13:00 Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron los procesamientos que dictó el juez Claudio Bonadio la semana pasada en la causa de los cuadernos de las coimas y pidieron el procesamiento con prisión preventiva del CEO de Techint, Paolo Rocca , el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner Juan Manuel Abal Medina , su secretario Hugo Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda.
Por: Candela Ini
Los fiscales argumentan que Bonadio procesó sin prisión preventiva a Rocca, Larraburu, Abal Medina, Padoan y Aranda sin fundamento alguno. Consideran injusto que al resto de los imputados se los haya procesado con prisión preventiva y no a esta segunda tanda de imputados.
En la apelación sostienen: “En lo que respecta a los imputados Abal Medina, Rocca, Larraburu, Padoan y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos, ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes sí se procesó con prisión preventiva”.
Esta apelación no será resuelta por Bonadio, sino por la Sala I de la Cámara Federal, que interviene en la causa de los cuadernos, integrada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Se deberá resolver, entonces, si se les concede a estos imputados la exención de prisión como se hizo con otros involucrados en esta causa, que sí habían sido procesados con prisión preventiva.
Los fiscales no expresaron objeciones sobre la falta de mérito dictada Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y de la ex IECSA.
La situación de Paolo Rocca, a quien Bonadio procesó por asociación ilícita y cohecho activo, es una de las más relevantes en la apelación de los fiscales.
El cohecho activo es referido a los pagos que confesaron haber hecho Luis Betnaza y Héctor Zavaleta, directivos de Techint, a los exfuncionarios kirchneristas por la situación de Sidor en Venezuela. Rocca había declarado ante Bonadio que desconocía esa gestión.
Pero para los fiscales existió un “acuerdo venal, corrupto, entre privados y funcionarios públicos, en pos de obtener, de un lado como del otro, beneficios de carácter patrimonial”.
Otro punto que marcan los fiscales en el recurso presentado, es que Bonadio no precisó la cantidad de hechos que configuran la figura de cohecho activo. Entonces especifican que se trata de nueve visitas en el año 2008 al edificio de Techint por parte de Roberto Baratta, con fines recaudatorios.
En relación a la figura de asociación ilícita, Rocca había argumentado que el Grupo Techint recibió “apenas un 1%” de los contratos en materia de infraestructura otorgados durante los doce años de gobierno kirchnerista.
El juez está a la espera de que la Cámara Federal revise los procesamientos de Cristina Kirchner y el resto de los empresarios que declararon como “arrepentidos” y salieron en libertad tras confesar haber pagado sobornos. Una confirmación implicaría un respaldo para la investigación que lleva el magistrado y allanaría el camino para elevar el caso a juicio oral el año próximo. (La Nación)
