08:40 – Se resisten a enfrentar la reducción en los fondos coparticipables que sufrirán por la disminución impositiva anunciada por el Gobierno; mañana se reunirán para analizar acciones en conjunto contra los cambios
Por: Gabriela Origlia
La decisión inconsulta de la Casa Rosada para tomar medidas que afectan la coparticipación empujó a los gobernadores del PJ y no oficialistas a reunirse mañana en el Consejo Federal de Inversiones, emitir un documento para alertar sobre el impacto en sus finanzas y la posibilidad de analizar la judicialización del tema.
De hecho, Chubut ya diseña un amparo por el recorte de regalías petroleras, por el congelamiento por 90 días del precio de las naftas. Se le sumarían Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.
Con la confirmación de asistencia de Juan Manuel Urtubey (Salta), compañero de fórmula de Roberto Lavagna, y del santafesino Miguel Lifschitz, solo falta que el cordobés Juan Schiaretti (que se mantiene prescindente de la pelea electoral) diga qué hará.
Fuentes allegadas al tucumano Juan Manzur -muy cercano al candidato del Frente de Todos Alberto Fernández- plantearon que incluso los mandatarios podrían pedir una reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para denunciar el daño que implica para las provincias el recorte.
Según el economista Nadín Argañaraz, el costo fiscal inicial de las medidas alcanza los $99.000 millones (0,46% del PBI). De ese total, el 35% impacta en las provincias por resignación de recaudación vía coparticipación. El cálculo incluye los cambios en monotributo, autónomos, asalariados, IVA, suba de piso de Ganancias y alza de las becas Progresar. La Comisión Federal de Impuestos (CFI) proyectó un costo de $51.800 millones, pero no incluyó todas las medidas.
Argañaraz admite que probablemente las provincias afrontarán además la demanda de los gremios estatales del bono salarial, como tendrán sus pares nacionales.
El ministro de Economía tucumano, Eduardo Garvich, advirtió sobre el riesgo de que las provincias caigan en déficit: “Hay que intentar encontrar una salida, porque, de otro modo, el futuro será complicado”. Por su parte, el subsecretario de Hacienda de La Pampa, Guido Bisterfeld, aseguró que las medidas “desequilibran” sus presupuestos.
La gobernadora catamarqueña, Lucía Corpacci, afirmó que los anuncios obligan a las provincias “a poner lo que la Nación no va a poner”. Su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, advirtió que, además de a las provincias, la caída de transferencias impactará sobre los municipios y rechazó que se hagan “cambios unilaterales” que “impactan en nuestras finanzas, vulneran nuestra autonomía provincial y afectan nuestra capacidad de prestar los servicios públicos esenciales que son obligación de las provincias”.
Referentes de varias provincias coincidieron en que el recorte de recursos pone en riesgo a los distritos más dependientes de la coparticipación porque coincide con una caída de la recaudación propia por efecto de la recesión. A esta situación le agregan que los fondos nacionales para obra pública este año se redujeron al mínimo y, aseguran, con pagos atrasados.
“Ni nos consultaron ni, después de las decisiones, plantearon alguna alternativa para salir del problema que nos generan. Con estos mercados, deuda no se puede tomar”, apuntó un funcionario de San Juan. Todos los consultados dudan de que la baja de recursos se pueda morigerar por una mejora en el consumo.
Doble impacto
En el caso de los distritos petroleros, el golpe es doble por el impacto del congelamiento de los precios de las naftas. Mañana, esos gobernadores se reunirán con el ministro Rogelio Frigerio y con las empresas, que también rechazan la medida. Allegados al mandatario chubutense, Mario Arcioni, confirmaron a LA NACION que ya se está elaborando un amparo para presentar ante la Corte Suprema. Para esa jurisdicción las regalías representan cerca del 30% de sus ingresos. Los sindicatos y petroleras avalan esa decisión que también estudian seguir Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. (La Nación)
