09:00 – El Senado iba a darle media sanción ayer, pero el tema se cayó por diferencias en el peronismo y cuestionamientos a la iniciativa
Por: Gustavo Ybarra
La campaña electoral metió la cola en el Senado y volvió a hacer fracasar el debate de una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos. Cuando todo indicaba que el proyecto estaba listo para aprobarse, nuevas voces disidentes volvieron a surgir y obligaron a pasar el tema a cuarto intermedio para la semana próxima.
La explicación oficial para demorar el debate fue el surgimiento de nuevas propuestas para modificar el dictamen y la falta de tiempo para poder consensuarlas con todos los bloques. Así lo dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera (PJ-Catamarca), al pedir la postergación del debate.
Sin embargo, fuentes legislativas peronistas aseguraron a LA NACION que varios senadores del PJ se resisten a cumplir con el compromiso asumido por el jefe de la bancada, Miguel Pichetto (Río Negro), con el Gobierno y el bloque Cambiemos para modificar la ley para poder aplicarla en la campaña presidencial.
Lo que mueve a esos sectores críticos es el deseo de propinarle al Gobierno un golpe político bloqueando la sanción de una ley de financiamiento que permita el aporte de empresas privadas a las campañas electorales.
El tiempo para el inicio de la campaña presidencial y los plazos necesarios para implementar una eventual nueva ley juegan a favor de estos sectores. En el oficialismo y en la Casa Rosada estiman que, a más tardar, la norma debería ser sancionada por la Cámara de Diputados a más tardar en la última semana de abril.
En el marco de esa estrategia ayer se sumaron un par de episodios que colaboran a crear el escenario ideal para que se registrara una nueva postergación. El Senado ya había fracaso la semana pasada en llevar el proyecto al recinto.
Por un lado, las quejas del formoseño José Mayans, quien protestó en el Bloque Justicialista por la desprolijidad de las negociaciones de los cambios que se le pretenden incluir en el recinto al dictamen que tres comisiones firmaron en noviembre pasado.
La queja apuntó a Mera, quien tuvo a su cargo las negociaciones con referentes de la Cámara baja, Silvia Lospenato (Pro) y Graciela Camaño (Frente Renovador), para tratar de acordar un texto que llegue a Diputados con amplio consenso político y así apurar su sanción.
Los reclamos guardan algo de realidad. Hasta minutos antes del inicio de la sesión seguían circulando borradores. En los últimos días llegaron a conocerse tres versiones distintas. Pero como en un movimiento de pinzas, también surgieron en los últimos diez días inquietudes de senadores por modificar el dictamen, lo cual agregó más complejidad al debate.
Así, el peronista chubutense Alfredo Luenzo pidió incluir cuotas de publicidad. Pretende que el 50% de la pauta electoral sea derivada a medios digitales del interior del país.
Su propuesta sumó la rápida adhesión de representantes de provincias chicas que condicionaron sus votos a que se acepte ese cambio.
Además, introdujo ruido al interior de Cambiemos. De hecho, el tema generó ayer una discusión entre el macrista Esteban Bullrich (Buenos Aires) y el radical Ángel Rozas (Chaco), que apoya la propuesta de Luenzo.
La pulseada tiene como trasfondo político el malestar de la UCR con el manejo de fondos para redes sociales que hace el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Al mismo protagonista apuntan los peronistas del interior, que pretenden para sus provincias la libertad de disponer de fondos para publicidad electoral.
Desde el oficialismo replican que no están dispuestos a ceder dinero para que termine en medios que responden a los gobernadores provinciales, en su mayoría peronistas.
Esto terminó por ser letal para las aspiraciones del oficialismo de avanzar con el proyecto. Como se trata de un tema electoral, su aprobación requiere el voto de la mayoría absoluta del cuerpo, 37 voluntades en el caso del Senado.
Se trata de una cifra difícil de alcanzar cuando varios senadores se encuentran enfrascados en las campañas electorales de sus provincias y otros no quieren saber nada con darle al Gobierno un logro parlamentario como la sanción de una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos. (La Nación)
