El Gobierno busca alternativas para mejorar la selección de jueces, potenciar a los fiscales y evitar la influencia de la AFI
Por: Hugo Alconada Mon
La reforma judicial que prometió el presidente Alberto Fernández comienza a delinearse, aunque falta pulir aún múltiples aristas para evitar efectos sistémicos indeseados o reacciones corporativas desde los sectores que perderán poder.
La reforma planeada va más allá de diluir los doce juzgados federales de Comodoro Py. Abarca, también, la eventual reforma del Consejo de la Magistratura, un mayor control sobre el sistema de inteligencia y potenciar el rol de los fiscales y la lucha contra el narcotráfico, anticiparon fuentes oficiales a LA NACION.
La voz cantante de la anunciada reforma judicial la lleva Gustavo Beliz, como secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. Cuenta con la experiencia que acumuló tras su intento fallido de 2004, cuando impulsó el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad. Aquella vez quedó trunca y él debió marcharse al exilio, junto a su familia, durante una década larga.
Los objetivos, sin embargo, son los mismos. “Con esto queremos mejorar la administración judicial”, afirmó Beliz en 2004, al anunciar su propuesta. “Queremos terminar con la impunidad que genera el fuero federal, que es notoriamente incapaz y así surge de su actuación en los últimos diez años”, remarcó al intentar fusionar los fueros penales federal y de instrucción, y diluir la influencia de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el Poder Judicial.
Hoy, 15 años después, el borrador de la reforma que alista Beliz incluye, otra vez, la fusión de los fueros criminal y correccional federal, penal ordinario y penal económico, pero va más allá. También apunta a eliminar la influencia de los espías en los tribunales, a agilizar la administración de Justicia y reforzar la lucha contra el narco tráfico.
“Es apenas un borrador que está siendo revisado. Hoy no hay nada cerrado”, indicó una voz oficial consultada por LA NACION. “Pasar de 12 juzgados (por los federales de Comodoro Py) a más de 80 (por su fusión con el fuero penal económico e instrucción) puede significar que pasemos de 12 problemas a ochentitantos problemas o, peor, de 12 a ochentitantos ‘kioscos'”, planteó.
Por eso, a la eventual fusión de fueros se baraja sumar también otros ejes. El primero, un nuevo proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. “El desafío pasa por el Consejo y cómo logramos que funcione para designar jueces probos y destituir a los que deben ser destituidos”, indicó una fuente oficial que conoce al detalle y rechaza el “besamanos” que debe atravesar todo aquel que ambicione entrar a una terna para juez.
Otro eje relevante de la reforma pasará por acelerar la implementación del sistema penal acusatorio, que daría más facultades a los fiscales -bajo la batuta de Daniel Rafecas si el Senado aprueba su pliego para procurador general de la Nación- y colocaría a los jueces como “ordenadores” del proceso.
Narcos, excluidos y espías
A esos dos pilares de la reforma se analiza sumar, también, un plan para potenciar la lucha contra el narcotráfico en zonas complicadas del país -como Rosario- y del conurbano bonaerense -con San Martín como eventual epicentro-. “Una opción sería extender la competencia de algunos departamentos judiciales”, indicó otra voz oficial, aunque remarcó que esa posibilidad “está más verde”.
Todas estas ideas deben aun tomar forma definitiva en un ida y vuelta que Beliz mantiene con tres mujeres, antes de llegar al escritorio del Presidente. Ellas son la ministra de Justicia, Marcela Losardo, con quien se reunió el viernes; la flamante interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, con quien aún no se reunió, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
Excluidos de la mesa chica de análisis se encuentran los representantes institucionales de jueces y fiscales, cuyas mesas directivas continúan a la espera de un llamado. Sea para aportar ideas y plantear sus dudas. Por ejemplo, sobre la complicada realidad que caracteriza al fuero federal en el interior, donde unos pocos jueces y fiscales concentran todo el poder, tanto penal como electoral. O sobre el fuero ordinario en la ciudad de Buenos Aires, que con muy contadas excepciones no se caracterizó por investigar y castigar la corrupción política. O, incluso, sobre cuestiones básicas de infraestructura: si se avanza con el sistema acusatorio será necesario aumentar el personal de las fiscalías y designar fiscales auxiliares, o por qué no ampliar también las competencias de los jueces orales unipersonales.
Estas reformas se complementarán con las que Caamaño delinea mientras completa su primera semana al mando de la AFI. Buscará acotar la estructura que dejaron sus antecesores Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, controlar mejor el destino real de su presupuesto y evitar su intromisión indebida en la Justicia, un flagelo recurrente desde los 90, ya fuera con sobresueldos, “precausas”, prebendas y carpetazos, entre otras opciones. Un sistema que se expandió con Carlos Menem y continuó en las gestiones de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, los doce años de los Kirchner y Mauricio Macri. (La Nación)