Hoy se espera el fallo del alto tribunal, que evalúa que los condenados que no representen peligro estén libres hasta agotar todas las instancias judiciales
Por: Alberto Armendáriz
Todas las miradas en Brasil estarán hoy sobre la Corte Suprema, que ayer comenzó a juzgar y debe definir esta tarde si mantiene su postura de que las penas de prisión deben ser ejecutadas después de un fallo en segunda instancia o si modifica su entendimiento para que los condenados puedan permanecer en libertad hasta que se agoten todas las etapas procesales. Un cambio en este sentido podría abrir la posibilidad para que el encarcelado expresidente Luiz Inacio Lula da Silva sea liberado.
El análisis en el Supremo Tribunal Federal (STF) se inició el jueves último, pero recién ayer, después de escuchar las posiciones de abogados, los 11 jueces de la Corte empezaron a expresar sus opiniones.
Hasta ahora, de los cuatro magistrados que votaron, tres -Edson Fachin, Alexandre de Moraes y Luis Roberto Barroso- lo hicieron a favor de comenzar a ejecutar las penas de prisión tras una sentencia de cámara, es decir, de segunda instancia, y uno -Marco Aurelio Mendes de Farias Mello- se declaró en contra. En medio de una gran expectativa pública, con grupos de izquierda y de derecha apostados ya ayer frente al STF, la sesión continuará esta tarde.
Si bien la Constitución de 1988 prevé que los condenados que no sean peligrosos para la sociedad -como un asesino o un violador- aguarden en libertad todo el proceso judicial hasta que todas las instancias confirmen una sentencia, el STF ha modificado un par de veces su posición.
En 2009 decidió que las penas de cárcel solo serían cumplidas una vez que se resolvieran las apelaciones a las cortes superiores, o sea el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que asegura que haya uniformidad en las interpretaciones de la legislación federal, o en el propio STF, que lidia con cuestiones de constitucionalidad.
Luego, en 2016, en plena ola de la operación Lava Jato, el STF cambió su jurisprudencia y permitió la ejecución de las penas tras una condena de un órgano colegiado. Esta visión ha sido defendida por los fiscales de la fuerza de tareas del Lava Jato, quienes señalan que los recursos ante tribunales superiores favorecen la impunidad de los corruptos por la eventual prescripción de sus crímenes.
Aunque ahora el STF juzga tres acciones independientes, su decisión podría tener consecuencias sobre unas 4895 personas condenadas, muchas de ellas en el marco del Lava Jato, como es el caso de Lula.
En julio de 2017, el entonces juez Sergio Moro -ahora ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro- condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá a cambio de jugosos contratos con Petrobras para la empresa.
En enero de 2018, el Tribunal Regional Federal de la 4» región, en Porto Alegre, aumentó la pena a 12 años y un mes, y el 7 de abril Lula fue encarcelado. Los abogados del popular exmandatario apelaron al STJ, que en abril pasado confirmó la condena, pero redujo la pena a ocho años y diez meses.
En los últimos meses, la defensa de Lula recurrió al STF para anular la sentencia original, luego de que el sitio The Intercept reveló conversaciones inapropiadas entre Moro y los fiscales acusadores del expresidente durante el proceso. (La Nación)
