08:00 – Después de una serie de reclamos y medidas de fuerza de los empleados judiciales, la Corte Suprema le pidió al Ejecutivo una partida de 3925 millones de pesos para otorgar aumentos salariales a los trabajadores del ámbito de la Justicia. Si se otorga la partida solicitada, los judiciales percibirán casi un 50 por ciento más en sus salarios durante 2019.
Por: Candela Ini
El pedido se dio después de dos jornadas de paro y protestas frente al Palacio de Justicia que llevaron adelante los judiciales agrupados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación ( UEJN) bajo la conducción de Julio Piumato durante el martes y el día de ayer.
El gremio -que tuvo dos aumentos de 7,5 por ciento acumulativos en mayo y junio- pide tres aumentos del diez por ciento para lo que queda de 2019 y que sean aplicados en tres tramos acumulativos: un 10 por ciento en septiembre, y los restantes en dos etapas más, hasta diciembre. Para esta segunda recomposición salarial, los judiciales -que ya se habían manifestado el 21 de agosto- justificaron su reclamo en la depreciación del poder adquisitivo causado por la devaluación del peso después de las PASO, y señalaron, además, las condiciones edilicias en las que trabajan. Como los porcentajes son acumulativos, se estima sobre el salario de 2019 un aumento de aproximadamente el 50 por ciento sobre los salarios. Para el primer tramo de 2019 recibieron un aumento del 15 por ciento, repartido en mayo y en junio. A partir de junio, si se consideran los adicionales fijados en una serie de acordadas, la escala salarial quedó de la siguiente manera: el sueldo básico total de un ayudante -el puesto mínimo en la escala- quedó en 43.934 pesos; el de escribiente, en 53.638 pesos, y el de un secretario de juzgado, en 120.523 pesos. El sueldo más alto -de los ministros de la Corte- equivale a 256.731 pesos.
La nota de la Corte -que llevó la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- se le envió a Marcos Peña el martes. Aunque aún no se emitió una respuesta formal desde la Jefatura de Gabinete, los judiciales suspendieron la jornada de paro que tenían prevista para el 18 de septiembre.
En junio del año pasado, cuando la Corte todavía estaba bajo la conducción de Lorenzetti, se lanzó una misiva desde el Máximo Tribunal al Poder Ejecutivo, con la amenaza de paralizar la actividad si no se giraban los fondos.
Una de las controversias más resonantes del gremio de los judiciales es que en su mayoría no tributan el Impuesto a las Ganancias. Solo los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial Nacional que ingresaron a partir de 2017 pagan Ganancias, y los que fueron designados antes del 31 de diciembre de 2016 están exentos. (La Nación)
