10:00 Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron los procesamientos que dictó el juez Claudio Bonadio la semana pasada en la causa de los cuadernos de las coimas y pidieron el procesamiento con “prisión preventiva” del CEO de Techint, Paolo Rocca; del exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner Juan Manuel Abal Medina; del secretario de este Hugo Martín Larraburu, y de los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda.
Por: Candela Ini
El recurso presentado no tendrá un efecto inmediato sobre la situación de cada uno de estos imputados. La Cámara Federal analizará los procesamientos dictados por Bonadio y decidirá si los revisa. Recibirá los planteos que hicieron tanto los fiscales como las defensas.
Los fiscales argumentan que Bonadio procesó sin prisión preventiva a Rocca, Larraburu, Abal Medina, Padoan y Aranda sin fundamento suficiente. Consideran que no les aplicó a ellos la misma vara que a otros imputados que en la tanda anterior de procesamientos sí habían sido procesados con prisión preventiva.
En el recurso de apelación, los fiscales sostienen: “En lo que respecta a los imputados Abal Medina, Rocca, Larraburu, Padoan y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos atan su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes sí se procesó con prisión preventiva”.
Quienes resolverán esta apelación son los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Después, si ellos hicieran lugar a lo pedido por los fiscales, se deberá analizar si de todos modos se les concede a estos imputados la libertad como se hizo con otros involucrados en esta causa que sí habían sido procesados con prisión preventiva.
Bonadio procesó a Rocca por asociación ilícita y cohecho activo.
Este último delito es referido a los pagos que confesaron haber hecho Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, directivos de Techint, a exfuncionarios kirchneristas por la situación de Sidor en Venezuela. Al declarar, Betnaza había explicado que los pagos de 2008 fueron para sacar a más de 200 empleados argentinos de Venezuela tras la expropiación de Sidor. Rocca había declarado ante Bonadio que desconocía esa gestión, pero el juez consideró que no podía desconocerla.
Otro punto que marcan los fiscales en el recurso presentado es que Bonadio no precisó la cantidad de hechos abarcados por el delito de cohecho activo. Y en ese sentido especificaron que hubo nueve visitas en 2008 al edificio de Techint por parte del entonces secretario Roberto Baratta con fines recaudatorios.
Para los fiscales, son todos hechos distintos. “Consideramos que cada pago realizado y recibido configurará un hecho independiente que habrá de concurrir de manera real con los demás, pues en cada supuesto se renueva el designio criminoso”, afirmaron.
En su defensa, Rocca había argumentado que el Grupo Techint recibió “apenas un 1%” de los contratos en materia de infraestructura otorgados durante los doce años de gobierno kirchnerista.
En paralelo con estas apelaciones, la Cámara Federal tiene pendiente además revisar los procesamientos de Cristina Kirchner y el resto de los empresarios que declararon como “arrepentidos” y salieron en libertad tras confesar haber pagado sobornos.
Una confirmación de esos procesamientos implicaría un respaldo para la investigación que lleva adelante el magistrado y allanaría el camino para elevar el caso a juicio oral el año próximo.
Desde las empresas Tenaris y Ternium, del Grupo Techint, explicaron: “El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato”.
“La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente”, agregaron desde la compañía, y recordaron que todavía debe pasar por la resolución de la Cámara.
Con respecto a los demás implicados en los procesamientos que dictó Bonadio la semana pasada, los fiscales objetaron la falta de mérito a Miguel Ángel Marconi, de la empresa Supercemento SAIC, y pidieron su procesamiento. Sin embargo, no expresaron objeciones sobre la falta de mérito dictada para Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y de la ex-Iecsa.
Además, tal como lo habían hecho en el recurso apelatorio de la primera tanda de procesamientos que dictó Bonadio, los fiscales marcaron que la figura delictiva de dádivas no es la apropiada para los procesados, de acuerdo con su criterio, sino la de cohecho activo o pasivo.
Para los fiscales, existió un “acuerdo venal, corrupto, entre privados y funcionarios públicos, en pos de obtener, de un lado como del otro, beneficios de carácter patrimonial”.
Stornelli y Rívolo consideran que no se trata de la “mera dación de un dinero con objeto de congraciar al funcionario corrupto, sino que el objeto no fue otro que obtener, del funcionario, esos beneficios explícitos que se han sintetizado en la posible concesión o prórrogas de las obras y/o liberación de pagos”.
La respuesta de la empresa
Desde Techint sostuvieron que el pedido de prisión preventiva dictado por los fiscales de la causa de los cuadernos “no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato”.
“La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente. La Cámara de Apelaciones analizará el pedido de los fiscales al pronunciarse sobre la decisión del juez (Claudio) Bonadio (la cual ha sido apelada por los fiscales y por las restantes personas involucradas en dicha decisión), oportunidad en la que también considerará la apelación (de Paolo Rocca)”, respondieron en la empresa.
