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Lula da Silva pide la anulación de una de sus condenas y la transferencia de su caso a la justicia electoral

09:30 – La defensa del ex presidente intenta aprovechar un fallo reciente de la Corte Suprema para conseguir su libertad.

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde el pasado abril, pidió este lunes la anulación de una de sus condenas y la transferencia de su caso a la justicia electoral con base a un polémico fallo de la Corte Suprema de Brasil.

En una ajustada votación, el Supremo decidió la pasada semana que cuando un caso de corrupción incluya irregularidades en campañas políticas la competencia es de la justicia electoral, considerada menos dura que la penal.

La visión del Supremo fue aprovechada por la defensa de Lula (2003-2010), quien entró con un pedido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ, por sus siglas en portugués) para que se anule la pena y la causa sea remitida a un tribunal electoral.

Lula fue condenado en 2017 a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco de la operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en Brasil.

La pena, sin embargo, fue elevada a 12 años y 1 mes por un tribunal de segunda instancia que dio por probado que el expresidente recibió un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

En la petición presentada ante el STJ, los abogados del antiguo líder sindical subrayaron que el Ministerio Público Federal, en su denuncia, señala que parte de los valores de sobornos recibidos por el Partido de los Trabajadores (PT) estaban destinados para la financiación de campañas electorales.

Con la solicitud, la defensa del ex mandatario intenta una nueva maniobra para conseguir la libertad de líder del PT, de 73 años y quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná (sur).

La decisión del Supremo generó polémica, ya que contraría lo aplicado en los últimos años en el marco de la operación Lava Jato contra la corrupción, la cual destapó una vasta trama de irregularidades en torno a la estatal Petrobras, que sirvió tanto para financiar campañas electorales en forma ilegal como para enriquecer a decenas de políticos y empresarios. (Clarín)

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