Septiembre marcó un nuevo récord. Con 561 piquetes en total, se trata del mes más conflictivo en lo que va del año, que suma casi 4000 protestas. Analistas y referentes de movimientos sociales admiten que el recrudecimiento de la crisis después de las PASO es uno de los principales motivos para explicar este pico en las protestas callejeras. Sin embargo, la proximidad de las elecciones del 27 de octubre trajo calma a las calles, tendencia que ya se registró en otros años electorales.
Por: María Paula Etcheberry
Según cifras de la consultora Diagnóstico Político, de las 561 protestas que hubo el mes pasado, 50 ocurrieron en la Capital Federal; 95, en la provincia de Buenos Aires, y el resto (416), en el interior. La mayoría de ellas (28%) fueron protagonizadas por organizaciones sociales. El segundo entre los meses con mayor cantidad de piquetes fue agosto, con 524.
Detrás de esta etapa de fuerte conflictividad, con más de 1000 piquetes en menos de dos meses, se esconden los efectos de la devaluación posterior a las PASO y el consecuente aumento de la inflación, que en septiembre alcanzó el 5,9% .
“En los últimos dos meses, que fueron los más altos en cuanto a cortes, se fueron acentuando los efectos de la situación económica. Esto tiende a ser un factor detonante para la protesta social y un disparador de los piquetes”, explicó a LA NACION el politólogo Roberto Chiti, director de Diagnóstico Político. Al factor económico se le suman las protestas locales. “El volumen también estuvo dado por las provincias, con varios conflictos focalizados en el interior, como el conflicto en Chubut, con los docentes y estatales, o en Misiones, con organizaciones sociales”, agregó Chiti. “Después de la devaluación posterior a las PASO, el precio de los alimentos ha subido. Eso naturalmente induce a movilizar a la gente”, coincidió el historiador Jorge Ossona.
El diagnóstico es compartido por los dirigentes sociales, quienes señalan que la crisis los llevó a reclamar por la aprobación de la emergencia alimentaria en el Congreso.
“Tras las PASO hubo una devaluación del 30%, que se trasladó inmediatamente a los precios de alimentos, y se profundizó el problema del hambre. Todo eso derivó en un aumento de la conflictividad. El aumento de partidas y la sanción de ley de emergencia alimentaria aliviaron la situación y hacen que la transición de este gobierno en retirada no sea tan traumática. Es parte de la crisis terminal de un modelo económico”, expresó Daniel Menéndez, de Somos-Barrios de Pie.
Con la llegada de octubre, las calles parecen haberse apaciguado. Pasado el vendaval de la crisis, las elecciones generan expectativa en los movimientos sociales, que apuestan por un triunfo opositor. La ley de emergencia alimentaria contribuyó a desactivar uno de los principales focos de protesta. Y la percepción social negativa de la protesta también influye. “Este año viene teniendo un promedio más bajo que los años anteriores. Era llamativa la baja cantidad de piquetes considerando el contexto socioeconómico. En los años impares y electorales hay una tendencia a que suela haber menos piquetes que en los años pares, no electorales. Esto se reiteró en los últimos 6 o 7 años”, explicó Chiti. Salvo febrero, el resto de los meses de 2019 estuvo por debajo de la marca del año anterior. Además del contexto electoral, existe un fuerte rechazo social por los cortes. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, dos de cada tres personas consultadas (69,3%) están en desacuerdo con la metodología de la protesta callejera.
“Tenemos que ser cuidadosos. Hemos aprendido que, en un proceso electoral, [la protesta] puede traer consecuencias negativas”, reconoció Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, quien al mismo tiempo advirtió que el aumento de piquetes en septiembre “es culpa del Gobierno, por no ver la realidad”. Los grupos piqueteros vinculados al kirchnerismo reconocen que las protestas estuvieron enfocadas en su mayoría contra el Gobierno. “Hubo una iniciativa de Alberto Fernández de proponer un plan contra el hambre. Y las instituciones se hicieron cargo de ese problema con la sanción de una ley. Todo eso genera expectativa y alivio”, argumentó Gildo Onorato, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Sin embargo, una vez transcurridas las elecciones, la tendencia podría cambiar: “Después del 27 va a haber presiones. Las vísperas de una elección atenúan un poco el conflicto”, advirtió Ossona. (La Nación)
