Dos fiscales pidieron a la Cámara de Casación anular la absolución del general César Milani

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Juicio a Milani: la hija de Pedro Olivera aseguró que el ex jefe del Ejército integró el grupo que lo secuestró en 1977

Carmona y Vehils Ruiz también criticaron duramente el voto de los jueces de La Rioja que cuestionaron los testimonios de las víctimas y apelaron a una ley de la dictadura para justificar su posición.

Por: Daniel Santoro

Los fiscales María Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz pidieron a la Cámara Nacional de Casación Penal anular la polémica absolución del general César Milani por su supuesta participación en la represión ilegal de La Rioja durante la dictadura y condenarlo por detención ilegal de dos presos políticos y la aplicación torturas.

En un escrito de más de 400 páginas al que accedió Clarín en fuentes judiciales, los fiscales del juicio oral criticaron duramente a dos de los tres miembros del tribunal oral de La Rioja, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci, por errores “arbitrarios” en la absolución del ex jefe del Ejército de Cristina Kirchner por su rol en esos hechos ocurrido en 1977 cuando era subteniente del batallón de Ingenieros 141 de esa provincia.

Paralelamente, las abogadas de la familia Olivera Adriana Mercado Luna, Elisa Reinoso y Viviana Reinoso, también solicitaron la “nulidad absoluta” del fallo.

Ahora, las apelaciones serán analizadas por la sala II del máximo tribunal penal del país, integrada por Alejandro Slokar -miembro de “Justicia Legítima”- y Angela Ledesma.

Tal como adelantó Clarín hace dos semana atrás en exclusiva, la absolución de Milani abrió un debate sobre si las detenciones ordenadas por jefes militares durante la dictadura bajo el amparo de la ley de seguridad nacional 20.840 fueron legales y el rol que tuvieron los oficiales jóvenes en esos hechos dentro de la cadena de mandos.

El ex director de Inteligencia del Ejército fue absuelto el 9 de agosto pasado por el tribunal oral federal de La Rioja por voto dividido. Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier, lo absolvieron por todos los cargos que estaba acusado es decir allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y tormentos contra Pedro y Ramón Olivera. Sin embargo, el tercer juez Enrique Lilljedahl lo consideró culpable por el allanamiento y la detención de Olivera padre y pidió una condena de cuatro años y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo para el militar protegido por la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini.

Ahora los fiscales insisten que el allanamiento a la familia Olivera no fue legal, sino que por lo contrario se hizo “sin orden judicial, a la madrugada (entre las 3.00 y las 4.00), portando armas largas y cortas, de manera violenta. Olivera estaba durmiendo, no estaba cometiendo ningún delito en flagrancia, con lo cual la base normativa a la que apelan los jueces en su afán absolutorio, resulta inaplicable al caso”.

Pero además, “la ley 21.460 en cuestión dispone que se labre sumario, pero en el caso de marras jamás se labró dicho sumario, ni se puso en conocimiento de juez alguno la detención que sufrió Pedro Olivera (y que a raíz de ella se lo dejara incapacitado para toda la vida después de los tormentos sufridos)”.

“Es que el objetivo de absolver a Milani llevó a los magistrados a sacar a relucir una norma de la dictadura –que vale resaltar no fue una ley dictada por el Congreso de la Nación, sino un decreto dictado que ninguna de las partes (ni la acusación ni la defensa) utilizó en los alegatos”, agregaron los fiscales Miguel Carmona y Vehils Ruiz.

Para los fiscales, se contradice el tribunal “al pretender darle un marco de legalidad a la detención de Pedro Olivera a raíz de la declaración indagatoria de (otro detenido de apellido) Godoy de fecha 9 de marzo de 1977. No dice aquí que la declaración fue extraída bajo tortura, pero sí luego condena a Goenaga (otro imputado) por el hecho de Godoy, entre otros junto a Moliné y Chiarello”. Resulta claro que “Olivera fue un “blanco” a partir de la declaración de Godoy sacada bajo tortura. Entonces el silogismo que sigue es que la detención de Olivera se genera a través de un acto ilegal (tormentos) que nunca puede ser convalidado por ninguna ley, ni de la democracia, ni de facto. Se trata de nada menos que de la teoría del fruto del árbol envenenado. No se puede admitir ni convalidar la detención contra una persona cuyo motivo fue el resultado de un acto delictivo”.

“Paralelamente, tampoco es posible soslayar, con relación a los posteriores tormentos que sufriera Pedro Olivera en el IRS, que Milani no supiera que éste lugar era un centro clandestino de detención para presos políticos, y en ello también se critica el voto disidente”, señalaron.

En una segunda parte argumental, los jueces “apelan a la teoría de la psicología de la memoria introducida a través de una psicóloga de la defensa, con el exclusivo objetivo de desacreditar a los testigos víctimas, concluir en que no se les cree, y con ello, poner en duda la identificación de Milani como el autor del allanamiento ilegal y la detención que con el mismo carácter (ilegal) sufriera Pedro Adán Olivera”.

