Envían a juicio oral a un hijo de Lázaro Báez por los negociados con la obra pública de Santa Cruz

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07:40 – El juez Ercolini cerró la investigación sobre Martín, que está preso en Ezeiza por haber violado la inhibición de bienes con movimientos bancarios en Suiza y Bahamas.

Por: Lucía Salinas

Luego de que la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento contra Martín Báez- el mayor de los hijos varones de Lázaro, ambos presos en Ezeiza-, el juez Julián Ercolini lo envió a juicio oral junto a otros acusados como partícipes de la asociación ilícita que defraudó en cifras multimillonarias al Estado al favorecer al Grupo Austral con contratos de obra pública vial.

La justicia dio por acreditado que los expedientes de obra pública vial en los que habían intervenido las empresas de Lázaro Báez, donde las obras eran solventadas con recursos del Estado Nacional, ”estuvieron signados por numerosas irregularidades”.

Entonces se sostuvo que esto no respondía a diversos “incumplimientos o ilicitudes administrativas”, sino que todo tenía “relevancia penal, al evidenciar múltiples abusos y anomalías en la contratación, que se fueron reiterando a lo largo de un prolongado período temporal -coincidente con una misma administración de gobierno”.

En esta estructura gubernamental encabezada por Cristina Kirchner como supuesta jefa de una asociación ilícita, intervino un único ministro del área encargada de la implementación y control de la obra pública, Julio De Vido. Vialidad Nacional entonces, dependía del ex ministro ahora preso.

La primera etapa del expediente ya fue elevada a juicio oral y conducirá a la ex Presidenta a su primer juicio por corrupción este 21 de mayo. Ahora, el juez Ercolini elevó la segunda etapa a juicio oral.

En el análisis de los 52 contratos por 46.000 millones de pesos que las firmas de Báez recibieron durante la gestión kirchnerista, la Cámara Federal observó que hubo “acciones u omisiones que presentaban como común denominador un elemento: el beneficio de empresas vinculadas al imputado Lázaro Báez, que se traducía a su vez en un perjuicio económico para el Estado Nacional”.

Tal como contó Clarín, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que llevará adelante el juicio de este expediente, en un primer cálculo, planteó que el perjuicio al Estado por estas maniobras fue superior a los 10.000 millones de pesos.

La Justicia dio por acreditado, entre otras “diversas irregularidades”, la concurrencia de distintas empresas de Báez a una misma licitación; la adjudicación de las obras por encima de la capacidad de contratación y ejecución de las empresas; falta de disponibilidad de equipamiento suficiente para la ejecución de las obras, la infrecuente celeridad en la tramitación de los expedientes de obra, entre otras.

Todo posibilitó que Austral Construcciones -de la que Martín Báez posee un 5% de las acciones- sea la principal adjudicataria de los contratos viales en Santa Cruz. Ahora, la Sala I reiteró que existió un esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor” de Báez y en “detrimento de las arcas del Estado”. Entre otras cosas, fue a través de la simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica. El agravante es que la mitad de los contratos quedaron inconclusos.

De esta acusaciones no logró quedar exento Martín Báez, y ahora irá a juicio oral pese a plantear que era su padre la principal autoridad del holding y responsable de sus negocios. Ercolini indicó que aún cuando Lázaro hubiera dado las directivas necesarias dentro de su grupo empresario, “es evidente que no habría podido organizar y coordinar por sí mismo las ofertas presentadas por sus empresas en las distintos procesos licitatorios y la actuación posterior de las mismas una vez que resultaban adjudicatarias”.

El mayor de los hijos varones del empresario K -preso en la causa de “la ruta del dinero K”-, era presidente, vice, director y apoderado de Kank y Costilla S.A.; accionista y apoderado de Austral Construcciones S.A.; socio gerente y apoderado de Loscalzo y Del Curto S.R.L. Por ello está acusado de haber realizado distintos actos en representación de empresas del conglomerado económico perteneciente a su padre “que resultaban esenciales para la consecución de la maniobra defraudatoria, entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015”.

Por esta razón, se sostuvo que por su posicionamiento estratégico dentro de la principal empresa y en “ forma concomitante, de otras sociedades del grupo, debe ser valorado como un claro indicador de la relación de confianza existente entre el propietario del grupo empresario y su hijo” y que esto fue necesario para llevar adelante las maniobras investigadas. (Clarín)

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