08:00 – Días después del escándalo que todavía despierta máxima atención política y judicial, el Consejo de la Magistratura aceleró hoy la investigación sobre el juez federal Luis Rodríguez, acusado de haber recibido un soborno por unos US$ 10 millones a cambio de favorecer al ex secretario privado de Néstor Kirchner en una causa.
Por: Iván Ruiz
La comisión de Disciplina y Acusación aprobó por mayoría medidas de prueba que no sólo intentarán determinar si el magistrado incurrió en mal desempeño en dos expedientes, sino que, además, avanzarán con una investigación sobre todo su patrimonio.
Los consejeros pidieron información sensible sobre el juez y su mujer: sus cuentas bancarias, sus gastos en tarjeta de crédito, sus viajes al exterior, propiedades y vehículos a su nombre. También abrirán los anexos reservados de sus declaraciones juradas, entre otras medidas.
Las pruebas fueron requeridas por el consejero Diego Molea, un abogado cercano al oficialismo que quedó a cargo de toda la investigación contra Rodríguez, que acumulaba cinco denuncias en su contra. A pedido de Molea, la comisión requirió también copia de la causa penal en la que el juez habría favorecido a Muñoz y a su viuda, pidió todas las denuncias penales contra Rodríguez, así como una copia de los párrafos precisos en los que Carolina Pochetti se refiere al pago del soborno para el magistrado en su confesión por los cuadernos de las coimas.
Entre otros documentos, la comisión recibirá también el expediente que investigaba al ex funcionario kirchnerista Carlos Liuzzi. El juez Rodríguez fue denunciado en el Consejo por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires después de sobreseer en tres ocasiones al imputado.
Los únicos que plantearon objeciones avanzar con la investigación patrimonial sobre Rodríguez fueron los jueces Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones, que plantearon que el Consejo no puede acceder a información bajo secreto fiscal si ese pedido no se realiza a través de un juez. Por ese motivo votaron en disidencia.
La senadora Inés Brizuela y Doria, incluso, solicitó que la investigación contra Rodríguez incluyera a los familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad, pero la comisión acortó el debate y rechazó ese pedido para avanzar con las primeras medidas de prueba.
La comisión de Disciplina y Acusación recibirá a partir de la semana próxima información para analizar, por un lado, la evolución del patrimonio de Rodríguez y, por el otro, su desempeño en los expedientes judiciales. A raíz de estos primeros datos, entonces, el consejero Molea tendrá que decidir si los datos avalan una acusación formal contra el magistrado por mal desempeño.
La nación publicó la semana pasada que el Rodríguez compró el año pasado junto a su mujer una camioneta Audi Q5 2.0 TFSI valuada en unos US$80.000 dólares. La operación es equivalente a un año y medio del único ingreso informado por el juez en su declaración jurada ($180.000 mensuales) sin contemplar ningún tipo de gasto ordinario y representa poco menos de la mitad de todo su patrimonio informado hasta ahora.
El patrimonio declarado en 2017 está compuesto por un departamento de 215 m2 en Plaza Italia y por una casa con pileta en Escobar, cuyos lotes suman 2000 m2 (adquiridos en 2013 y 2015) valuados por el magistrado en $1,8 millones. Su último vehículo declarado había sido una Honda CRV modelo 2009. Tantos las propiedades como los autos son compartidos en partes iguales con su mujer.
Su esposa, además, es dueña de otro departamento ubicado en la calle Juncal, en Barrio Norte, según información oficial a la que accedió este diario. Y uno de sus hijos también es titular de un inmueble sobre la calle Dorrego, según documentos públicos. Por último, el juez declaró 61.000 dólares y 835.507 pesos en efectivo. (La Nación)
