La Comisión Provincial por la Memoria vincula también a la AFI en un “esquema delictual” de espionaje y extorsión
Por: Marcelo Veneranda
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le entregó un segundo informe al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre el caso D’Alessio. Como lo hizo en marzo, el organismo bonaerense ratificó la existencia de “una red de espionaje ilegal utilizada para cometer delitos”, pero fue más allá: un comunicado de la CPM señaló “posibles vínculos” del falso abogado Marcelo D’Alessio con la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) y advirtió que “en el esquema operativo delictual se involucraban actores de la Justicia provincial y federal e, incluso, periodistas”.
El informe, señalaron en la CPM a LA NACION, es confidencial y destinado solo al juez, que en agosto procesó al periodista Daniel Santoro, de Clarín, como “partícipe necesario en orden a los delitos de coacción y extorsión en grado de tentativa” contra los empresarios Mario Cifuentes y Gonzalo Bruza Dovat, y le pidió a la CPM que evalúe si las notas de Santoro constituyeron “operaciones de acción psicológica” contra los empresarios.
Al afirmar que en el “esquema operativo delictual” participaron “incluso periodistas”, que la banda “procesaba” información para “hacerla pública”, para “condicionar testigos” e “influir en la opinión pública a través de los medios”, la CPM avanzaría en la senda planteada por el juez, que mereció fuertes críticas de organismos de prensa nacionales e internacionales. Esta misma semana, de hecho, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó su informe anual sobre libertad de expresión, en el que ubica la situación de Santoro como “el caso más alarmante del período”.
La organización periodística continental consideró “peligrosa” la orden del juez a la Comisión Provincial por la Memoria, que preside Adolfo Pérez Esquivel. “La resolución en general se convierte, de este modo, en un peligroso antecedente para la libertad de prensa, que puede generar la expansión de la autocensura entre los periodistas”, dijo la SIP.
El informe de la CPM fue entregado a Ramos Padilla por Pérez Esquivel, Víctor Mendibil, Ernesto Alonso y Roberto Cipriano García, integrantes del organismo, además de Sandra Raggio, directora general, y los directores Rodrigo Pomares y Federico Schmeigel.
“Los documentos permiten observar con claridad cómo funcionaba lo que se denomina ‘el ciclo de inteligencia’, un complejo proceso mediante el cual se recolectaba información, se la procesaba y analizaba para finalmente ponerla en circulación y hacerla pública. Todo esto sucedía bajo una planificación estratégica y un patrón de comportamiento común que tenía varios objetivos”, indicó la comisión.
“Mediante la utilización de la información obtenida del espionaje ilegal, esta red desplegaba una serie de acciones que iban de la extorsión directa, mediante el pedido de coimas o sobornos, hasta el condicionamiento de testigos para sumar, a través de testimonios bajo la figura del imputado colaborador o arrepentido, información falsa en determinadas causas judiciales”, agrega.
“Uno de los puntos novedosos de este informe constata que las actividades ilegales de inteligencia desplegadas por D’Alessio, junto a otros exagentes, tenía entre sus objetivos principales influir en la opinión pública a través de los medios de comunicación. A esto agrega, además, la existencia de un dispositivo recurrente de publicación de la información que se obtenía de acciones ilícitas de vigilancia y espionaje”, completa.
La causa en manos del juez federal de Dolores se inició a raíz de la denuncia del empresario Pedro Etchebest, a quien le exigieron dinero en nombre del fiscal federal Carlos Stornelli, supuestamente para no involucrarlo en la causa conocida como los cuadernos de las coimas.
En agosto, Ramos Padilla procesó a Santoro como partícipe en la presunta extorsión (en grado de tentativa) al empresario Mario Cifuentes y de coacción contra el exdirectivo de la petrolera Pdvsa Gonzalo Bruza Dovat.
Santoro declaró que con D’Alessio tenía una relación estrictamente periodística y que había sido su fuente en contadas ocasiones. La SIP, por su parte, señaló que no surgen del fallo de Ramos Padilla elementos que vinculen a Santoro con esos delitos y que la causa de Dolores “criminaliza el oficio periodístico”. (La Nación)
