La AFIP pidió la indagatoria de Ángelo Calcaterra por el soterramiento del Sarmiento

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08:00 – El juez Martínez de Giorgi deberá decidir si ordena las declaraciones del primo del presidente Macri y de miembros de las empresas Iecsa, Odebrecht y Ghella.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió la indagatoria del empresario Ángelo Calcaterra —primo del presidente Mauricio Macri— y de otros directivos de compañías involucradas en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Se los acusa por el delito de evasión agravada.

La información fue confirmada a Clarín por fuentes oficiales, que precisaron que la AFIP se presentó la semana pasada en la causa en su rol de querellante y consideró que estaban dadas las condiciones para que llamen a indagatoria a los acusados.

El juez Martínez de Giorgi ahora deberá decidir si ordena la indagatoria del primo del presidente y miembros de Iecsa, Odebrecht y Ghella.

Según informó el diario La Nación, la AFIP consideró que “existen evidencias suficientes para concluir que las empresas involucradas en ese proyecto -Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa-, recurrieron a un supuesto contrato con la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación SA para extraer US$4,95 millones de los balances”. El organismo se basa en irregularidades que encontró en documentación propia y aportada por las empresas.

​La obra del soterramiento que investigan Martínez De Giorgi y el fiscal Franco Picardi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.

En el marco de la operación Lava Jato en Brasil, los dueños de la constructora admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.

Pese a las confesiones de los directivos de Odebrecht en decenas de causas judiciales en Brasil y otros lugares, el juez Martínez De Giorgi consideró que no existen pruebas suficientes para acreditar que hubo sobreprecios y sobornos en el contrato para soterrar la traza del tren Sarmiento. En consecuencia, procesó a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y sus ex funcionarios Roberto Baratta y José López por presunto “incumplimiento de deberes de funcionario público”, y en abril de este año dictó la falta de mérito para Calcaterra y el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros empresarios.

La decisión fue apelada por el fiscal Picardi, bajo la premisa de que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron “modificaciones en el contrato original” que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas. (Clarín)

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