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Cristina Kirchner, sospechada de haber encubierto informes de inteligencia ilegal

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Tercer día de allanamientos en la residencia de Cristina Kirchner Los Sauces de El Calafate – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

10:00 – Es por el presunto delito de encubrimiento de actos de inteligencia por unos documentos secuestrados en su vivienda de El Calafate.

Por: Lucía Salinas

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi investiga a la ex Presidenta por el presunto delito de encubrimiento de actos de inteligencia ilegal a raíz de unos documentos secuestrados en su vivienda de El Calafate.

Según confirmaron a Clarín fuentes judiciales, dos declaraciones testimoniales confirmaron la existencia de unas conversaciones cuyas desgrabaciones se encontraban en la residencia de Cristina Kirchner, pero allí, aseguraron ante el magistrado que «nunca fueron grabadas». En breve, la Justicia enviará un exhorto a España para realizar la misma consulta por unas desgrabaciones de YPF cuando formaba parte de la firma petrolera Repsol.

Después de tres días consecutivos de allanamientos en la residencia de Cristina Kirchner -ubicada en El Calafate-, el operativo concluyó con el retiro de 94 cajas con un centenar de objetos de valor y documentación.

La residencia ubicada en la villa turística fue allanada por orden del juez Claudio Bonadio -en la causa de los cuadernos de las coimas- y una vez obtenida la información, decidió realizar una extracción de testimonio para pedir que se investigue una serie de carpetas halladas en una suerte de bóveda, según describió el magistrado. Por sorteo, esta investigación recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi junto al fiscal Eduardo Taiano.

De la propiedad de la ex mandataria, la Policía Federal secuestró una importante cantidad de documentación que se encontró en carpetas individualizadas.

Entre esos documentos, sobresalían informes sobre grupos empresariales: una transcripción de escuchas telefónicas de la minera Barrick Gold la más importante en la explotación de oro en el país y con base en San Juan. También se detectaron informes sobre el escándalo de las coimas vinculadas a Petrobras, firma en la que buscó hacer pie Cristóbal López.

Además, la Policía Federal se encontró con movimientos bancarios de varias empresas. Había “planillas donde se sospecha controlaban sus gastos y ganancias”, informaron fuentes judiciales a Clarín.

Del jefe de los espías que Cristina Kirchner echó en diciembre de 2014, Antonio Jaime Stiuso, también había un informe. No era el único. También se encontró un informe sobre Pedro Tomás Viale, el “Lauchón”, agente de contrainteligencia, quien murió asesinado y era hombre de extrema confianza de Stiuso.

Toda esta documentación se constituyó en una nueva causa que tiene el juez Martínez De Giorgi. Sólo imputada por ahora, Cristina Kirchner es investigada por presunto encubrimiento de informes ilegales de inteligencia.

Durante la instrucción, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el magistrado llamó a declaración testimonial a un alto directivo de la General Motors por una desgrabación que había entre los papeles. Este representante de la compañía admitió la existencia de dicha conferencia con otros referentes, pero señaló que «nunca había sido grabada».

Respuesta similar obtuvo el juez cuando citó a declaración testimonial a Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia del gobierno de Eduardo Duhalde, ya que había una desgrabación que lo implicaba. Admitió la existencia de esa conversación, pero señaló que nunca había sido grabada.

Asimismo, la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE), remitió al juzgado un informe donde se explicó que los documentos bajo investigación «no responden a ningún informe oficial del área de inteligencia».

En este contexto, resta el envío de un exhorto a España donde el juez realizará la misma consulta a responsables de la empresa Repsol cuando integraban YPF ya que es otra de las desgrabaciones secuestradas.

Fuentes judiciales señalaron a Clarín que la investigación se centra en el «encubrimiento por haber tenido documentos que responden a informes de inteligencia ilegal en principio».

Ante los operativos y los descubrimientos en la residencia de El Calafate, Cristina Kirchner habló de «ilegalidades» durante los procedimientos y de «persecución política». Al negar tener bóvedas, se refirió a «pruebas falsas». En relación a esto, el juez Martínez De Giorgi también tomó testimonio al personal que participó del operativo para descartar que se hayan «plantado pruebas falsas» y se dio por corroborado que «los documentos se encontraban con anterioridad al operativa en la residencia».

Como reveló Clarín en su momento, había un informe sobre el juez Claudio Bonadio, quien investigó ya en cuatro expedientes a la ex presidenta y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Además, se encontró un «dossier» sobre Sandra Arroyo Salgado, jueza Federal y ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, a quien la Justicia determinó que fue asesinado tras haber denunciado a Cristina Kirchner por encubrimiento del atentado de la AMIA.

También se secuestraron más informes. Uno está titulado «Reutemann agendas”. El senador santafesino mantuvo una relación oscilante con el matrimonio Kirchner: se mantuvo al lado de ellos hasta la pelea con el campo.

Entre otros documentos, se retiraron de la propiedad de la senadora de Unidad Ciudadana, informes sobre Francisco De Narváez el empresario y político que le ganó, en 2009, las elecciones a Néstor Kirchner.

En este entramado de nombres y empresas, dieron con una carpeta sobre Federico Elaskar, el empresario y ex dueño de La Rosadita, la financiera donde el hijo de Lázaro Báez, Martín, y su abogado Jorge Chueco aparecen contando más de cinco millones de dólares.

Un dato anecdótico: entre los papeles secuestrados de la casa de la senadora de Unidad Ciudadana, había un informe sobre la denuncia que le hicieron por la sospecha de que no contaba con su título de abogada. (Clarín)

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