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Maduro libera a tres detenidos ante una visita de la ONU

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08:00 – El régimen recibe a una delegación de derechos humanos liderada por Bachelet; quedan más de 700 presos políticos

Por: Daniel Lozano

El chavismo preparó su comité de bienvenida más especial para Michelle Bachelet , alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con un aperitivo político ya conocido: excarcelando a tres de los 715 presos políticos que purgan en sus mazmorras pecados no cometidos.

Uno de ellos, además, es el diputado Gilber Caro, desaparecido durante 53 días, cuya libertad demandaban tanto el Parlamento democrático como organizaciones no gubernamentales.

La liberación parcial de los tres prisioneros airea la trascendencia que la revolución otorga a la visita de la expresidenta chilena, que aterrizará hoy en Caracas. Maduro intenta mejorar su deteriorada imagen ante el mundo, al que le vende que los presos no son políticos, sino terroristas, golpistas, conspiradores, traidores a la patria o maleantes.

Todo lo contrario de lo que constató un informe del equipo de derechos humanos de la ONU hecho público por la propia Bachelet en marzo pasado: persecución política, torturas, ejecuciones, un verdadero aquelarre contra los derechos humanos. Y su profunda preocupación ante la «magnitud y la gravedad del impacto en los derechos humanos de la crisis actual en Venezuela, que constituye además un inquietante factor de desestabilización en la región», resumió Bachelet.

«Los reportes de la alta comisionada sobre Venezuela han sido severos y críticos sobre violaciones de derechos humanos y dudo que cambien con su visita. Pero en el análisis costo-beneficio, a Maduro le conviene la visita presencial de Bachelet como reconocimiento implícito de su investidura», dijo el politólogo Luis Vicente León. Los rumores apuntaban a que el chavismo aprovecharía la visita de Bachelet para liberar a más presos de la lista interminable.

El relato realizado por el diputado excarcelado en el pleno celebrado ayer aportó una nueva prueba de la impunidad con la que maneja la revolución la persecución contra sus oponentes políticos.

«Me aislaron durante 30 días en una celda del Helicoide, de un metro, sin bañarme. En ningún momento me pegaron. Ahí en la celda me acosté en el piso, me propuse comer, me siento bien de salud», precisó Caro tras su excarcelación, llevada a cabo por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Caro añadió que la comida se la proporcionaba Juan Requesens, el otro diputado preso en la sede del Sebin.

Al dirigente de Voluntad Popular (VP) se lo acusó de no haber acudido un día al juzgado para cumplir con el régimen de presentación tras ser liberado el año pasado luego de las elecciones presidenciales de mayo. El dirigente opositor, primer detenido del Comando Antigolpe, fue capturado en enero de 2017 cuando viajaba con su novia, tras sembrarle armas en su vehículo. En ningún momento se le respetó su inmunidad parlamentaria.

«Nunca debió estar preso, pero no es libre, como aún Venezuela no lo es. La puerta giratoria de nuestros presos políticos solo se frenará en democracia», se quejó el líder opositor Juan Guaidó.

Una historia tan escabrosa como la de Caro mantuvo en prisión, durante 15 meses, al joyero Melvin Farías y a su guardia de seguridad, Junior Rojas. Ambos cometieron el error de protagonizar un altercado con el hijo de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y con sus escoltas. De forma arbitraria, y sin juicio, acabaron con sus huesos en otra celda, pese a que sus familiares y amigos incluso llegaron a manifestarse en las cercanías del Palacio de Miraflores.

«Hay cuartos de tortura en la sede de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar, en la prisión militar de Ramo Verde y en el Helicoide», denunció Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, que advirtió sobre la política habitual que aplica el chavismo, las famosas puertas giratorias: unos pocos presos salen y otros muchos entran.

Tras las liberaciones de hace un año, en las prisiones chavistas quedaron unos 200 presos políticos, frente a los más de 700 de la actualidad. (La Nación)

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