10:30 – El Gobierno tiene dos objetivos inflexibles este año, que al mismo tiempo generan tensión entre sí. Por un lado, tiene que lograr el equilibrio en las cuentas fiscales, como está acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el último acuerdo. Por el otro, en octubre hay una elección presidencial en la que el oficialismo buscará extender el mandato por cuatro años más.
Por: Sofía Diamante
Para que ambas metas transiten por caminos paralelos, la actividad económica debería repuntar, lo que permitiría no solo un alivio económico para los ciudadanos, sino una mejora en los ingresos del fisco.
Sin embargo, en el primer trimestre del año la recaudación de impuestos estuvo $25.221 millones por debajo de lo presupuestado por el Tesoro, según los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Las mayores diferencias estuvieron en los ingresos por derechos de exportación -$40.000 millones menos de lo que se estimó-; seguridad social, con $6280 millones menos, e IVA, con una diferencia de $3638 millones en menos.
Ante la posibilidad de que los ingresos sean inferiores a los esperados, el Gobierno deberá analizar ajustar aún más el gasto para cumplir con la meta del FMI, que estrictamente no es un déficit cero , sino que se habilitó la tolerancia de 0,3% del PBI para gasto social.
En lo que se refiere a las retenciones, en la AFIP estiman que la liquidación se pudo haber retrasado por la dinámica que tomó el mercado de cambios en el último mes, cuando el precio del dólar aumentó un 10%. De igual modo se espera que el ingreso fuerte de divisas se produzca entre este mes y agosto.
En lo que se refiere al IVA -el tributo vinculado con la actividad- y los impuestos a la seguridad social -relacionados con la creación de empleo y la masa salarial-, la recesión está impactando más fuerte de lo que se esperaba, y en la medida en que las tasas de interés continúen altas, los analistas no ven una mejora en la recaudación de impuestos por este lado. “Las tasas del mercado financiero generan que haya muchas empresas que se terminan financiando con la AFIP, porque como no pueden ir al banco a pedir un crédito, lo primero que hacen es dejar de pagar impuestos para cubrir otros gastos. Este es otro factor que puede complicar la situación por el lado de los ingresos”, dice Martín Vauthier, director de EcoGo.
Por otro lado, aclara que como los pesos de los que se hará el Tesoro por la venta de US$60 millones diarios recién los utilizará a fin de año, “los intereses que generará ese dinero depositado en plazo fijo le podrían significar un ingreso no tributario al fisco de entre 0,2% y 0,3% del PBI”.
En EcoGo, sin embargo, estiman que el déficit terminará siendo 0,6% del PBI. “Se podrá renegociar; no creo que se haga caer el acuerdo, siempre y cuando el próximo gobierno consiga consenso para hacer las reformas estructurales; principalmente la previsional, que tiene una fórmula de movilidad indexada”, dice Vauthier.
Del gasto total que tiene el Estado nacional, un 58% se actualiza con la inflación de los últimos seis meses. Este gasto corresponde a jubilaciones, pensiones, asignaciones universales y otros subsidios sociales.
El resto está compuesto por subsidios a la energía y el transporte, gasto en obra pública, transferencias no automáticas a provincias y aportes a las universidades públicas y a las empresas estatales.
El ajuste mayor ya se hizo en obra pública -el gasto de capital cayó 50% en términos reales- y en los subsidios económicos, no solo por el aumento del 55% en las tarifas de luz, del 29% en las de gas y del 38% en los boletos de trenes y colectivos, sino por las transferencias del gasto de la tarifa social y del transporte a las provincias.
Sin embargo, si los ingresos del fisco no repuntan o el dólar tiende a un alza superior a la esperada, el Tesoro deberá apelar a un nuevo ajuste de tarifas para que por lo menos el gasto no se incremente. Esto no jugaría muy a favor del Gobierno de cara a las elecciones.
“Otra opción es seguir ajustando en obra pública, pero el Gobierno necesita darle movilidad. No hay muchos lugares donde pueda accionar en un año electoral”, dice Nadin Argañaraz, director del Iaraf.
“En nuestra proyección de ingresos tributarios, los derechos de exportación hoy tienen una dinámica un 35% inferior a la que se había presupuestado, que significaría $100.000 millones menos (0,5% del PBI) en la proyección anual. El mayor desvío se ve acá, donde tal vez había una mayor expectativa de recuperación de las exportaciones físicas. Por otro lado, como la inflación terminará siendo superior al 23% estimado en el presupuesto, el gasto anual en seguridad social nos da 0,2% del PBI menos del que se había indicado, tomando en cuenta una inflación del 33%. Si la variación de precios es mayor, el gasto social real también baja”, agregó.
Marcelo Capello, presidente del Ieral (Fundación Mediterránea), indicó que la economía podría registrar un superávit primario hasta noviembre, pero “en el último mes, cuando hay una fuerte estacionalidad por el pago del aguinaldo, se produciría un déficit del orden del 0,7% del PBI. Por lo tanto, el Gobierno debiera ajustar su gasto en algún momento por esa cuantía. Una forma posible de hacerlo sería reducir las partidas de gasto que resultan más discrecionales, como el de capital y las transferencias corrientes a provincias (se presupuestó 1,2% y 0,4% del PBI, respectivamente). Una posibilidad sería ajustar 0,2 puntos porcentuales del PBI en transferencias y 0,5 en gasto de capital en lo que resta del año, aunque más probablemente tras las elecciones”.
En el Gobierno dijeron que para llegar al déficit “hay margen en el programa por cómo está diseñado, porque la inflación superior a la esperada hace que la recaudación suba más que el gasto, por el aumento del ajuste social. De todas maneras -agregaron- no descartamos tomar medidas de sintonía fina durante el año si hiciera falta”. (La Nación)
