09:00 – Hace 22 meses que la presidencia de Donald Trump está bajo asedio de básicamente un único enemigo legal, un fiscal de Washington con poderes aparentemente ilimitados que también se convirtió en un blanco único para Donald Trump, que lo acusa de encabezar una injusta “caza de brujas”.
Por: R. Helerman y David A. Fahrenthold
Pero aunque esa ominosa nube legal se disipe con el cierre de la investigación del fiscal y consejero especial Robert Mueller, hay varios otros nubarrones en el horizonte, que jalonarán como amenazas adicionales la situación del presidente norteamericano, justo cuando intenta enfocarse en la campaña por su reelección en 2020.
Prácticamente todas las empresas y organizaciones que Trump manejó en la última década están siendo investigadas por autoridades nacionales o locales, y el presidente además está sumido en un berenjenal de demandas civiles.
Los fiscales de Nueva York investigan el pago de dinero, antes de las elecciones de 2016 para acallar a dos mujeres que decían haber tenido amoríos con Trump. Los fiscales neoyorquinos también están investigando al comité de asunción de Trump, que recaudó y gastó cifras récord de dinero.
La conducta personal del presidente también estará bajo el microscopio en los próximos meses, ya que está llamado a presentar un testimonio por escrito en una demanda ante el estado de Nueva York que le iniciara una exparticipante de su reality de televisión, que alega que Trump la manoseo en 2007 y luego mintió al respecto durante la campaña.
Los legisladores demócratas ya han solicitado decenas de informes sobre diversos tópicos incluidos en la investigación de Mueller, los manejos de Trump en la Casa Blanca y sus negocios particulares, y han indicado que seguirán presionando, por más que la presidenta de la Cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, haya dicho que no está a favor de impulsar un juicio político.
Rudolph Giuliani, abogado de Trump, dijo que no está preocupado por el rosario de causas abiertas contra su cliente. “El presidente no hizo nada malo y seremos reivindicados en esas causas, así como lo fuimos después de meses de que sus detractores hablaran de conspiración”, disparó Giuliani.
El viernes, Trump le dijo a la periodista María Bartiromo, de Fox Business Network, que él y sus abogados no estaban al tanto de ninguna otra investigación que no fuera la de Mueller. “Dicen cualquier cosa, pero yo no sé nada de todo eso”, dijo. Sin embargo, Trump, su empresa y su gobierno deberán enfrentar las demás investigaciones y demandas, en medio de una campaña electoral en la que los demócratas que se perfilan para disputarle el poder intentarán pintarlo como un presidente corrupto que solo sirve a sus propios intereses.
En Nueva York, los fiscales federales trabajan activamente en dos investigaciones que podrían complicar a Trump, a su familia y a sus aliados más cercanos.
En agosto, el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, se declaró culpable de violar la ley de financiamiento de las campañas, acordando pagos a dos mujeres que dijeron haber tenido relaciones extramatrimoniales con Trump. Cohen dijo ante un juez federal que lo había hecho para silenciar a esas mujeres y ayudar a Trump a ganar la elección. Cohen aseguró haber cumplido las instrucciones de Trump.
El estado actual de esa investigación no está claro. En mayo, Cohen empezará a cumplir su pena de tres años de prisión por su participación en el plan, así como por varios delitos financieros y por mentir ante el Congreso sobre los esfuerzos para construir una Torre Trump en Moscú. Cuando fue condenado, los fiscales anunciaron que habían llegado a un acuerdo con la empresa que publica el National Enquirer, por su rol en el pago a una de las mujeres, una posible señal de que la investigación del caso había concluido.
Hace poco, en testimonio público ante el Congreso, Cohen dijo estar al tanto de comportamientos potencialmente ilegales de Trump, hechos de los que no podía hablar porque creía que estaban sujetos a la investigación en curso de los fiscales neoyorquinos.
En febrero, mientras tanto, los fiscales federales en Manhattan también intimaron al comité de asunción presidencial, el ente que organizó las celebraciones de enero de 2017 y que costaron 107 millones de dólares, para que les envíe un detallado informe sobre todas las actividades del comité. El comité también recibió citaciones de las oficinas del fiscal general en Nueva Jersey y de Washington D.C., que están investigando si ese comité sin fines de lucro realmente cumplió con esa premisa.
También está previsto que en noviembre los fiscales federales de Washington lleven a juicio a Roger Stone, uno de los más antiguos amigos y confidentes de Trump. A Stone se lo acusa de haber mentido ante el Congreso sobre sus intentos para enterarse del material contenido en los WikiLeaks antes de las elecciones de 2016. El sitio WikiLeaks puso para arriba la campaña electoral, tras publicar mails del Partido Demócrata y del jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, que según los fiscales fueron robados por agentes rusos.
Stone se ha declarado no culpable. Si bien Trump no está implicado en el caso, el juicio dejará expuestos los engranajes de la campaña de Trump.
Trump y su empresa también enfrentan una batería de investigaciones de las autoridades del estado de Nueva York. Uno de los peligros judiciales más acuciantes que enfrenta Trump proviene de una demanda presentada por Summer Zervos, exparticipante del reality El aprendiz.
A principios de este mes, una corte de apelaciones de Nueva York denegó el pedido de Trump de desestimar la demanda y le dio vía libre. Los abogados de Trump dicen que planean apelar, pero si el dictamen de apelaciones queda firme, en los próximos meses Trump deberá presentar un testimonio por escrito, donde tendrá que responder preguntas sobre las acusaciones de Zervos, que asegura que Trump la manoseó y la besó sin su consentimiento en una habitación de hotel en Los Ángeles en 2007, cuando asistió a una reunión supuestamente de negocios.
Los abogados de Zervos seguramente querrán preguntarle al presidente sobre el trato que le adjudican muchas otras mujeres.
Si mintiera en esos testimonios por escrito, las consecuencias para Trump pueden ser muy graves. Después de todo, el juicio político a Bill Clinton se puso en marcha cuando el entonces presidente mintió en su testimonio escrito en la demanda civil por acoso sexual que le iniciara Paula Jones. (La Nación)
