08:20 – Pidió informes a la UIF, la Procelac y las declaraciones de varios arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas.
Por: Lucía Salinas
Después de que la Cámara Federal porteña convalidó la falta de mérito que el juez Sebastián Casanello dictó sobre Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, el magistrado impulsó varias medidas de prueba para determinar si la ex presidenta tuvo algún tipo de intervención en la estructura de lavado de activos que le permitió a Lázaro Báez blanquear 60 millones de dólares en tres años.
Con la firma de los jueces Martín Irurzun y Javier Llorens, la Cámara federal porteña confirmó hace pocos meses la falta de mérito de Cristina Kirchner en “la ruta del dinero K”, pero ordenó a Casanello que incorpore al expediente las declaraciones realizadas en la causa de los cuadernos por parte del ex secretario de Obras Públicas José López; el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares y Juan Manuel Campillo, ex ministro de Economía de Santa Cruz. Los camaristas le pidieron a Casanello que la ex presidenta sea confrontada con esos dichos, lo que demandará una nueva indagatoria.
La Cámara también le pidió a Casanello “profundizar la búsqueda y reunión de elementos suficientes para determinar o descartar la pretendida vinculación de Cristina Kirchner con la causa”.
En consecuencia, según confirmaron fuentes judiciales, el juzgado encargó la recolección de elementos de prueba e información de inteligencia financiera a organismos gubernamentales, para determinar si la senadora de Unidad Ciudadana tuvo o no algún rol en la estructura de lavado de dinero por la que Báez está siendo enjuiciado junto a sus cuatro hijos y una veintena de procesados.
Casanello solicitó a la AFIP que aporte la información de cuentas bancarias o bienes vinculados a las sociedades off shore utilizadas por Lázaro Báez para abrir cuentas en bancos del exterior y las empresas constituidas en Nevada que se le atribuyeron indirectamente al empresario K.
Por otro lado, se le pidió a la Procelac que recabe toda la información vinculada con el caso, sobre todo respecto a aquellas sociedades en Nevada. Esta información ya se encuentra en el juzgado bajo reserva, según supo este medio.
Entre las medidas impulsadas por el Magistrado, se requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que dirige Mariano Federici, que se realicen tareas de inteligencia para contar con un informe de las empresas offshore involucradas en la investigación.
Tal como ordenó la Cámara Federal porteña, Casanello solicitó a su par Claudio Bonadio las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Víctor Manzanares, y todas aquellas declaraciones donde se encuentra nombrado Lázaro Báez.
Como instancia siguiente, se le sugirió al Juez que Cristina vuelva a responder ante eventuales pruebas en su contra surgidas de esas declaraciones. Hay “una investigación incompleta que no permite determinar la responsabilidad” de la ex presidenta en la causa, habían advertidos los camaristas.
Cuando dictó la falta de mérito de Cristina -lo que implica que no hay elementos para procesarla ni tampoco para sobreseerla- Casanello ordenó una serie de medidas para tratar de dilucidar quién es el verdadero dueño de la empresa fantasma Aldyne registrada en las islas Seychelles.
Mientras tanto, el juicio oral por lavado de dinero a través de “la ruta del dinero K” contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros veinte imputados comenzó en octubre del año pasado -y continúa-, pero sin Cristina entre los acusados.
La “ruta del dinero K” es la causa por la que el contratista y hombre de máxima confianza del matrimonio Kirchner, Lázaro Báez, está detenido desde hace tres años, y en la que el delito atribuido a los procesados es el de haber “integrado una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.
Según la Justicia, Báez fue el encargado de brindar el entramado societario para captar los fondos públicos (tal como investigó la causa “Vialidad Nacional‟), de vehiculizarlos parcialmente a las manos privadas de quienes entonces eran funcionarios públicos (causas “Los Sauces” y “Hotesur‟) y también sacar fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera de ocultar su origen (en esta causa, “la ruta del dinero K‟). Se encuentra configurada la sospecha que señalan los acusadores acerca de la participación de Cristina Fernández en estos últimos hechos en tanto es dable entender su vinculación con, al menos, parte de esos fondos.” (Clarín)
