Por: Candela Ini
La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el juicio oral contra Lázaro Báez por el lavado de 60 millones de dólares, comenzó hoy su alegato y consideró probado que el empresario santacruceño encabezó una organización criminal para lavar dinero.
“Báez manejó millones y millones que corresponden a todos los argentinos”, acusó Fabián Merola, uno de los representantes de la UIF en el juicio.
La exposición de hoy, que duró unas cinco horas, estuvo centrada en el rol del arrepentido Leonardo Fariña en la trama de lavado de dinero. Merola adelantó, antes de comenzar con el alegato, que se dieron por probados los hechos investigados “tal como formuló la UIF en su requerimiento de elevación a juicio”.
Esta acusación es la primera que efectúa la UIF tras el cambio de autoridades. El abogado penalista Carlos Cruz asumió hace un mes como titular de organismo tras la gestión de Mariano Federici. Los abogados que representan al organismo en el juicio oral son los mismos.
Mientras la gestión de Federici se caracterizó por denunciar el lavado de dinero como una instancia posterior a los delitos de corrupción, la nueva gestión parece encaminarse a investigar la evasión fiscal y el narcotráfico como delito precedente al de lavado.
Hecho por hecho, Merola y su colega de la UIF, Carlos Pujol, comenzaron a detallar la responsabilidad de cada uno de los acusados que se dio por probada a lo largo del juicio oral. Apuntaron a Fariña y Elaskar como responsables del delito de lavado, pero el alegato deberá continuar la semana próxima, en la reanudación del juicio.
A Fariña se lo consideró responsable por la compra de un campo con fondos de origen ilícito, así como también por la compra de un auto Ferrari, un Audi y de un departamento en avenida Del Libertador, donde vivió con la modelo Karina Jelinek. También se aludió al gasto millonario que efectuó Fariña en el casamiento con la vedette. “En mayo de 2011 Fariña ni siquiera tenía tarjetas de crédito”, señaló la querella, y dijo que Báez le pagó comisiones millonarias.
Aunque hoy la querella no desarrolló el rol de Lázaro Báez, afirmaron que el origen del dinero -el delito precedente al lavado-, tiene que ver con los contratos de obras públicas que recibieron las empresas de Báez en la provincia de Santa Cruz. “Corresponde descartar otros orígenes de este dinero”, indicó el abogado. Y apuntó duramente contra Leonardo Fariña.
Sobre el final de la audiencia la tensión escaló. Mientras Merola continuaba con el alegato, y especialmente cuando aludía a los vuelos sospechosos del avión de Lázaro Báez, Martín Báez comenzó a hablar en un tono alto con sus defensores. Primero Merola pidió continuar con el alegato, y cuando Martín Báez volvió a hablar en tono alto, el presidente del Tribunal, Néstor Costabel, le dijo: “Por favor haga silencio. La próxima vez lo saco de la sala”.
La figura de Fariña cobró relevancia en estas últimas semanas porque, mientras el Gobierno buscaba deslegitimar su declaración como arrepentido -homologada por el juez de primera instancia Sebastián Casanello-, la AFIP pidió para el valijero una condena de cinco años de prisión. Y además pidió que no se le concedan a Fariña los beneficios que establece la Ley del Arrepentido.
El abogado del organismo Luis González Ávalos, bajo la conducción de Mercedes Marco del Pont, aclaró que el aporte que realizó Fariña como imputado colaborador “no fue trascendental”, aunque basó una parte importante de su acusación en sus dichos como arrepentido. Tras la victoria del Frente de Todos en las urnas, Fariña dejó el Programa de Protección de Testigos e Imputados Colaboradores.
El rol de la UIF en la causa
Como parte querellante, la UIF tuvo un rol activo a lo largo de este proceso judicial. Fue una de las partes que insistió para que el juez Sebastián Casanello citara a indagatoria a Cristina Kirchner, al insistir en su vinculación con Báez, mientras el juez sostenía que no había elementos para citar a la expresidenta, y que el delito precedente ya era investigado en otro expediente judicial, la causa conocida como Vialidad.
Durante la gestión de Federici la UIF pidió en numerosas oportunidades que Casanello procesara a Cristina Kirchner por lavado de dinero. El juez le dictó la falta de mérito a la expresidenta por la falta de de pruebas sobre la supuesta relación entre ella y el dinero de Báez que se giró al exterior. A pesar de que la Cámara Federal confirmó la falta de mérito, el año pasado, la UIF pidió a Casanello requerir e incorporar al expediente las presuntas escuchas telefónicas en las que el empresario de Santa Cruz habría dicho que el dinero que tiene no es de él sino “de una persona que está arriba”.
La semana pasada, la AFIP pidió una pena de ocho años de prisión para Báez, siete años y seis meses para su hijo mayor, Martín Báez, así como también para su abogado Daniel Pérez Gadín y el contador Jorge Chueco, respectivamente. El organismo solicitó también siete años para Fabián Rossi; seis años para Federico Elaskar, y cinco años para Leonardo Fariña.
En esta causa Báez es investigado junto a sus hijos Leandro, Martín, Melina y Luciana, a su contador Daniel Pérez Gadín, a su abogado Jorge Chueco y al financista Federico Elaskar, entre otros. El juicio oral comenzó en octubre de 2018 y hay, en total, 25 acusados. Todavía hay en primera instancia, a cargo del juez Casanello, otras investigaciones sobre Báez y su entorno por lavado de dinero. (La Nación)
Muy bajas las penas. Irrisorias. Ya lleva como tres años en preventiva, con el 2 x 1 son seis y todavía le queda mucho para la sentencia. La leen y se va a su casa.