final de la maniobra, Austral Construcciones S.A”.
La firma insignia de Báez subcontrató, por lo menos, a cuatro empresas: Constructora Patagónica Argentina S.A., Grupo Penta y Cía.S.A., Calvento S.A. y Terrafari SA mientras recibía contratos del Estado.
El juez determinó que hubo “notables irregularidades detectadas en esas firmas y los vínculos con Austral que venían aflorando con el devenir de las fiscalizaciones mencionadas derivaron en la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca”.
Esto derivó en reubicaciones de cargos y hasta el desplazamiento de supervisores e inspectores de la dependencia.
“Con tal proceder, las fiscalizaciones pasaron a la nueva División Fiscalización nro. 5, dependiente de la Dirección Regional Mar del Plata, lo que provocó que perdieran el curso y el grado de avance que venían alcanzando en torno a la afirmación de la existencia de facturas apócrifas por supuestos servicios prestados en favor de ACSA, de parte de Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta S.A. y Calvento S.A”, explica la resolución.
Así, Marijuan indicó que las anomalías detectadas por la Dirección Regional de Bahía Blanca, podía resultar desconocida para las autoridades de la Administración Federal, teniendo en cuenta que –como se ha demostrado- se trató de un mecanismo que se fue empleando en varias ocasiones con los distintos contribuyentes, muchos de ellos pertenecientes a un mismo grupo familiar”.
“Está claro que en el marco de las facultades y atribuciones conferidas a los responsables de la AFIP se encuentra el deber de promover e investigar la posible comisión de un delito por parte de los contribuyentes. Sin embargo, actuaron de manera contraria, obstruyendo los avances de las fiscalizaciones y disolviendo la regional que las tuviera a su cargo”, indicó el fiscal federal. (Clarín)
Que te rompan el orto en la cárcel. Este HDP te perseguía a muerte con la DGI y por detrás amparaba a Cristóbal López y al Lázaro Báez. Todos los demás, éramos los giles que debíamos pagar y pagar.