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Daniel Santoro: “El juez me penaliza por mis investigaciones periodísticas”

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09:00 – El investigador revela cómo usó prácticas periodísticas habituales para investigar al empresario K Mario Cifuentes y entrevistar a un directivo de PDVSA Brusa Dovat. Se trata de los casos por los que fue procesado.

Por: Daniel Santoro

En los casos Mario Cifuentes y Gonzalo Brusa Dovat por los que me procesó el juez Ramos Padilla no cometí ningún delito, sino que solo ejercí mi trabajo de periodista. Mi trabajo consiste en tener más de cien fuentes de información y buscar documentación -incluso algunas veces secreta- en todos los rincones de la sociedad.

Los dos casos por los que me procesó son de interés público. La empresa OPS de Cifuentes le debe unos 400 millones de pesos a la AFIP y está investigado por supuesto lavado de dinero y Brusa Dovat denunció maniobras de la petrolera del régimen chavista que hizo negocios oscuros con los gobiernos K, tema que vengo siguiendo hace años.

Sin embargo, el juez considera que enviar un informe de antecedentes comerciales Nosis para verificar la identidad de Brusa Dovat es “una acción de inteligencia ilegal”. Esos informes los usamos todos los periodistas de investigación e incluso los empleados de los comercios electrodomésticos antes de dar un crédito a un cliente.

Coordiné la entrevista a fines de enero pasado con el ex directivo de PDVSA y D´Alessio -que se presentó como su abogado- me consultó si pensaba llevar un fotógrafo del diario -como dicen los chats que cita el juez-, a lo que le contesté que si aceptaba, lo grabaría con el celular, por lo que resulta evidente que yo requería la aceptación del entrevistado para hacerlo. Es evidente que el entrevistado no fue “sorprendido” por mi reportaje toda vez que Brusa Dovat le llegó a preguntar a D´Alessio cómo se vestía para la entrevista y luego le mandó un chat de agradecimiento por la nota. El mismo Brusa Dovat se había reunido con el periodista Rolando Graña y con el comisario Aníbal Degastaldi diez días antes de la hacerlo conmigo. Y Graña contó en la causa que Brusa Dovat lo reconoció en un bar cerca de Plaza de Mayo, se le acercó porque éste tenía intención de contar su caso al periodismo vinculado con su despido y la persecución de servicios de inteligencia venezolanos. Es decir, Brusa Dovat quiso el contacto con periodistas y no al revés. Ahora dice que yo lo coercioné. Después de mi entrevista, dio otras tres.

En el restaurante Sarkis, como corresponde la buena práctica periodística, le pregunté a Brusa Dovat si aceptaba hablar “on the record” y le expliqué lo que esa frase significaba consignar su nombre y citar sus declaraciones en un medio periodístico importante, respondiéndome que aceptaba. Luego le pregunté si me daba su consentimiento para grabarlo con mi celular a lo que también accedió.

Mi trabajo periodístico con el caso Cifuentes se basó en investigaciones previas de los diarios «Río Negro» y «La Nación». El eje de mi nota fue la denuncia judicial del diputado de Cambiemos, Leandro López Koeing, que la había enviado a varios periodistas. También consulté en fuentes judiciales informes que envió la PROCELAC al Juzgado Federal de Neuquén y, a su vez, en el sitio web www.pjn.gov.ar. Allí se pueden ver decenas de documentos oficiales, como la respuesta de YPF a OPS en el caso de la quiebra de la empresa del empresario K. Cifuentes dice que fue extorsionado por D’Alessio en abril de 2018 y lo denuncia recién a principios de 2019 ante el juzgado de Dolores. ¿Casualidad?

El juez, también, sostiene que D’Alessio estuvo “infiltrado” en la empresa estatal ENARSA, entre el 2010 y el 2012 y que obtuvo información confidencial para la entrevista que le hice en mi libro “El Mecanismo”. ¿Por qué el juez no le preguntó al miembro de la Corte de Formosa Ricardo Cabrera por qué lo nombró como asesor suyo en ENARSA?, como pedí en mi defensa. Además, ninguno de los documentos que consulté sobre ENARSA son secretos o confidenciales. Y los documentos “secretos” que me mostró el juez durante la indagatoria con el sello de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) son, a simple vista, truchos y confeccionados por D’Alessio copiando imágenes obtenidas de Google.

Mi práctica periodista es la que siguen también otros colegas. En la historia reciente, la justicia argentina nunca persiguió a periodistas por la filtración de documentos confidenciales o secretos. Por ejemplo cuando Horacio Vertbisky publicó, amparado en el secreto profesional, parte de la lista de aquellos argentinos que se habían acogido al último blanqueo -entre ellos el hermano del presidente Mauricio Macri-, la Justicia investigó a las fuentes del periodista pero no al propio Vertbisky.

En el 2001, la Cámara Federal porteña sobreseyó a Marcelo Bonelli de Clarín, cuando se lo intentó imputar por haber publicado un informe fiscal sobre el ex titular del PAMI, Carlos Alderete -investigado por casos de corrupción- y, en esa ocasión, se dirigió la imputación contra quienes, desde el Estado, habían filtrado esa información.

En septiembre de 2006, el Diario “Página 12” publicó el legajo secreto del diputado Juan José Álvarez, como ex miembro de la SIDE, y a nadie se le ocurrió imputar a los periodistas por esta publicación. Igual criterio usó el Juez Federal Daniel Rafecas para procesar a dos ex altos funcionarios de la AFIP, por poner en marcha una denuncia contra la diputada Elisa Carrió, sin cuestionar el derecho de la revista «Veintitrés» -dirigida, entonces, por Sergio Szpolski- a investigar los que, creían, datos sospechosos sobre la legisladora y a publicar la nota titulada «La Chacra de Carrió», entre otras decenas de casos.

Igual criterio se puede contar de las entrevistas realizadas en la cárcel por Raul Kollman a Carlos Telleldín -imputado por entregar el vehículo como cochebomba en el atentado a la AMIA- y la firma de un contrato para escribir un libro en forma conjunta.

El procesamiento del juez Ramos Padilla considera que haberle enviado una nota mía a D’Alessio sobre la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del operador K Roberto Porcaro -publicada en Clarín- fue “un aporte a la inteligencia ilegal”. ¿Es esto hacer inteligencia o participar de extorsiones?

Le pedí por escrito al juez que abra mis cuentas bancarias y mis declaraciones de impuestos a la AFIP para comprobar que nunca recibí un peso de D’Alessio. Pero el juez no aceptó ninguna de las 20 medidas de prueba que solicité. (Clarín)

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