Por: Javier Blanco y Catalina Bontempo
El anuncio y la posterior aprobación con escasos retoques de la llamada ley de “solidaridad social y reactivación productiva” dieron lugar a un verdadero “rally navideño” de los activos financieros locales, que contra todo pronóstico previo se revalorizaron entre 21 y 51% solo al cabo de la última semana.
El fenómeno tiene múltiples explicaciones, pero encontró su principal disparador en la férrea voluntad de pago que mostró el gobierno de Alberto Fernández al enviar y lograr hacer aprobar rápidamente una ley que le aporta al Estado nacional muchos más ingresos que los gastos que le provoca, con el agregado de que evita uno de los factores mayores de indexación de sus egresos, al suspender por 180 días la movilidad previsional.
Después de todo, fue un objetivo explícito de la norma, que fijó como primera medida “crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”, como había admitido el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista reciente, resignificando el concepto de “solidaridad social” con que se difundió oficialmente la iniciativa.
Claro que a ese impulso base se agregaron efectos cruzados que derivan del reordenamiento impositivo que traerá aparejado la ley. Básicamente, de la devaluación implícita del peso que supone el recargo del 30% a las compras de divisas y consumos con moneda extranjera (básicamente, a través de tarjetas de crédito y débito), la eliminación del impuesto cedular a las inversiones en pesos (conocido como “renta financiera”) o la decisión oficial de intentar un refinanciamiento de los títulos locales que van venciendo en pesos, aun cuando volvió a reperfilar compulsivamente las Lete en dólares, entre otras cosas.
Cifras como argumentos
Además, al endurecerse hasta niveles inéditos el bloqueo del acceso al dólar, el Banco Central (BCRA) tiene despejado el camino para comprar esas divisas y robustecer sus reservas, lo que le permitirá pagar parte de la deuda en dólares mientras siguen las negociaciones con los acreedores.
Un informe de los economistas Nadin Argañaraz y Andrés Mir, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), muestra el pragmatismo del que hicieron gala los inversores al tener esta reacción y recobrar súbitamente el apetito por el riesgo argentino.
Explica que, con la suspensión de la reforma tributaria de 2017 y de la ley de movilidad jubilatoria, logra un “ahorro” de $167.000 millones en el resultado fiscal primario, equivalente a 0,77% del PBI, mientras que por el paquete de medidas impositivas (aumento de retenciones y de Bienes Personales), el nuevo impuesto al dólar y los cambios en impuestos internos a los automotores y motos obtendría en conjunto ingresos frescos por un total de $220.000 millones (1% del PBI).
Todo esto hace que aun sumando los nuevos gastos (los bonos de $5000 a los jubilados que cobran la mínima y la devolución del IVA a los consumos con la tarjeta alimentaria) termine con una mejora en el aspecto fiscal que podría incluso potenciarse si el plan lograra reactivar el consumo.
Estos números están detrás de la baja del 15% que registra la tasa de riesgo país (cayó de 2190 a 1873 puntos en estas dos semanas) o del avance promedio similar que se anotó el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio desde que Fernández asumió la presidencia, tendencia que se consolidó en los últimos días al culminar el trámite parlamentario de la norma y ponerse en vigor la ley.
También, desde ya, explica la mejora del 21% que mostraron el ADR de Cresud en Wall Street o el emblemático Bonar 24, y el salto del 51% con que cerró su cotización el Bono de la Nación Argentina (Bocan 2020) anteayer.
La evaluación de los analistas
El rally bursátil a partir del recambio de gobierno y el anuncio de las medidas alivió a los operadores, que se preparaban para cerrar otro año de fuertes pérdidas, tras la debacle en que había ingresado el mercado tras las PASO. “Hubo un impresionante rally ayudado por la voluntad de negociar sin defaultear, que se hizo mayor entre los bonos en pesos por las refinanciaciones y la quita de impuestos”, describió Nery Persichini, jefe de Estrategia de GMA Capital.
“Los inversores recibieron bien los anuncios para reducir el déficit fiscal junto con la postura de no utilizar la expansión monetaria para financiarlo, lo que redujo la probabilidad de enfrentar una crisis monetaria en 2020”, explica en un informe Ezequiel Zambaglione, jefe de estrategia de Balanz.
Para Consultatio, la reacción del mercado se produjo porque “el Gobierno comenzó a mover las piezas para encarar el rompecabezas que recibió con una velocidad de reacción que supone un reconocimiento del problema macro que enfrenta”.
“La ley garantiza más que nada a los acreedores”, sincera el economista y miembro del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur) Amílcar Collante. “Es lo que valora el mercado, porque supone un paquete fiscal muy fuerte y sin bloqueo social, como otros que se intentaron”, concluye. (La Nación)