“Los jueces especulan con un acta labrada en el momento del allanamiento (que los hermanos Olivera manifestaron haber presenciado su confección) y dicen que ésta acta prueba la legalidad del procedimiento (en el marco de la ley 21.460 ya explicada), aunque dicha acta nunca se encontró, nunca formó parte de la prueba documental, nunca se describió en su contenido”, subrayaron.

Entonces, “les creen con respecto a la confección del acta (y eso es usado para absolverlo) pero no les creen cuando afirman que era Milani el que estaba esa madrugada en el operativo que se llevó a su padre detenido. Pero aún más, ni siquiera los jueces militares pusieron en duda los dichos de Olivera con relación a que fue Milani el que estuvo presente en ambos hechos”.

“Increíblemente los jueces democráticos realizaron todos los esfuerzos argumentativos para poner en tela de juicio cómo fue que Olivera identificó a Milani como autor de los hechos. Pareciera que la identificación con el apellido (no había otro militar a la fecha de los hechos en La Rioja con ese apellido) no bastó para su identificación, y en la sentencia aducen que Olivera debió haberlo – también- descripto físicamente”, añadieron.

Los fiscales se preguntaron “cómo se identifica a una persona: si se sabe su nombre, es la forma más clara de identificar a alguien; si no se sabe su nombre o apellido, se apela a la descripción física. Pero los jueces de este voto necesitaron no sólo la identificación del apellido (que volvemos a repetir, la víctima Olivera lo nombra ya desde el año 1979, y lo reitera en 1980, 1984, 1985 ante distintas autoridades militares, judiciales y de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, sino que además le exigen que lo hubiera descripto físicamente, cuando ninguna de las autoridades ante las que declaró previamente se lo preguntaron”.

“¿Por qué no se lo preguntaron? Básicamente porque ya había dado el apellido. Pareciera que los jueces exigieran la filmación de los hechos para creerle a la víctima. Algo inaudito en causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en nuestro país”, puntualizaron con ironía.

De la simple lectura del caso Vera -otro de los imputados- “se podrá observar que de la letra de los jueces, ante la misma situación, aplicaron asimétrica solución. Esto es la escala de responsabilidad punitiva siempre resulta baja (en el supuesto de Milani) en desmedro de otros imputados/condenados (Vera), circunstancia acreditada en autos y que redunda en que para este Tribunal no todos son iguales ante la ley”.

En conclusión, “esta sentencia contradice los principios internacional de tratamiento de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos (Protocolo de Estambul, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Asamblea General de las Naciones Unidas, entro otros) y pone en evidencia la reproducción en el escenario de la Justicia de condiciones de desconocimiento, desestimación, silenciamiento y destitución de otras épocas”.

Por lo tanto, los fiscales pidieron a Casación anular la absolución y “declarar penalmente responsable a Milani como autor directo del delito calificado como privación ilegítima de la libertad agravada (arts. 144 bis inc. 1º con el agravante previsto en el último párrafo de la norma que remite al art. 142 inc. 1º del Código Penal vigente al tiempo de los hechos) y allanamiento ilegal (art. 151 del Código Penal vigente al tiempo de los hechos) en perjuicio de Pedro Adán Olivera”. A este caso se suma “la detención ilegal sufrida por Pedro Adán Olivera se lo sometió a intensas sesiones de tortura, circunstancias estas que el imputado claramente conocía, pues era una práctica lamentable pero común y generalizada con relación a quienes eran llevados a ese centro de detención en calidad de presos políticos”. Esta conducta desplegada por Milani “lo erige en carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.) del delito de imposición de tormentos agravados (art. 144 ter 1º y 2° párrafo del Código Penal vigente al tiempo de los hechos), concursando todos los delitos realmente (art. 55 del C.P.)”.

Además, pidieron condenar al ex jefe del Ejército como “partícipe necesario (art. 46 del C. Penal) del delito calificado como imposición de tormentos (art. 144 ter, 1° y 2° del Código Penal vigente al tiempo de los hechos) en perjuicio de Ramón Alfredo Olivera” e incluirlo dentro de la asociación ilícita que puso en marcha un plan sistemático de violación de los derechos humanos en La Rioja durante la dictadura.

Las querellas ya habían denunciado ante el Consejo de la Magistratura a dos integrantes del Tribunal que absolvió a Milani por “mal desempeño” durante el proceso oral que culminó el pasado 9 de agosto. Ambos denuncian que los dos magistrados mantuvieron reuniones con los defensores de Milani fuera del “ámbito de debate”, y aseguran que “ello está demostrado en un registro audiovisual”. En la denuncia, se da cuenta que Díaz Gavier mantuvo un trato “amistoso” con los defensores de Milani, y que ello se verificó “cuando se realizó una inspección ocular al Regimiento 141”. Además, se da cuenta que la cuñada de Milani, Clara Wite, denunció en las redes sociales mientras trascurría el debate que el juez en cuestión conocía “desde hace años” al militar, y que “lo favorecía” en el juicio. (Clarín)

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