Ricardo Echegaray va a juicio oral por una maniobra para proteger a Lázaro Báez

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09:30 – El juez Casanello también incluyó en la medida al ex titular de la DGI Angel Toninelli. Dijo que en vez de cobrarle impuestos buscaron ayudarlo para no investigar la compra de facturas truchas.

Por: Daniel Santoro

El juez federal Sebastián Casanello elevó hoy a juicio oral y público la causa contra el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por obstruir la investigación de las facturas truchas de Lázaro Báez en la regional Bahía Blanca de la DGI. Es el primer juicio oral contra Echegaray y el titular de la DGI, Angel Toninelli, sospechados de haber ayudado al kirchnerismo en causas por evasión impositiva.

En su resolución, el juez consideró probadas las denuncias de la actual conducción de la AFIP y puso como ejemplo “una alarmante amenaza hacia el contador Blanco por parte del contador Pablo Casanovas, quien luego de advertirle las consecuencias de continuar investigando manifestó “de última disolvemos la región”” de Bahía Blanca, como finalmente ocurrió.

“Es altamente ilustrativo el párrafo que reza: “resumiendo, se cambiaron las jefaturas a cargo de las fiscalizaciones vinculadas con las facturas “usinas” detectadas (disolución de la Dirección Regional), se evitó solicitar información a Austral Construcciones S.A., reteniendo el requerimiento del investigador (jefatura de Filippini), se calificó rápidamente a CALVENTO SA como contribuyente apócrifo (escasas operaciones) y se mantuvo como contribuyente normal a GRUPO PENTA SA, con una más que evidente actitud de justificación de las presuntas operaciones realizadas con AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA (aceptado el costo de CONSTRUCTORA PATAGÓNICA ARGENTINA SA)”, agregó Casanello.

En la causa el fiscal Guillermo Marijuan expuso que a partir de las fiscalizaciones efectuadas por la Regional Bahía Blanca se demostró que “Calvento S.A. no contaba con capacidad económica ni financiera para realizar obras ni prestar servicios en la industria de la construcción vial, entre otras consideraciones”. Calvento era una de las usinas de facturas.

Así, sostuvo el fiscal que la fiscalización efectuada sobre esa firma culminó con su inclusión como usina de facturas truchas y que y se detectó que se habían registrado operaciones con Austral en 2011 y que, a su vez, fue proveedora de Constructora Patagónica S.A. entre 2009 y 2011.

Otro de los planteos de las defensas se dirigió contra la actuación de la Unidad de Información Financiera (UIF) que dirige Mariano Federici. Se alegó “una motivación personal de Jaime Mecikovsky contra Toninelli, agregando que existen vínculos que ligan al nombrado con las “más altas autoridades de la UIF”, que estaría bajo su “comando ideológico”. Pero esta objeción fue también rechazada por Casanello.

En cuanto a la cortada de Toninelli según la cual la disolución de la regional Bahía Blanca “había mejorado o potenciado la operatividad en la región”, también fue rechazada por el juez.

“Al analizar todo el conjunto de sucesos y pruebas, que la disposición tenía como fin que las fiscalizaciones con información que involucrara a la empresa insignia del conglomerado de Lázaro Báez sea controlado por un solo funcionario” se demuestra que el “real favorecido que era Austral Construcciones”, dijo el magistrado.

Entonces, “las irregularidades detectadas en las fiscalizaciones fueron detalladas exhaustivamente. Las sospechas sobre la conexión entre la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca, dichas irregularidades y la posible participación de Echegaray y Toninelli también. Los motivos se asientan en la prueba debidamente identificada”, dijo el juez.

Otra prueba fueron los viajes de Toninelli en aviones de Báez. El primer día del mes de noviembre de 2012 el ex titular de la DGI realizó un viaje de ida y vuelta en un vuelo privado con su hijo Federico Toninelli.

Este viaje “se realizó mientras las fiscalizaciones en cuestión se encontraban en trámite y casi tres meses después de la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca”, destacó en alusión a la versión de que la DGI de entonces ayudó a Báez.

“No quedan dudas que esto deja en evidencia las conexiones entre los Báez y una de las más altas autoridades de la AFIP, cuya función como titular de la DGI era justamente la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de los impuestos nacionales”, agregó el juez, diciendo que por lo contrario ayudaron a Báez

La causa por la “usina” de facturas truchas fue llevada por Alejo Ramos Padilla mientras fue juez subrogante en Bahía Blanca.

El año pasado, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, había confirmado el procesamiento de Ricardo Echegaray por encubrimiento agravado en concurso ideal con el de violación de los deberes de funcionario público.

Según el fallo, Echegaray obstruyó, mientras era jefe de la AFIP, las fiscalizaciones del organismo sobre empresas que proveían facturas truchas. Uno de los máximos beneficiarios de esa usina de facturas truchas que tenía base en Bahía Blanca era Lázaro Báez a través de su empresa Austral Construcciones. También confirmaron el procesamiento de Angel Toninelli que estaba a cargo de la Dirección General Impositiva.

Para que la AFIP no investigara a Báez, Echegaray y Toninelli decidieron disolver la Dirección Regional de Bahía Blanca y trasladar los controles a la regional de Mar del Plata que no avanzó en las investigaciones.

Entonces, la actual conducción de la AFIP denunció a Ricardo Echegaray por asociación ilícita,encubrimiento y violación del secreto fiscal.

Además, el fallo de la cámara le reprochó a Toninelli que en el mismo momento que disolvían la regional de Bahía Blanca (el 1 y 2 de noviembre de 2012) viajó ida y vuelta junto a su hijo y a uno de los de Lázaro Báez, Martín, desde Buenos Aires a Río Gallegos. El hijo del empresario tenía que estar bajo revisión de la AFIP ya que figuraba como directivo de Austral.

En el fallo, los camaristas explicaron que la maniobra se trataba de un montado “de estructuras societarias para defraudar al fisco en importantes sumas de dinero a través de las cuales se emitían facturas apócrifas cargando un precio ficticio a la obra pública, de lo cual se obtenía una amplia ventaja patrimonial ilegal, en desmedro de las arcas públicas, lucro indebido que, además, debía reingresar al sistema, y que, en orden a realizar todo este circuito, se habría contado con la participación de quien debía velar por los intereses del Estado Nacional”. (Clarín)

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