07:30 – Diversas ONG acusan al mandatario de propiciar el desmonte y la quema en diversas zonas del país para ampliar la frontera agrícola y ganadera
Por: Raúl Burgoa
En septiembre de 2009, el presidente boliviano, Evo Morales, reivindicó en las Naciones Unidas los derechos ambientales y se convirtió así en adalid de los ecologistas. Una década más tarde, en cambio, en medio de voraces incendios forestales, pasó a ser para aquellos mismos ecologistas una especie de villano.
Indígena cocalero de izquierda, Morales, dueño entonces de un gran prestigio internacional, planteó que los países desarrollados debían “reconocer y pagar una deuda climática que tienen con toda la humanidad y el planeta Tierra”, al que llamó, en quechua, “Pachamama”.
Abanderado del ambientalismo y de los derechos de los indígenas, Morales fue reelegido ese mismo año con el 63% de los sufragios para un segundo período, que revalidó cinco años después, hasta 2020, también con una votación holgada. Ahora buscará en octubre un cuarto mandato.
Pronto comenzaron los desencuentros con las ONG y los activistas por las políticas extractivistas de Morales. Según el activista Pablo Solón, exembajador de Evo ante la ONU, el gobierno tiene “un manejo totalmente irracional de nuestros bosques y la biodiversidad”.
Su derrota más evidente fue en 2012 cuando tuvo que retroceder ante la dura oposición a una polémica ruta que iba a cortar en dos el Parque Nacional Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure), en la Amazonia boliviana.
En medio de los incendios el pasado mes en la Amazonia boliviana, los obispos de la región dieron una alerta ante lo que llamaron la “trágica consecuencias de este desastre ecológico”, mientras el opositor Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) responsabilizó al mandatario de propiciar con dos normas el desmonte y la quema de pastizales en la Chiquitanía, una extensa llanura en la sudeste del país, para ampliar la frontera agrícola.
Rolando Villena, un vocero del Conade que fue defensor del Pueblo hasta 2016, anunció que su grupo va a “estructurar un juicio de responsabilidades contra todos aquellos que han firmado el decreto supremo 3973”, que amplía de 5 a 20 las hectáreas autorizadas para la quema controlada de tierras.
En medio de una áspera campaña electoral para los comicios de octubre, el diputado aymara opositor Rafael Quispe respaldó la idea del juicio de responsabilidades al gobernante “por el delito de ecocidio, por el delito de biocidio”.
“La ganadería y la agricultura comercial son responsables de las dos terceras partes de la deforestación de Bolivia”, sostuvo el activista Solón. Según una estimación de su fundación ecológica, “esta situación se va a agravar por la expansión de la frontera agrícola para la caña de azúcar y la soja destinada a los biocombustibles, y pastos para el ganado destinado a la exportación de carne a China”.
En medio de la crisis ambiental por los incendios, Morales presenció el miércoles último el primer embarque de 48 toneladas de carne bovina a China.
El oficialismo ha cerrado filas en torno a Morales: “Hemos visto que se han estado magnificando las cosas; en algunos casos hay una intencionalidad perversa en este tipo de acciones que buscan sacar rédito político”, protestó la diputada oficialista Sonia Brito.
El empresario Gary Rodríguez, gerente del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior, defendió por su parte las medidas del gobierno. “La pregunta a los que se oponen a que el área de siembra se amplíe es qué sugieren para salir del atolladero en que estamos, producto del languidecimiento del sector de hidrocarburos”, cuestionó.
Morales responsabilizó al cambio climático. “La causa principal de los grandes incendios, que lamentablemente se registran en otros continentes, es el #CambioClimático , que es responsabilidad de todos los países del mundo”, tuiteó el mandatario.
Ante el drama ecológico, y tras admitir que 1,2 millones de hectáreas de bosques y pastizales han desaparecido por el fuego desde mayo, Morales llamó a “implementar un plan de recuperación a favor de lugareños de zonas afectadas”.
Sin embargo, los ambientalistas afirman que la recuperación de la flora y fauna quemadas demandará al menos dos siglos. (La Nación)
