La Cámara Federal revocó ayer el procesamiento con multimillonarios embargos y prisión preventiva a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, por presunto lavado de activos en la compra de dos inmuebles en el barrio de Recoleta, revelaron fuentes judiciales.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dictaron la ” falta de mérito” porque consideraron que los elementos de pruebas eran insuficientes para demostrar el origen ilícito de los fondos, 850.000 dólares en efectivo, utilizados para adquirir dos unidades en los pisos 1 y 4 del edificio de Juncal 1409, en el que también es propietaria la vicepresidenta electa Cristina Kirchner.
Los inmuebles habían sido adquiridos a fines de 2010 y principios de 2011, por Osvaldo Manuel De Sousa, quien fuera presidente de la constructora CPC SA, perteneciente al Grupo Indalo, de Cristóbal López. Sánchez y Leiva ocuparon esos inmuebles, que en 2014 aparecen como vendidos a López y a Fabián De Sousa.
La Sala I de la Cámara también revocó los procesamientos de Osvaldo Manuel De Sousa, Osvaldo José Sanfelice, Mauro Ismael Sánchez y Alberto Oscar Leiva.
El juez Claudio Bonadio había considerado que los departamentos pudieron haber sido pagados con fondos provenientes de los bolsos que Daniel Muñoz, exsecretario presidencial de Néstor (ambos fallecidos), transportaba con dinero recaudado por la cartelización de la obra pública y subsidios del Ministerio de Planificación Federal.
“Elementos mínimos”
La Sala I de la Cámara evaluó que en la adquisición de los inmuebles “a diferencia de otros supuestos analizados, donde las circunstancias particulares de los negocios examinados denotaban una operatoria anormal (o cuanto menos, inusual), en este caso no son las compras de inmuebles en sí mismas las que alimentan la hipótesis delictiva pesquisada, sino el contexto que rodea a dichas operaciones”.
Los camaristas evaluaron que “la sospecha de que el dinero empleado en la adquisición de esos inmuebles” podría provenir de la estructura de recaudación ilegal montada desde la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015, “responde principalmente a la circunstancia de que en el mismo edificio” está el departamento del matrimonio presidencial.
En ese departamento, recordaron los camaristas, “conforme se corroboró en actuaciones conexas con la presente, Daniel Muñoz recepcionó gran parte de los pagos efectuados por numerosas empresas que tenían contratos con el Estado nacional”.
Pero aclararon que “aunque el contexto descripto permite avalar la investigación de una posible maniobra de lavado de activos”, el sumario penal “no cuenta con los elementos mínimos y suficientes para fundar la vinculación de los encartados al proceso”. (La Nación)
