Tres recursos de Cristina Kirchner que tiene la Corte pueden retrasar el juicio por la obra pública

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Cristina Fernández votó en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Se trata de un pedido para ampliar pericias, de una queja por presunto doble juzgamiento y un planteo de competencia.

Por: Lucía Salinas

El 10 de febrero se reinicia el juicio contra Cristina Kirchner y otros 12 imputados por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Las audiencias del primer juicio por corrupción contra la vicepresidente se iniciaron en mayo del año pasado. Sin embargo, una serie de recursos que se encuentran en la Corte Suprema de Justicia podrían retrasar el desarrollo del juicio. Tres de los reclamos son determinantes y los formuló la defensa de la ex presidenta.

De las siete causas elevadas a juicio oral que tiene Cristina Kirchner -cinco son casos de corrupción- sólo se encuentran desarrollándose las audiencias de uno, aquel en el que se la acusa de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó al direccionamiento de la obra pública, específicamente de 51 contratos viales que fueron adjudicados al Grupo Austral por $ 46.000 millones.

El caso a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) concluyó su etapa de indagatorias con la declaración de la vicepresidenta. Allí, durante más de tres horas sostuvo que el expediente carecía de sustento jurídico para acusarla, se refirió al lawfare al explicar porqué ella estaba sentada en el banquillo de los acusados: esgrimió que todo responde a una persecución política para desprestigiarla como dirigente. Acusó a la Justicia de ser instrumento y brazo ejecutor de ese mecanismo.

La Justicia sostiene que se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor” de Báez. Todo fue comandado, según la acusación por la ex presidenta y dichas maniobras, “derivaron en la defraudación en perjuicio del Estado y el lavado de dinero”.

De las principales imputaciones la vicepresidenta se defendió con diversos recursos que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia. En total vinculados al caso hay nueve quejas, y algunas de ellas según fuentes de la causa, “podrían ser determinantes en la continuidad del juicio y el tiempo del mismo”.

Para refutar la acusación sobre la concentración económica de la obra pública, la defensa de Cristina Kirchner había requerido una pericia contable de toda la obra pública en todas las provincias, “tendiente a determinar si hubo o no sobreprecios en las obras investigadas, si las mismas presentaban o no deficiencias constructivas y si se cumplieron o no los plazos establecidos en los pliegos de licitación”. Todo ello, en relación a las 51 obras que fueron materia de acusación por parte de los fiscales.

En respuesta a este pedido el TOF 2 autorizó un peritaje sobre cinco casos testigos de obras asignadas Báez y que arrojó por parte de los peritos oficiales, sobreprecios de 170-200 millones de dólares, asimismo determinaron que el empresario K no contaba con capacidad técnica para ganar los contratos y que esas obras no se concluyeron. La perito por parte de la vicepresidenta dictaminó lo contrario en todos los puntos.

Si la Corte autoriza la ampliación de la pericia a mayor cantidad de licitaciones, “se vería retrasado el desarrollo del juicio porque las partes requerirán que hasta que la prueba no se concluya no se continúe”, señalaron fuentes del caso a Clarín.

La defensa de la vicepresidenta planteó en diversas instancias que están ante un doble juzgamiento al decir que este hecho ya fue investigado y sobreseído por la justicia de Santa Cruz, “acá (por el TOF 2) nos dijeron que no era lo mismo cuando lo planteamos y ustedes los jueces se convierten en los arietes indispensables de este flagelo que es identificar a la política con la corrupción”, dijo Cristina en su indagatoria. Este planteo está en manos de la Corte y también fue formulado por Lázaro Báez bajo similares términos. Esta queja es central y los jueces del TOF 2 observan con atención cómo se pronunciará el Máximo Tribunal ya que podría ser determinante en la continuidad del caso.

Entre los recursos que debe analizar la Corte se encuentra uno formulado por varias defensas sobre la competencia de la Cámara de Casación ya que fueron dos salas, la I y la IV las que intervinieron en diferentes incidentes vinculados a la causa.

La Sala IV rechazó otros pedidos de la ex presidenta y que habilitaron el inicio del juicio. En ellos pedía que la causa se envíe a Santa Cruz porque los hechos investigados ocurrieron allá y a que ya hubo un expediente de similares características en Río Gallegos. Para la defensa debe ser otra Sala la que intervenga. (Clarín)

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